Superintendencia de Industria y Comercio

Por: Yazmin Juliette Jaime Jaimes. Abogada Delegatura para la Propiedad Industrial

Los signos distintivos evocan en nosotros la idea de propiedad privada, pues son expresiones sobre las cuales se conceden derechos de exclusividad a favor de un titular que podrá ejercer el denominado “ius prohibendi”, y las demás prerrogativas propias de los derechos subjetivos. A pesar de lo anterior, los signos distintivos no son exclusivamente activos o intangibles de una empresa o un empresario en particular, no se limitan siempre a la titularidad de un solo sujeto, ni pretenden salvaguardar únicamente intereses individuales. 

Es así como, en contraposición a la visión tradicional de la propiedad industrial, existen signos distintivos cuyo ámbito de protección excede esa vocación inicial del interés particular y que se orientan hacia la protección de un interés marcadamente colectivo. Justamente este es el caso de las marcas colectivas, las marcas de certificación y las denominaciones de origen.

I. Marcas Colectivas

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” dispone que la marca colectiva es aquel signo que distingue el origen o cualquier característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular¹. Su registro podrá ser solicitado por asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, para distinguir en el mercado los bienes de los sujetos que las integren². Para ello deberán presentar, junto con la solicitud, la copia de los estatutos, la lista de integrantes y la indicación de las condiciones y forma en que el signo será utilizado en los productos o servicios³. 

II. Marcas de Certificación

La marca de certificación, por su parte, se encuentra destinada a ser aplicada a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca⁴. De acuerdo con la normatividad andina, esta podrá ser solicitada por empresas o instituciones, de derecho privado o público o por organismos estatales, regionales o internacionales⁵. En estos casos, la solicitud debe acompañarse del reglamento de uso de la marca en el que se indiquen los productos o servicios a certificar por el titular, las características garantizadas por la marca y la manera en que se ejerce el control de estas antes y después de autorizarse el uso del signo⁶. 

La Decisión Andina señala expresamente que el titular de la marca podrá autorizar el uso de esta a aquellas personas cuyos productos o servicios cumplan las condiciones establecidas en el reglamento de uso, en tanto que prohíbe su uso en relación con los productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca de certificación.

De lo anterior se puede evidenciar que las marcas colectivas y de certificación están asociadas a la colectividad pues, en el primer caso, el signo será utilizado en el mercado por los integrantes (personas naturales o jurídicas) de la asociación, organización o grupos de personas legalmente establecido y, en el segundo caso, por todas aquellas empresas o empresarios (personas naturales o jurídicas) cuyos productos o servicios cuentan con una calidad o característica certificada por el titular de la marca de certificación. 

III. Denominaciones de Origen

Paralelamente a la protección otorgada a través del registro de marca, las normas sobre propiedad industrial contemplan un especial tipo de signo que se encuentra directamente relacionado con la colectividad y en los que la asociatividad cumple un rol de especial importancia, como es el caso de las denominaciones de origen. 

Las denominaciones de origen son signos que designan un producto originario de un lugar determinado que cuenta con calidades, reputación o características que se deben al medio geográfico en el que se produce, incluyendo sus factores naturales (v.gr., suelos, clima) y sus factores humanos (v.gr. saberes tradiciones, métodos de elaboración). Así, una Denominación de Origen debe estar constituida por la denominación de un país, región o lugar determinado, o por una expresión que se refiera a una zona geográfica determinada⁷. 

Esta especial figura jurídica se encuentra regulada en los artículos 201 a 220 de la Decisión 486 de 2000, desarrollados a nivel interno a través de la Resolución N° 57530 de 2012. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala expresamente que la solicitud de declaración de protección podrá realizarse de oficio por parte de la oficina nacional competente o a solicitud de los interesados legítimos, a saber: a) las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda distinguir con la denominación; o b) las autoridades estatales, departamentales o municipales, en tratándose de denominaciones de origen de sus circunscripciones. 

Al igual que las marcas colectivas y las marcas de certificación, las denominaciones de origen son signos distintivos vinculados a la colectividad. Este vínculo con el interés colectivo, se evidencia de manera directa en materia de denominaciones de origen, pues -a diferencia de las marcas- no se trata de un derecho subjetivo concedido a favor de un particular, sino de un bien colectivo cuya protección es declara por el Estado, quien reconoce una situación de hecho que se ha consolidado a través del tiempo⁸  con ocasión de la convergencia de diversos elementos, tales como: una zona geográfica delimitada, un producto de especiales características, determinados factores y humanos y un proceso de adquisición de reputación y reconocimiento, entre otros⁹. 

Las ventajas atribuidas a las denominaciones de origen se circunscriben a diversos ámbitos, tales como, el económico, el ambiental y el social. Así, la declaración de protección de una denominación de origen puede derivar en la adquisición de un mayor valor pues facilita el acceso del producto a nuevos mercados en los cuales se podrá competir en mejores condiciones, con ocasión de las especiales características vinculadas al origen del producto en cuestión¹⁰. 

De otro lado, la protección de las denominaciones de origen se asocia con el uso sostenible de los recursos naturales, como quiera que la comunidad asociada al proceso suele reconocer la importancia de garantizar la existencia del producto de que se trate (v.gr. acceso a la materia prima, mantenimiento de las condiciones del cultivo, etc.), generando conciencia del uso sostenible los recursos locales¹¹. Finalmente, la denominación de origen tiene la potencialidad de fortalecer el tejido social y la identidad territorial, toda vez, que es un medio de preservación de los conocimientos tradicionales y del patrimonio cultural, así como un instrumento de promoción de la asociatividad¹².

En conclusión, el ordenamiento jurídico contempla tres signos distintivos que gozan de una característica común: su relación con la colectividad. Tal particularidad, permite que la participación de los empresarios en el mercado se encuentre respaldada por una asociatividad que podrá determinar un objetivo común. De manera que los signos distitnivos con vocación colectiva, serán un importante instrumento de consolidación de estrategias, apertura de nuevos mercados y de fortalecimiento de la competitividad. 

Referencias