1.11 Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial (4) Firmada en Washington el 20 de febrero de 1929. Aprobada por la ley 59 de 1936 (marzo 25). Depositada la ratificación el 22 de julio de 1936 (5). (Germán Cavelier, Tratados de Colombia, Tomo 2, 1911-1936-. p. 533).

CAPITULO 1

De la igualdad de nacionales y extranjeros ante la protección marcaria y comercial.

Art. 1.- Los estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrí­cola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales o domiciliados, con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficas.

OCTAVA RESOLUCIÓN

(19 de febrero de 1929)

Glosario

Se acuerda: Que para la interpretación de los términos contenidos en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y en el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, aprobados por la conferencia, se siga el glosario que aparece a continuación:

NACIONALES: significa personas, sociedades, compañí­as, firmas, corporaciones, asociaciones, sindicatos, uniones y todas las demás personas naturales y jurí­dicas, que tienen derecho a la nacionalidad en los Estados Contratantes.

PERSONAS: comprende no sólo las personas naturales sino todas las personas jurí­dicas como sociedades, compañí­as, firmas, corporaciones, asociaciones, sindicatos y uniones.

MARCAS: comprende marcas de fábrica, industriales, comerciales, agrí­colas, marcas colectivas y marcas de sindicato, uniones y asociaciones.

MARCAS COLECTIVAS: significa marcas legalmente usadas por dos o más propietarios.

NOMBRES COMERCIALES: comprende razones sociales, nombres individuales, apellidos razones sociales de sociedades, compañí­as o corporaciones y los nombres de sindicatos, asociaciones, uniones y otras entidades reconocidas por las leyes de los estados Contratantes y que se usan en actividades fabriles, industriales, comerciales, agrí­colas y civiles para identificar o distinguir el negocio, ocupación o fines de los que los usan.

Estados Partes: Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití­, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

CAPITULO II De la protección marcaria.

Art. 2.- El que desee obtener protección para sus marcas en un paí­s distinto al suyo en que esta convención rija, podrá obtener dicha protección, bien solicitándola directamente de la oficina correspondiente del Estado en que desee obtener la referida protección, o por medio de la Oficina Interamericana de Marcas a que se refiere el protocolo sobre registro interamericano, siempre que dicho protocolo haya sido aceptado por su paí­s y por la nación donde se solicite la protección.

Art. 3.- Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados contratantes será admitida a registro o depósito, y protegida legalmente en los demás Estados contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales por la ley nacional de dichos Estados.

Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas:

1o) Cuyos elementos distintivo violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el paí­s se solicita el registro o depósito;

2o) Que estén desprovistas de todo carácter distintivos, o consisten exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción, o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente, o en la costumbre comercial del paí­s al tiempo en que solicite el registro o depósito, cuando el propietario de la marca las reivindique o pretenda reivindicarlas, como elementos distintivos de la misma. Para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca, y si dicha marca ha adquirido de hecho en el paí­s en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancí­a del solicitante.

3o) Que ofendan a la norma pública o sean contrarias al orden público.

4o) Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o sí­mbolos nacionales o de asociaciones de interés público.

5o) Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes tí­picos o caracterí­sticas de cualquiera de los estados contratantes distinto al de origen de la marca.

6o) Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyen el nombre comercial o la parte esencial o caracterí­stica del mismo, pertenecientes a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artí­culos o mercancí­as de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás paí­ses contratantes.

Art. 4.- Los estados contratantes acuerdan rehusar o cancelar el registro o depósito y prohibir el uso sin autorización de la autoridad competentes, de las marcas que incluyen banderas nacionales o de los Estados, escudos de armas, sellos nacionales o de los estados, dibujos de las monedas públicas o de los sellos de correo, certificados o sellos oficiales de garantí­a, o cualesquiera insignias oficiales, nacionales de los estados, o imitaciones de las mismas.

Art. 5.- Las etiquetas, dibujos industriales, lemas catálogos anuncios o avisos que se usen para identificar o anunciar mercancí­as, gozarán de la misma protección que las marcas en los Estados contratantes cuyas leyes así­ lo dispongan, de acuerdo con las prescripciones de la legislación local.

