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Improcedencia de medidas cautelares en trámite de propiedad industrial

Propiedad Industrial

Recientemente el CONSEJO DE ESTADO se pronunció respecto de una solicitud de medidas cautelares en un proceso donde se discuten derechos de propiedad industria, señalando que no es dable decretarlas cuando se pretende la suspensión provisional de un acto administrativo. En tal sentido y conforme a los lineamientos establecidas por el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, todo juez que conozca de procesos donde se involucre tal especialidad, debe solicitar la interpretación judicial de dicha Corporación o, en su defecto, aplicar el precedente si existe pronunciamiento anterior.  Por consiguiente y en virtud del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, la disposición antes señalada se aplica para el estudio de medidas cautelares y, en consecuencia, hasta tanto el operador jurídico no realice el deber establecido por las normas internacionales, no puede decidir el decreto de medidas cautelares sobre la suspensión de un acto administrativo que niega el registro de una marca.

Sentencia anticipada en trámites de propiedad Industrial

Propiedad Industrial

El Honorable CONSEJO DE ESTADO se pronunció sobre la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro de un trámite de propiedad industrial cuando no se ha celebrado audiencia inicial. Al respecto, indicó que, en los casos donde se presente alguna de las hipótesis de las que habla el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, se puede emitir sentencia anticipada dentro de un trámite de propiedad industrial.  Ahora bien, atendiendo a la particularidad del trámite de propiedad industrial, el Alto Tribunal expresó que, una vez se encuentre surtida la etapa procesal de fijación del litigio y decreto de pruebas, se debe habilitar el traslado para la etapa de alegatos de conclusión; sin embargo, realiza una precisión, pues por la particularidad del trámite, antes de correrse traslado del término para alegatos, se debe cumplir con lo establecido en el artículo 123 de la Decisión 500 de 200, esto es, enviar el asunto al TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA para interpretación prejudicial o en su defecto, se dará aplicación a la doctrina del acto aclarado, conforme a lo decidido por la justicia comunitaria en su sesión del 13 de marzo de 2023.

Regulaciones sobre publicidad con modelos de inteligencia artificial

Protección del consumidor

En respuesta a las inquietudes sobre la legalidad de la publicidad que utiliza modelos generados por inteligencia artificial, se dieron parámetros para tener en cuenta. La consulta radicada por un ciudadano buscaba orientación sobre las condiciones legales requeridas para este tipo de publicidad, destacando la importancia de la transparencia y la veracidad en la era digital.  Ahora bien, esta Superintendencia, basándose en el marco jurídico vigente y en principios éticos sobre la materia, enfatiza sobre la obligación de los anunciantes de ofrecer información clara, precisa y verificable, evitando cualquier forma de publicidad engañosa.

Reglas sobre intereses de subrogación en vivienda - Circular 004 de 2023

Protección del consumidor

En un esfuerzo por aclarar las regulaciones en torno a los contratos de compraventa de bienes inmuebles, esta Superintendencia profirió la Circular Externa No. 004 de diciembre de 2023. Esta directriz se centra en la inclusión de intereses de subrogación, proporcionando un marco claro para cuando una entidad financiera se demora en el desembolso de créditos a constructoras, orientando acerca de condiciones bajo las cuales estos emolumentos son permitidos y cómo deben ser aplicados para evitar cláusulas abusivas.  Además, en la Circular también se advierte acerca de las limitaciones legales existentes para prorrogar de manera unilateral los plazos de escrituración e instruye sobre la entrega de bienes comunes en proyectos de vivienda, reafirmando el compromiso institucional con la protección al consumidor.

El computo de la caducidad de la facultad sancionatoria en la Ley 1340 de 2009

Información

Para el ingenio demandante la caducidad operó el 26 de mayo de 2012, pues en el caso concreto debía aplicarse el artículo 38 del Decreto 01 de 1984, y no el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009. Sobre el particular, el Tribunal del Valle precisó que para el cómputo del término de caducidad la norma aplicable era el artículo 27 de la ley 1340 de 2009, al considerar que las quejas que dieron lugar a la investigación se radicaron en julio de 2010, y la apertura se dio en 2012.