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La Superintendencia de Industria y Comercio encontró plenamente acreditada la puesta en marcha de un sistema anticompetitivo entre ODEBRECHT, CORFICOLOMBIANA y EPISOL, a través del cual, en una primera fase, idearon, celebraron y ejecutaron un acuerdo anticompetitivo para garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la CONCESIONARIA.
Para esto, concretaron un acuerdo ilegal con GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES (entonces Viceministro de Transporte) a través del pacto de una retribución económica como contraprestación de garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 (“RUTA DEL SOL TRAMO 2”) en favor de la CONCESIONARIA, sin ninguna presión competitiva al momento de la evaluación de su oferta económica y limitando la libre concurrencia de otros competidores. La retribución económica ascendió a la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES (USD 6.500.000) y su pago inicialmente estuvo a cargo de ODEBRECHT, quien junto con CORFICOLOMBIANA idearon y planificaron que directamente en la ejecución del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 —a través del consorcio constructor, CONSOL— se haría la división de los costos del pago entre ellos.
De otra parte, se encontró que el sistema anticompetitivo se prolongó en el tiempo con posterioridad a la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, ya que, en una segunda fase, a través de una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, que se materializó a través de la instrumentalización de diferentes contratos, ODEBRECHT, CORFICOLOMBIANA y EPISOL dividieron los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegaron una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del proyecto “RUTA DEL SOL TRAMO 2”.
El sistema ideado e implementando para violar la libre competencia tuvo como contexto el esquema de corrupción desplegado por ODEBRECHT a nivel mundial que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países.
Las multas impuestas ascienden a la suma de $295.086.710.061.