Art. 6.- Los Estados contratantes se comprometen a admitir a registro o depósito y a proteger las marcas de propiedad colectiva a que pertenezcan a asociaciones cuya existencia no sea contraria a las leyes del paí­s de origen, aún cuando dichas colectividades no posean un establecimiento fabril, industrial, comercial o agrí­cola.

Cada paí­s determinará las condiciones particulares bajo las cuales se podrán proteger las marcas de dichas colectividades.

Los Estados, provincias o municipios, en su carácter de personas jurí­dicas, podrán poseer, usar, registrar o depositar marcas y gozarán en tal sentido de los beneficios de esta convención.

Art. 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancí­as a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el paí­s en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tení­a conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancí­as de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí­ el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el paí­s de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.

Art. 8.- Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados contratantes, distinto al del de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marcas que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza, capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación y anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación:

a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y

b) Que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende, tení­a conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los estados contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancí­as a que especí­ficamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o

c) Que el propietario de la marca que solicite la cancelación, basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercio con o en el paí­s en que se solicite la cancelación, y que en éste hayan circulado y circulen los productos o mercancí­as señalados con si marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma.

Art. 9.- Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo hecho de acuerdo con esta convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del paí­s en que trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un dí­a, a contar desde la fecha del registro o depósito, si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un dí­a si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada.

Art. 10.- El perí­odo de protección otorgado a las marcas registradas o depositadas de acuerdo con los términos de esta convención, así­ como sus renovaciones, será el que fijen las leyes del Estado en que se solicite el registro o depósito al tiempo de solicitarse la protección, de acuerdo con esta convención.

Una vez efectuado el registro o depósito de una marca en cada Estado contratante, existirá independientemente y no será afectado por los cambios que ocurran en el registro o depósito de dicha marca en otros Estados contratantes, salvo que otra disponga la legislación interna de cada Estado contratante.

Art. 11.- La transmisión en el paí­s de origen de la propiedad de una marca registrada o depositada, tendrá el mismo valor y será reconocida en los demás Estados contratantes, siempre que se acompañen pruebas fehacientes de que dicha transmisión se ha efectuado y registrado de acuerdo con la legislación interna del Estado en que se realizó, y se cumpla, además, con los requisitos legales del paí­s en que debe tener efecto la transmisión.

El uso y explotación de las marcas puede cederse o traspasarse separadamente para cada paí­s, y se registrará siempre que se acompañen pruebas fehacientes de que dicha transmisión se ha efectuado de acuerdo con la legislación interna del Estado en que se realizó, y se cumpla además con los requisitos legales del paí­s en que debe tener efecto la transmisión.

Art. 12.- Cualquier registro o depósito efectuado en uno de los Estados contratantes, o cualquier solicitud de registro o depósito pendiente de resolver, hecha por un agente, representante o cliente del propietario de una marca sobre la que se ha adquirido derecho en otro estado contratante por su registro, solicitud previa o uso como tal marca, dará derecho al primitivo propietario a pedir su cancelación o denegación, de acuerdo con las estipulaciones de esta convención, y a solicitar y a obtener la protección para si, considerándose que dicha protección se retrotraerá a la fecha de la solicitud cancelada o denegada.

Art. 13.- El uso de una marca por su propietario en una forma distinta de la forma en que la marca ha sido registrada en cualquiera de los Estados contratantes, por lo respecta a elementos secundarios o no sustanciales, no acarreará la nulificación del registro ni afectará la protección de la marca.

En caso de que la forma o los distintivos de la marca sean sustancialmente cambiados o que sea modificada o aumentada la lista de los productos a que vaya a aplicarse, podrá exigirse al propietario que solicite un nuevo registro, sin perjuicio de la protección de la marca original o de la lista original de las productos.

Los requisitos que las leyes de los Estados contratantes exijan con respecto a la leyenda que indica la autorización del uso de las marcas, se considera satisfechos por lo que toca a los productos de origen extranjero, si dichas marcas llevan las palabras o indicaciones autorizadas legalmente en el paí­s de origen de los productos.

