Superintendencia de Industria y Comercio
Top bar
.png){kind=small}
logo presidencia
Por regla general la celebración de un contrato, cualquiera que este sea, implica una discusión previa de las partes en relación con las cláusulas que lo integran; sin embargo, existen contratos en los que dicha discusión no se lleva a cabo puesto que en este evento, es la empresa que ofrece el bien o el servicio quien determina las condiciones sin que el usuario tenga lugar a discutirlas, éstos son los denominados contratos de adhesión.
Toda información que se suministre a los consumidores respecto de bienes y servicios debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan.
El procedimiento y términos para hacer efectiva la garantía legal de estos bienes inmuebles, es el establecido en el Decreto Único 1074 de 2015, en el cual se señala que dentro de los 10 años y un año más, la copropiedad en cabeza del administrador de la propiedad horizontal podrá iniciar el trámite de efectividad de la garantía, cuando la pretensión vaya encaminada únicamente a la garantía de los bienes comunes.
Los arquitectos pueden ejercer la actividad de avaluador siempre y cuando se inscriban en el Registro Abierto de Avaluadores -RAA demostrando su formación académica en los términos de la Ley 435 de 1998, previa presentación del título profesional respectivo o de copia de la Tarjeta de Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares.
La Superindustria carece de competencia para conocer de la acción que un consumidor quiera iniciar por la responsabilidad por daños por productos defectuosos, pues para tales efectos es competente la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 56 de la Ley 1480 de 2011.
La Ley 1581 de 2012 señala los eventos en los cuales se puede realizar el tratamiento de los datos sensibles, esto es, la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación o supresión de los mismos, entre ellos, cuando el titular haya dado su autorización explícita para ello, o cuando exista una ley que releve el consentimiento previo del Titular cuando ha establecido la obligatoriedad de un determinado tratamiento de datos personales.