Protección de la CompetenciaTrámites y servicios
N/A
El proyecto regula los aspectos generales de las relaciones contractuales (acuerdos de voluntades o contratos) y los pagos, entre los siguientes actores del Sistema de Salud colombiano: (i) Entidades Responsables de Pago – ERP, (ii) Prestadores de servicios de Salud – PSS y (iii) Operadores logísticos de tecnologías de salud y gestores farmacéuticos; , con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud a través de una atención integral que permita la debida prestación de los servicios y tecnologías en salud a la población a su cargo.
Esta Superintendencia se pronunció frente a los aspectos generales dispuestos en el Proyecto para la suscripción de los acuerdos de voluntades de cara a la libre competencia económica. Específicamente, frente a considerar una red integral de PSS no habilitada como elemento para la negociación previa de los acuerdos de voluntades; también sobre las restricciones a las libertades para suscribir los acuerdos de voluntades y, por último, sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios de salud respecto al usuario final.
Aunque no se identificaron elementos que despertaran preocupaciones en relación con la incidencia del proyecto de regulación sobre la libre competencia en los mercados involucrados, se advirtió al regulador que no puede perderse de vista que los elementos identificados en el análisis no pueden ir en contravía de la garantía de una prestación adecuada de los servicios de salud frente a los usuarios finales en los términos de la normatividad aplicable. Y que, resulta de la mayor relevancia que en todo evento, las partes involucradas en los acuerdos de voluntades garanticen no solo la prestación de los servicios de salud conforme a los principios contenidos en el régimen aplicable, sino que adicionalmente, dichos acuerdos de voluntad en modo alguno reflejen esquemas de exoneración de responsabilidades más allá de lo específicamente regulado en las normas.
Exponer, en la parte considerativa del acto administrativo, las razones técnicas por las que se exceptúan las categorías de alimentos señaladas en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 2 del Proyecto.
Especificar las razones por las que se justifica excluir a las categorías de alimentos señaladas en los literales a), b), c), f) e i) del Parágrafo 1 del artículo 2 del Proyecto, así como aquellas señaladas en los literales a), b), c), f), i) y m) del Parágrafo 2 del artículo 2 del Proyecto.
Eliminar del articulado final del Proyecto los literales a), b), c), f) e i) del Parágrafo 1 del artículo 2, así como los literales a), b), c), f), i) y m) del Parágrafo 2 del artículo 2, en el caso en que, de conformidad con la recomendación anterior, no se encuentren las razones técnicas de su inclusión.
Definir taxativamente los elementos que se entienden comprendidos dentro de la categoría “jarabes” en el marco de la definición de “azúcares añadidos” contenida en el artículo 3 del Proyecto.
Utilizar las expresiones “0”, “cero”, “no contiene”, “libre de”, “sin” y “exento de” que utiliza el Proyecto al referirse al contenido de nutrientes de los alimentos, únicamente para aquellos alimentos que no tienen ningún contenido del nutriente al que se hace referencia.
Utilizar el descriptor “bajo en” en aquellos casos en los que se contemplen rangos de tolerancia para determinados nutrientes o componentes presentes en los alimentos, con el fin de evitar posibles asimetrías de información generadas por una declaración errónea del contenido nutricional que confunda al consumidor.
N/A
El Proyecto establece el reglamento técnico a través del cual se disponen las condiciones y requisitos que deben cumplir los alimentos para consumo humano, envasados o empacados, nacionales e importados, que se comercialicen en el territorio nacional, frente a los siguientes tipos de etiquetado:
Una vez revisado el Proyecto, esta Superintendencia se pronunció frente al impacto de las siguientes disposiciones del Proyecto de etiquetado de alimentos y bebidas, de cara a la libre competencia económica: (i) Sobre los alimentos exceptuados del etiquetado nutricional y frontal; (ii) Sobre la definición de azúcar añadido; y (iv) Sobre los requisitos para el descriptor “Libre de” o para expresar en la información nutricional “cero” o “0” o “no contiene”.
Por otra parte, esta autoridad de competencia destacó de manera positiva los siguientes aspectos del Proyecto, en el marco de la libre competencia económica: (i) Sobre el sello positivo, mencionando la posibilidad de exponer al consumidor cualidades nutricionales de los alimentos; (ii) Sobre la evaluación de conformidad, destacando que la medida contempló los requisitos y formatos establecidos en las normas: ISO/IEC 17050 – 1 versión 2004 y la ISO/IEC 17050 – 2 versión 2004; (iii) Sobre la prohibición de aval de las asociaciones (Médicas o de Salud); y (iv) Sobre las dimensiones y ubicación de los sellos frontales de advertencia.
Definir dentro del Proyecto un plazo preciso para la aplicación de la medida regulatoria que permita dar mayor certidumbre al mercado de forma que se generen los incentivos necesarios para el despliegue de infraestructura en el mediano plazo.
Incluir dentro del análisis las dinámicas de tráfico de voz y datos de cada uno de los operadores en su rol de PRO y PRV y no la dinámica agregada del sector, toda vez que la regulación propuesta tendría la potencialidad de profundizar las asimetrías existentes a la fecha entre los PRO y PRV.
Realizar, para la metodología AHP, un análisis de casos e iteraciones para cada alternativa de fijación de remuneración del RAN tanto para datos como para voz, haciendo variaciones y, así, determinar la mejor alternativa que propenda por la robustez del ejercicio cuantitativo que soporta la medida regulatoria.
iIncluir dentro del ACP una variable proxy del grado de penetración de tráfico de voz y de datos, así como una variable que dé cuenta del grado de concentración de mercado en el sector. Esto con el fin de que el modelo, que soporta la medida regulatoria, atienda a las dinámicas de competencia en el mercado.
Realizar, en el análisis geográfico, ejercicios adicionales que excluyan grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali (outliers), a efectos de garantizar que las conclusiones del modelo sean correctas y consistentes.
Actualizar el cálculo del WACC de la industria incorporado en la fórmula de remuneración de RAN en voz contenida en el artículo 1 del Proyecto, a efectos de garantizar la captura de las dinámicas actuales en materia de rentabilidad del capital en el mercado.
Eliminar el artículo tercero del Proyecto que adiciona un parágrafo al artículo 4.1.6.2.1 de la Resolución 5050 de 2016. Lo anterior, debido a que la modificación al precio mayorista en servicios de voz a OMV no fue objeto de análisis de las alternativas regulatorias en el Proyecto, no hay evidencia de la consistencia del cargo de acceso a redes móviles por minuto como un piso al precio mayorista y no hay claridad sobre los efectos que la medida tendría en el mercado.
Incorporar en el Proyecto una disposición que prevea las obligaciones asociadas al PRO ante un eventual incumplimiento lo previsto en el Proyecto en materia de RAN de cara a los usuarios del servicio de telecomunicaciones.
Este Proyecto tiene por objeto modificar la aplicación de los valores máximos de remuneración para el uso de Roaming Automático Nacional (RAN) en el caso de operadores establecidos. En efecto, el Proyecto pretende modificar el cálculo del valor máximo de remuneración de RAN para el servicio de voz, reemplazando la regla vigente de número de sectores de tecnología desplegada, por un listado de municipios donde aplicará dicho valor máximo. Así las cosas, por fuera de los mencionados municipios el valor de remuneración será fijado de mutuo acuerdo entre los operadores establecidos sin sujeción a precios máximos. La selección de los municipios se llevó a cabo mediante la aplicación de 21 variables reducidas a 19 mediante el uso de la metodología de Análisis de Componentes Principales (ACP), seguido de un ejercicio de clúster que aplicó los métodos k-means y k-medoids aplicado a la totalidad de los municipios del país.
El Proyecto también propone modificar el precio mayorista máximo para la provisión de servicios de voz en relación con los Operadores Móviles Virtuales (OMV), estableciendo un piso a la metodología vigente de manera que el resultado en ningún caso sea inferior al cargo de acceso a redes móviles por minuto señalado en el artículo 4.2.3.8 de la Resolución 5050 de 2016.
El análisis realizado por la autoridad de competencia puso de presente que al momento de estructurar una medida regulatoria como lo es el RAN, resulta fundamental que no se deje de lado uno de los incentivos más importantes a mediano y largo plazo, esto es, el despliegue de infraestructura por parte de los diferentes operadores. En este sentido, se manifestó que no resulta deseable para el mercado que en el país se dé el despliegue de infraestructura por parte de unos pocos agentes, y que el resto de la cobertura se materialice a través del RAN.
n atención a esta y otras consideraciones, la Superintendencia concluyó que se requiere de varios ajustes al Proyecto para que cumpla con el objetivo de promover el despliegue de infraestructura y evitar que se generen efectos negativos en el mercado. En consecuencia, se formularon las siguientes recomendaciones: (i) Definir un plazo preciso para la aplicación de la medida regulatoria que dé certidumbre al mercado y genere incentivos de despliegue de infraestructura en el mediano plazo; (ii) Incluir las dinámicas de tráfico de voz y datos por cada uno de los operadores y no la dinámica agregada del sector; (iii) Realizar un análisis de casos e iteraciones para la metodología AHP de selección de alternativa regulatoria; (iv) Incluir dentro del ACP una variable proxy del grado de penetración de tráfico de voz y de datos, así como una variable del grado de concentración de mercado; (v) Realizar, en el análisis geográfico, ejercicios adicionales que excluyan grandes ciudades; (vi) Actualizar el cálculo del WACC de la industria; (vii) Eliminar el artículo tercero porque la modificación al pecio mayorista de OMV no fue objeto de análisis de alternativas ni se evidencia la consistencia del cargo de acceso como precio piso; y (viii) Incorporar una disposición que prevea las obligaciones asociadas al Proveedor de Red de Origen ante un eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Proyecto en materia de RAN de cara a los usuarios del servicio de telecomunicaciones.