CAPITULO III

De la protección del nombre comercial

Art. 14.- El nombre comercial de las personas naturales o jurí­dicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados contratantes, será protegido en todos los demás, sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

Art. 15.- Se entenderá por nombre comercial el propio nombre y apellidos que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular use en su negocio para darse a conocer como tal, así­ como la razón social, denominación y tí­tulo adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañí­as o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrí­colas, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivas leyes nacionales.

Art. 16.- la protección que esta convención otorga a los nombres comerciales consistirá:

a) En la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o engañosamente semejante al legalmente adoptado y usado por otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor, dedicado al propio giro en cualquiera de los Estados contratante; y,

b) En la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurí­dica, domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancí­as de la propia clase a que se destine la marca.

Art. 17.- Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor, domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes, podrá oponerse dentro de los términos y por los procedimientos legales del paí­s de que se trate, a la adopción, uso, registro o depósito de una marca destinada a productos o mercancí­as de la misma clase que constituya su giro o explotación, cuando estime que el o los elementos distintivos de tal marca puedan producir en el consumidor error o confusión con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado.

Art. 18.- Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor, domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes, podrá solicitar y obtener, de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del paí­s respectivo, la prohibición de usar, o la cancelación del registro o depósito de cualquier nombre comercial o marca destinados a la fabricación, comercio o producción de artí­culos o mercancí­as de la misma clase en que él trafica, probando.

a) Que el nombre comercial o marca cuya cancelación pretende es sustancialmente idéntico o engañosamente semejante a su propio nombre comercial legalmente adoptado y usado con anterioridad en cualquiera de los estados contratantes para la fabricación o comercio de productos o mercancí­as de la misma clase; y

b) Que con su anterioridad a la adopción y uso a solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación pretende, empleó y que continúa empleando en la fabricación o comercio de los mismos productos o mercancí­as su propio nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado en cualquiera de los Estados contratantes, en o dentro del Estado en que solicite la cancelación.

Art. 19.- La protección del nombre comercial se impartirá de acuerdo con la legislación interna y las estipulaciones de esta convención, de oficio, cuando las autoridades gubernativas o administrativas competentes tengan conocimientos o pruebas ciertas de su existencia y uso legal, o a petición de parte interesada en los casos comprendidos en los artí­culos anteriores.

CAPITULO IV

De la represión de la competencia desleal

Art. 20.- Todo acto o hecho contrario a la buen fe comercial o al normal y honrado desenvolviendo de las actividades industriales o mercantiles, será considerado como de competencia desleal, y por tanto, injusto y prohibido.

Art. 21.- Se declaran de competencia desleal los siguientes acto y al no estar señalados sus penas en la legislación interna de cada Estado contratante, se reprimirán de acuerdo con las prescripciones de está convención:

a) Los actos que tengan por objeto dar a entender, directa o indirectamente, que los artí­culos o actividades mercantiles de un fabricante, industrial, comerciante o agricultor pertenecen o corresponden a otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor de alguno de los otros Estados contratantes, ya sea apropiándose o simulando marcas. sí­mbolos, nombres distintivos, imitando etiquetas, envases, recipientes, nombres comerciales u otros medios usuales de identificación en el comercio;

b) Las falsas descripciones de los artí­culos, usando palabras, sí­mbolos y otros medios que tiendan a engañar al público en el paí­s donde estos actos ocurran, con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de las mercancí­as;

c) Las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos de los artí­culos, por medio de palabras, sí­mbolos , o de otra manera, que tiendan a engañar en ese respecto al público del paí­s donde estos hechos ocurran;

d) Lanzar al mercado u ofrecer o presentar en venta al público un artí­culo, producto o mercancí­a bajo forma aspectos tales, que aun cuando no contenga directa ni indirectamente indicación de origen o procedencia geográficos determinados, dé o produzca la impresión, ya por los dibujos, elementos ornamentales o idiomas empleados en el texto, de ser un producto, artí­culo o mercancí­a originado, manufacturado o producido en otros de los Estados contratantes;

e) Cualesquiera otros hechos o actos contrarios a la buena fe en materias industriales, comerciales o agrí­colas que, por su naturaleza o finalidad, puedan considerarse análogos o asimilables a los anteriormente mencionados.

