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Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acoge la solicitud de la SIC y niega las pretensiones de reparación directa solicitadas por SCI Gopa Importaciones.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Tercera - Subseccion B) en sentencia definitiva proferida por el Magistrado Ponente Dr. Franklyn Perez Camargo, desestimó las pretensiones de reparación directa solicitadas por la sociedad Comercializadora SCI Gopa Importaciones, al considerar que no se cumplieron los presupuestos para declarar responsable a la Superintendencia de Industria y Comercio por los presuntos perjuicios causados con la prohibición de manera definitiva de la producción y comercialización de los productos alimenticios denominados "mini gelatinas - gel saborizado de gelatinas", en especial al confirmar que la SIC ha sido facultada por el legislador para impartir las órdenes que considere necesarias en aras de proteger la salud y la vida de los consumidores. El Despacho determinó en su tenor literal lo siguiente: "Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con facultades administrativas en materia de protección al consumidor, para lo cual debe velar por la observancia de las disposiciones contenidas en el estatuto del consumidor, dar trámite a las investigaciones por su incumplimiento e imponer las respectivas sanciones." (...) y es la SIC la encargada de ejercer control y vigilancia y en consecuencia tomar medidas como la suspensión de la comercialización de los productos.".

Derecho a la tranquilidad y supresión de datos personales

Los Responsables y/o Encargados del Tratamiento de datos personales deben garantizar los derechos constitucionales y legales de los titulares, dentro de los cuales está el derecho de Hábeas Data, mediante el cual, éstos últimos están facultados para exigir el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de sus datos. Así mismo, el titular está facultado para revocar la autorización y solicitar la supresión de sus datos ante los Responsables y/o Encargados del Tratamiento, cuando: (i) no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; y (ii) en virtud de la solicitud libre y voluntaria del Titular del dato; lo anterior siempre y cuando no tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. Dicha reclamación deberá cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley de protección de datos.  Es necesario que los Responsables y Encargados del Tratamiento de datos personales: i) solo contacten a personas respecto de las cuales posean prueba de la autorización previa, expresa e informada, que exige la Ley 1581 de 2012 para poder recolectar, usar o tratar sus datos personales (privados, semiprivados o sensibles), para fines publicitarios o de marketing; ii) respeten y garanticen el derecho de supresión de los datos personales de contacto cuando son utilizados para fines de marketing o prospección comercial; y iii) suspendan el uso de los datos para fines publicitarios y comerciales, cuando así lo requiera o solicite el titular de dichos datos personales.

Relación de consumo

Protección del consumidor

Para que se configure una relación de consumo en los términos de la Ley 1480 de 2011, la relación contractual debe estar conformada por un proveedor/productor y un consumidor/usuario. Este último tendrá esta calidad si actúa como destinatario final del bien. Esto implica que lo adquiera, disfrute o utilice para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica, y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Cuando el bien es adquirido para satisfacer una necesidad empresarial relacionada con la actividad económica que desarrolla el comprador, este no tendrá la calidad de consumidor, y por lo tanto la Ley 1480 de 2011 no será aplicable en esa relación jurídica. Una relación contractual generada entre dos empresas de telecomunicaciones, y que tenga como objeto la prestación de este tipo de servicios (que hacen parte de la actividad económica de ambas), no podrá considerarse una relación de consumo. Lo anterior, considerando no solo la finalidad del servicio adquirido y su relación con las actividades profesionales del comprador, sino también la ausencia de un desequilibrio contractual que justifique una protección legal. La relación de consumo en este caso, solo se configurará si la persona que adquiere el bien lo hace para satisfacer una necesidad empresarial que no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica y por lo tanto, exista un desequilibrio que justifique la aplicación de las reglas especiales de Protección al Consumidor.

¿Deudas con la DIAN se pueden reportar a centrales de riesgo?

Protección del consumidor

En este concepto se precisa que las deudas que se tienen con la DIAN no corresponden a aquellas sobre las cuales les aplica la Ley 1266 de 2015. En ese sentido, dicha Entidad no podría reportar la información de las deudas de las personas a centrales de riesgo. Si bien, dentro de la información regulada por dicha ley se encuentra la de carácter crediticio, dicho concepto se limita al contexto comercial y financiero. De esta manera, aunque la DIAN pueda tener créditos a su favor en relación con las funciones que tiene a su cargo, estos no corresponden a la información objeto de tratamiento por la norma en mención.  La DIAN tampoco puede poner a disposición de terceros la información relacionada con las deudas de los ciudadanos en calidad de “operador de información”. Esto, por cuanto uno de los requisitos para tener esta calidad es la de ser una sociedad comercial, entidad sin ánimo de lucro o entidad cooperativa.  Finalmente, se establece que la normatividad aplicable para estos casos sería la Ley 1581 de 2015. En ese sentido, el tratamiento de tales datos deberá respetar todos los postulados contenidos en dicha norma, y en caso de que se pretenda divulgar dicha información a un tercero, deberán atenderse los principios de libertad, finalidad, acceso y circulación restringida, así como los lineamientos dispuestos para el suministro de información a terceros.  

El Juzgado Primero Administrativo de Bogotá mantiene en firme la sanción impuesta al señor Carlos Soto Cardona originada en el denominado "Cartel de los Cuadernos".

El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá en sentencia de primera instancia, confirmó la legalidad de la sanción impuesta al señor Carlos Augusto Soto Cardona por el incumplimiento de lo previsto en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, en relación con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 y al artículo 1 de la Ley 155 de 1959, por su participación como directivo de una empresa que participó en las prácticas comerciales restrictivas de la competencia de empresas pertenecientes al mercado de producción, distribución y comercialización de cuadernos en Colombia.   El citado Despacho judicial, consideró  en su tenor literal que: "Conforme con el estudio realizado a cada uno de los cargos y argumentos de la demanda, según las pruebas obrantes en el expediente y a la luz de las normas aplicables al caso, es claro que la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados no fue desvirtuada, pues la SIC actuó en el marco de su competencia, con aplicación de las normas en que debía fundarse y respetó los derechos de debido proceso y defensa, razones suficientes para desestimar las pretensiones elevadas por la parte actora y denegar las súplicas de la demanda, por cuanto no fue demostrada la causal de nulidad esgrimida. Que los investigados estaban en la obligación de entregar los computadores institucionales que fueron solicitados por la Superintendencia en las visitas administrativas que realizó en el marco de sus competencias frente a la protección de la libre competencia.”  Lo anterior llevó al Despacho a negar las pretensiones de la demanda por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.