Fijar de manera taxativa las reglas de decisión de cada uno de los tres criterios generales que deben tener en cuenta las entidades estatales para definir cuáles serán los bienes colombianos relevantes para la prestación de los servicios objeto de los procesos de contratación que adelanten; reglas que determinarán la asignación del puntaje establecido en el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003.
Describir los criterios tenidos en cuenta para fijar el porcentaje mínimo de personal colombiano asociado a la ejecución de un contrato como regla de asignación de puntaje en los casos en los que “no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales”
Definir el alcance de la frase “según corresponda” dentro del primer inciso del artículo 2 del Proyecto.
"El Proyecto establece que la entidad estatal, en los procesos de contratación de servicios que adelante, otorgará el puntaje contenido en el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que: (i) use los bienes nacionales relevantes definidos para la prestación del servicio que será objeto del proceso de contratación, o (ii) vincule el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda.
En cuanto a la determinación de los “bienes colombianos relevantes”, el Proyecto establece que la entidad estatal los definirá teniendo en cuenta lo siguiente: (i) El análisis del sector económico y de los oferentes; (ii) El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación y (iii) La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
Adicionalmente, el Proyecto menciona que en los casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el “Registro de Productores de Bienes Nacionales”, la entidad estatal definirá un porcentaje mínimo de personal colombiano asociado a la ejecución del contrato, que no podrá ser inferior al 40% y dejará constancia de esto en los documentos del proceso de contratación. Por último, el Proyecto pretende modificar la regla de determinación de los servicios nacionales, que actualmente se encuentra en función del sujeto que ofrece el servicio, para contar con una regla que atienda al origen de los bienes o capital humano que se utiliza en el marco de la contratación pública.
La Superintendencia de Industria y Comercio analizó la solicitud de concepto de abogacía de la competencia y se pronunció frente a la metodología propuesta por el DNP para que las entidades públicas puedan definir los bienes nacionales que consideran como relevantes para la prestación de los servicios objeto de los procesos de contratación pública que adelanten y sobre la ausencia de criterios que justifican la fijación de un mínimo de personal colombiano para otorgar puntajes en procesos de contratación pública de servicios, en la medida en que no fueron claros los criterios objetivos que determinan este mínimo."
N/A
La Agencia Nacional de Minería (en adelante “ANM”) presentó dos solicitudes de concepto de abogacía de la competencia relacionadas con los procesos de selección objetiva adelantados por la ANM para la adjudicación de Áreas de Reserva Estratégica Minera.
Con relación a las solicitudes presentadas, esta Superintendencia observó que: (i) las dos solicitudes estaban relacionadas con los procesos de selección objetiva adelantados por la ANM para la adjudicación de Áreas de Reserva Estratégica Minera, (ii) existían dos documentos asociados a la materia objeto de regulación, de un lado, el documento de fijación de criterios uniformes, y del otro, el documento por el cual se adoptan los términos de referencia, (iii) en relación con el documento por el cual se fijan los criterios uniformes, esta Superintendencia profirió concepto de abogacía de la competencia mediante radicado No. 21-34128 y, (iv) respecto del documento de términos de referencia, se analizó si era procedente proferir concepto de abogacía de la competencia.
Para tales efectos, se procedió a hacer una descripción de (i) las funciones del Grupo de Abogacía de la Competencia, (ii) la noción de regulación en línea con los pronunciamientos previamente emitidos por la entidad; (iii) si lo anterior se ajustaba al documento de términos de referencia.
Se procedió a explicar que, en la medida en que los términos de referencia fijan las reglas particulares a ser tenidas en cuenta durante las distintas instancias del proceso de selección, las cuales deberán ser observadas tanto por la ANM como por los participantes habilitados para la presentación de ofertas, dicho documento no determina las condiciones de entrada para competir por este mercado. Lo anterior, correspondía al documento por el cual se fijaban los criterios uniformes de habilitación para los participantes, frente al cual ya se había emitido el pronunciamiento con No. 21-34128.
En este orden de ideas, se concluyó que el documento con los términos de referencia no corresponde a un acto administrativo con fines regulatorios. Por lo tanto, la Superintendencia procedió a dar cierre al trámite.
Si considera que la SIC evalúe la incidencia en la libre competencia económica, de un proyecto o de una norma de as entidades abajo citadas, le agradecemos diligenciar la siguiente información:
