.png){kind=small}
La Delegatura para la Protección de la Competencia, abrió investigación y formuló pliego de cargos a varios agentes del mercado y personas vinculadas con estos, por haber presuntamente incurrido en prácticas contrarias al régimen de protección de la libre competencia económica.
La Resolución citada se sustentó en la supuesta comisión de 3 prácticas anticompetitivas. La primera de ellas habría consistido en el pago de un soborno a un alto funcionario del Estado vinculado con el INCO, GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES. La segunda de las conductas que se investiga consistiría en el aprovechamiento de un conflicto de intereses originado en la relación conyugal existente entre uno de los altos funcionarios del GRUPO AVAL, DIEGO FERNANDO SOLANO SARAVIA, y una alta funcionaria de la CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, MARÍA VICTORIA GUARÍN VANEGAS, entidad encargada de la estructuración y asesoría del proyecto Ruta del Sol. La tercera de las conductas habría versado sobre la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador, en violación de la regla que prohibía dichos contactos con posterioridad a la apertura del proceso licitatorio.
Como consecuencia de lo anterior, la precitada Delegatura abrió investigación y formuló pliego de cargos contra varios agentes del mercado y personas vinculadas con dichos agentes, por presuntamente haber incurrido en el acuerdo previsto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en los términos del numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en los términos de la responsabilidad prevista en el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, y en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, debido a que personas naturales habrían colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado el comportamiento previsto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.
La Delegatura para la Protección de la Competencia, abrió investigación y formuló pliego de cargos a varios agentes del mercado y personas vinculadas con estos, por haber presuntamente incurrido en prácticas contrarias al régimen de protección de la libre competencia económica.