Art. 22.- Los Estados contratantes que aún no hayan legislado sobre los actos de competencia desleal, mencionados en este capí­tulo, aplicarán a ellos las sanciones contenidas en su legislación sobre marcas, o en cualesquiera otras leyes, y ordenarán la suspensión de dichos actos a petición de las personas perjudicadas, ante las cuales los causantes serán también responsables por los daños y perjuicios que les hayan ocasionado.

CAPITULO V

De la represión de las falsas indicaciones de origen y procedencia geográficos.

Art. 23.- Será considerada falsa e ilegal, y por tanto prohibida, toda indicación de origen o procedencia que no corresponda realmente al lugar en que el artí­culo, producto o mercancí­a fue fabricado, manufacturado o recolectado.

Art. 24.- A los efectos de esta convención se considerará como indicación de origen o procedencia geográficos, consignar o hacer aparecer en alguna marca, etiqueta, cubierta, envase, envoltura, precinta, de cualquier artí­culo, producto o mercancí­a, o directamente sobre le mismo, el nombre geográfico de una localidad, región, paí­s o nación determinada, bien sea de modo expreso y directo, o indirectamente, siempre que dicho nombre geográfico sirva de base o raí­z a las frases, palabras o expresiones que se empleen.

Art. 25.- Los nombres geográficos que indiquen origen o procedencia no son susceptibles de apropiación individual, pudiendo usarlos libremente para indicar el origen o procedencia de los productos o mercancí­as a su propio domicilio comercial, cualquier fabricante, industrial, comerciante o agricultor establecido en el lugar indicado o que comercie con los productos que se originen en éste.

Art. 26.- La indicación de origen o procedencia geográficos, fijada o estampada sobre un producto o mercancí­a, deberá corresponder exactamente al lugar en que dicho producto ha sido fabricado, manufacturado o recolectado.

Art. 27.- Quedan exceptuando de las disposiciones contenidas en los anteriores artí­culos aquellas denominaciones, frases o palabras que, constituyendo en todo o en parte términos geográficos, hayan pasado, por los usos constantes, universales y honrados del comercio, a formar el nombre o designación propios del artí­culo, producto o mercancí­a a que se apliquen, no estando comprendidas, sin embargo, en esta excepción las indicaciones regionales de productos industriales o agrí­colas cuya calidad y aprecio por parte del público consumidor dependa del lugar de producción u origen.

Art. 28.- A falta de disposiciones especiales que repriman las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos, se aplicarán a este fin las respectivas leyes sanitarias o las referentes a la protección marcaria en los Estados contratantes.

CAPITULO VI

De las sanciones

Art. 29.- Quedan prohibido manufacturar, exportar, importar, distribuir o vender artí­culos o productos que infrinjan directa o indirectamente alguna de las modalidades señaladas en este convención para la protección marcaria, la protección y defensa del nombre comercial, la represión de la competencia desleal, y la represión de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos.

Art. 30.- Cualquier acto de los prohibidos por esta convención será reprimido por las autoridades gubernativas, administrativas o judiciales competentes del Estado en que se cometa, por los medios y procedimientos legales que en dicho paí­s rijan, ya de oficio, ya a petición de parte interesada, la que podrá ejercitar las acciones y derechos que las leyes le concedan para ser indemnizada de los daños y perjuicios recibidos, pudiendo ser decomisados, destruidos o inutilizados, según el caso, los artí­culos, productos o mercancí­as, o sus distintivos, que hayan sido objeto del acto de competencia desleal.

Art. 31.- Cualquier fabricante, industrial, comerciante o agricultor interesado en la producción, fabricación o comercio de las mercancí­as o artí­culos afectados por el acto o hecho prohibido, así­ como sus agentes, representantes o apoderados en cualquiera de los Estados contratantes y los funcionarios consulares del Estado a que corresponda la localidad o región falsamente indicada, cuando se trate de un caso falsa indicación de origen o procedencia geográficos, tendrán personalidad legal suficiente para ejercitar las acciones y recursos correspondientes, y continuarlos por todos sus trámites ante las autoridades administrativas y tribunales de justicia de los Estados contratantes. Igual personalidad tendrán las comisiones o instituciones oficiales, y los sindicatos o asociaciones que representen a la industria, a la agricultura o al comercio, legalmente establecidas para la defensa de los procedimientos honrados y leales.

CAPITULO VII

Disposiciones comunes

Art. 32.- las autoridades administrativas y los tribunales de justicia de cada estado contratantes, son los únicos competentes para resolver los expedientes administrativos, y los juicios contencioso-administrativos, civiles o criminales que se incoaren con motivo de la aplicación de las leyes nacionales.

Las dudas que se suscitaren acerca de la interpretación o aplicación de los preceptos de esta convención serán resultas por los tribunales de justicia de cada Estado, y sólo en el caso de denegación de justicia, serán sometidas a arbitraje.

Art. 33.- Cada uno de los Estados contratantes en que no exista, se compromete a establecer un servicio para la protección marcaria y la represión de la competencia desleal, y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos, debiendo publicar en el periódico oficial del gobierno, o en otra forma periódica, las marcas solicitadas y concedidas y las decisiones administrativas recaí­das en esta materia.

Art. 34.- La presente convención será susceptible de revisiones periódicas, con objeto de introducir en ella las mejores que la experiencia indique, aprovechándose de la oportunidad de la celebración de las conferencias internacionales americanas, recomendándose que cada paí­s enví­e en su delegación expertos en materia marcarias para que puedan realizar un trabajo efectivo.

La administración del Estado donde deba celebrarse la conferencia, preparar sus trabajos con la ayuda de la Unión Panamericana y de la Oficina Interamericana de Marcas.

El director de la Oficina Interamericana podrá asistir a las sesiones de la conferencia y tomará parte en las discusiones, con voz, pero sin voto.

Art. 35.- Las estipulaciones contenidas en esta convención, tendrán fuerza de ley en aquellos Estados en que los tratados internacionales tienen ese carácter, tan pronto como son ratificados por sus órganos constitucionales.

Los Estados contratantes en que el cumplimiento de los pactos internacionales esté subordinado a la promulgación de leyes concomitantes, al aceptar en principio esta convención, se obligan a solicitar de sus órganos legislativos la adopción, en el más breve plazo posible, de la legislación que sea necesaria para ponerla en vigor, de acuerdo con sus prescripciones constitucionales.

Art. 36.- Los estados contratantes convienen en que, tan pronto como esta convención entre en vigor, las convenciones sobre marcas de fábrica de 1910 y 1923, quedarán automáticamente sin efecto alguno, pero cualesquiera derechos que de acuerdo con sus estipulaciones se hayan adquirido o puedan adquirirse hasta la fecha en que entre en vigor esta convención, continuarán siendo válidas hasta que expiren.

Art. 37.- La presente convención será ratificada por los Estados contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. La convención original, y los instrumentos de ratificación, serán depositados en la Unión Panamericana, la que enviará copia certificada del primero y comunicará aviso del recibo de dichas ratificaciones a los gobiernos de los Estados contratantes, entrando la convención en rigor entre los Estados contratantes, en el orden que vayan depositando sus ratificaciones.

Esta convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada mediante aviso anticipado de una año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás contratantes.

La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, la transmitirá aviso de su recibo a los gobiernos de todos los demás Estados.

Los Estados americanos que no hayan suscrito esta convención, podrán adherirse a ella, enviando el instrumento oficial en que se consigne esta adhesión a la Unión Panamericana, la que notificará aviso de su recibo a los gobiernos de los demás Estados contratantes en la forma antes expuesta.

En testimonio de la cual, los delegados arriba nombrados, firman la presente convención en español, inglés, portugués y francés, y estampan sus respectivos sellos.

Hecha en la ciudad de Washington, a los 20 dí­as de febrero de 1929.