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El avance de las Denominaciones de Origen: reto de la asociatividad

Por: Ana Isabel Varona Guzmán. Abogada Dirección de Signos Distintivos

A la hora de hablar de Denominaciones de Origen se hace referencia a un derecho colectivo. No en vano se entiende que la titularidad de estos derechos recae en el Estado, que a través de un acto administrativo puede manifestar su voluntad de poner en cabeza de un tercero el encargo de administrarla. 

Si bien las Denominaciones de Origen se encuentran consagradas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la realidad es que en Colombia se declaró la protección de la primera denominación de origen, “Café de Colombia”, solo hasta 2005. Sin embargo, sólo desde 2012 las Denominaciones de Origen empezaron a recobrar un sentido práctico, pues si bien antes de esta fecha podía otorgarse protección a este derecho de propiedad industrial, quedaban en el mero acto administrativo que declaraba su protección y por lo tanto puede afirmarse que la protección no trascendía. 

Aquellos productores y demás intervinientes de la cadena productiva de la Denominación de Origen, que se suponían eran los beneficiarios de la protección otorgada, podían sentirse no cobijados por ese derecho y otros inclusive ni siquiera sabían de la existencia ni beneficios del mismo.

Es por esto que la Superintendencia de Industria y Comercio empezó a plantearse varios interrogantes, ¿por qué si había un producto que ya gozaba de la declaración de protección de la Denominación de Origen y que efectivamente había unos productores, elaboradores o transformadores del mismo, estos no la estaban usando? ¿El público en general sabía que existía esa Denominación de Origen? ¿Acaso todos los productos que dicen llamarse de esa manera son realmente especiales? y finalmente surgió la pregunta más importante ¿Para qué sirven las Denominaciones de Origen?

Para resolver los interrogantes planteados surgió para la Superindustria la necesidad de poner en marcha la elaboración de una Reglamentación que pudiera ajustarse a las necesidades de las Denominaciones de Origen y, enfrentándose con la realidad del mercado, se encontró que en principio, lo que estaba sucediendo era que aunque el Estado fuera el titular de una Denominación de Origen y que por su esfuerzo administrativo se hubiese tomado la decisión de declarar la protección de la misma, en realidad no existía un propio doliente para cada una de ellas. 

Lo anterior no puede interpretarse como desinterés por parte de la administración, sino como la evidencia de la necesidad de alguien quien tuviera las condiciones idóneas y una directa relación con cada uno de los productos protegidos, con el fin de administrarlas, autorizar su uso de manera objetiva y defenderla efectivamente frente a posibles usos indebidos. 

Fue con la Resolución No. 57530 de 2012, por medio de la cual se adicionó el Capítulo VII relativo a denominaciones de origen, al Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se empezó a trabajar en la problemática que venían enfrentando las Denominaciones colombianas. Se promovió así vía regulatoria que todos aquellos intervinientes en las cadenas productivas de los productos que tienen esta protección y aquellos que la pretendan, se unan en conocimientos y esfuerzos y se agrupen en diferentes modalidades asociativas. 

Lo anterior, con la finalidad de que se conformaran colectividades compuestas por productores, elaboradores o transformadores de los productos y todos estos trabajando unidos en pro del producto, estandaricen criterios objetivos que permitan identificar con facilidad aquellos productos que tienen derecho a hacer uso de la Denominación de Origen y que aquellos que no cumplan con esos criterios no hagan uso de esta.

Con lo anterior se pretendía resolver el primer interrogante, pues se tiene de tarea saber cuántos intervinientes reales y posibles hay respecto de los productos y tratar de formar entre ellos un grupo heterogéneo entre productores, elaboradores, transformadores y demás intervinientes, para que, una vez organizados legalmente, soliciten ante la Superintendencia de Industria y Comercio la Delegación de Facultad para Autorizar el Uso de la Denominación de Origen, y que aquellos que aún no forman parte de dicha agrupación o que no quisieron hacer parte de ella, puedan acceder a la autorizaciones de uso de la misma.

Por otro lado, la mencionada resolución encarga a quien se le delegue la facultad de autorizar el uso de la Denominación de Origen, la tarea de promoverla y promocionarla, así como de velar siempre por tener criterios objetivos y claros a la hora de tomar la decisión de autorización. Debe tenerse en cuenta que la labor delegada se desarrolla en representación del Estado, quien confió en las capacidades técnicas, administrativas y financieras de la entidad delegada para encargarle la administración de un derecho colectivo. 

En caso de que la administración advierta que la entidad delegada no está cumpliendo con las cargas administrativas impuestas por la regulación, se vería en la obligación de revocar dicha delegación e inclusive, si resultare que el producto ya no tiene las calidades y características que dieron lugar a que la administración decidiera declarar su protección, también podría declarar la terminación de la declaración de protección de la Denominación de Origen, viéndose así afectados todos los integrantes de la cadena productiva, los consumidores y el propio Estado, pues como ya se ha estudiado en varias oportunidades, los productos con Denominación de Origen influyen positivamente en la economía del país.

El reto de la Superintendencia de Industria y Comercio es que se comprenda la importancia de la asociatividad para el surgimiento y mantenimiento de una Denominación de Origen, y una vez declarada su protección, es de su interés encomendar su administración en las mejores manos posibles. Por lo tanto, los productores, elaboradores y transformadores de productos que pretendan ser protegidos mediante denominación de origen, deben ser conscientes de la asociatividad y por lo tanto de la importancia de organizarse adecuadamente.
 

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