Superintendencia de Industria y Comercio

Top bar

Logo gov.co

Se encuentra usted aquí

chat bot

Banner boletin

Tramites y servicios menu secundario

Normativa

Los acuerdos de fijación de precios se configuran también cuando se pacta fórmula de pago del producto

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca acogió los argumentos de esta Superintendencia, al considerar que del hecho que no se concierte un precio no se puede concluir de manera automática que no existió una conducta anticompetitiva ya que estas se pueden materializar a través de fórmulas de pago del producto, que finalmente determinan el precio en el mercado.  

Frente al caso en concreto, el fallo indicó que la responsabilidad del representante legal fue acreditada ya que se probó al interior del proceso que este había ordenado a los funcionarios de “MANUELITA S.A.” reunirse con sus competidores para intercambiar información. De igual forma, en el proceso se acreditó el ofrecimiento por parte de los ingenios azucareros a los proveedores de las fórmulas que fueron concertadas entre los sancionados, las cuales sirvieron de base a los contratos de adquisición de caña. 

Caducidad en colusiones se contabiliza desde la adjudicación del contrato

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca precisó que la colusión es una conducta de tracto sucesivo, compuesta por distintas acciones de los participantes del esquema anticompetitivo, por medio de la cual estos diseñan un acuerdo, orientado a beneficiarlos de manera exclusiva. En consecuencia, la colusión implica una afectación a los demás intervinientes del proceso.  

Adicionalmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca precisó que el término de caducidad de la facultad sancionatoria de esta Entidad es de cinco (5) años en los términos del artículo 27 de la Ley 1340 de 2009. Indicó en casos de violaciones del régimen de protección de la competencia en modalidad de colusión, el término se cuenta desde la adjudicación del contrato toda vez que esta conducta “se consolida cuando se logra su cometido de afectar la libre competencia de los oferentes en beneficio de los partícipes del acuerdo”.  

Suspensión del proceso de cobro coactivo no implica el levantamiento de las medidas cautelares.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señaló que en el en el marco de la Ley 1437 de 2011, el ejercicio de la acción contencioso-administrativa contra actuaciones de carácter no tributario no afecta la firmeza ni el carácter ejecutorio de dichas actuaciones. Frente al caso en concreto, se estableció que:

“Por lo tanto, contrario a lo establecido por el a quo, para el caso en estudio, la interposición de la demanda contra los actos administrativos que constituyen el título ejecutivo no restringe la ejecutoria de los mismos, ni suspende el procedimiento de cobro coactivo, en virtud de los artículos 87, 89 y 101 del CPACA, siendo inaplicable para el presente caso, las disposiciones previstas en los artículos 833 y 837 del E.T. por resultar contrarias al mandato expreso del ordinal 2º del artículo 101 del CPACA, como fue expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia citada en precedencia.” (Subrayas fuera de texto original).

La conducta infractora de los organismos de acreditación, no se limita a la expedición del certificado

En sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia se concluyó que, no se debe entender que la conducta infractora desplegada por los organismos de acreditación se limita única y exclusivamente al instante de la emisión del certificado de conformidad por parte de los órganos certificadores, al tenor literal estableció:

“La conclusión que se desprende es entonces, que el cómputo del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración en el caso concreto no se puede entender desde el 11 de febrero de 2008, puesto que al momento de realizarse el requerimiento de información por parte de la Superintendencia demandada al ICONTEC, el día 21 de junio de 2011, aún persistía el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias, lo que generaba riesgos a los objetivos legítimos tutelados por el reglamento técnico con ocasión de la distribución de dicho producto combustible y que debían haber sido verificados por el organismo de certificación al momento de adelantar el proceso de evaluación de la conformidad y durante la vigencia de dicho certificado.” (Subrayas fuera de texto original).

Informe de seguimiento a las modificaciones de la Circular Única en el primer semestre de 2022

Con ocasión a la vigencia 2022 de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO realizó un ejercicio de evaluación y actualización de la Circular Única. Una vez revisadas las instrucciones emitidas por parte de la Entidad, se identificó una lista de actos obsoletos, puesto que las condiciones jurídicas y económicas que motivaron su expedición han cambiado debido a la evolución del mercado, la irrupción de nuevas tecnologías o la expedición de nuevos marcos normativos. A partir de esto destacamos las siguientes modificaciones:  

La Resolución No. 28170 de 2022 “Por la cual se modifican los numerales 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9.1 y se adicionan los numerales 1.3.7 y 1.10 en el Capítulo Primero del Título V de la Circular Única de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y se dictan otras disposiciones”. En materia de protección de datos personales y tras la expedición de la Ley Estatutaria 2157 de 2021, se hizo necesaria la actualización de las instrucciones dirigidas a los responsables del tratamiento de datos, facilitando así el cumplimiento de las nuevas disposiciones en cuanto a la adopción de medidas efectivas y apropiadas para la protección del derecho de habeas data establecido por la Ley Estatutaria 1266 de 2008.

La Resolución No. 28173 de 2022 “Por la cual se derogan y dejan sin efectos, todas las reglamentaciones e instrucciones de carácter general expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, como autoridad para la inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio, y se dictan otras disposiciones”. Teniendo en consideración que, de conformidad con la Ley 2069 de 2020 la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES asumió la vigilancia y control sobre las cámaras de comercio, a partir del acto administrativo en comento esta autoridad administrativa procedió a derogar y dejar sin efectos todas las instrucciones emitidas en la materia, evitando cualquier posibilidad de duplicidad normativa o falta de claridad de cara al cumplimiento de las instrucciones ahora dictadas por la Entidad competente.

De esta forma, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO muestra su compromiso con la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico, como una de las principales herramientas para garantizar la seguridad jurídica y la reducción de costos de transacción asociados al cumplimiento normativo por parte de los sectores vigilados.  

Si desea ampliar la información respecto a las actualizaciones hechas a la Circular Única de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO