PROTOCOLO INTERAMERICANO SOBRE UNIFORMIDAD DEL RÉGIMEN LEGAL DE PODERES, 1940. (Germán Cavilar, Tratado de Colombia, Tomo 3, 1936-1962.- p, 209)

ARTíCULO I

En los poderes que se otorga en los paí­ses que forman la unión panamericana destinados a obrar en el extranjero, se observarán las reglas siguientes.

1. Si el poder lo otorgare en su propio nombre una persona natural, el funcionario que autorice el acto (Notario, Registrador; Escribando, Juez o cualquier otro a quien la ley del respectivo paí­s atribuyere tal función) dará fe de que conoce al otorgante y de que este tiene capacidad legal para el otorgamiento.

2. Si el poder fuere otorgado en nombre de un tercero o fuere delegado o sustituido por el mandatario, el funcionario que autorice el acto, además de dar f respecto al representante que hace el otorgamiento del poder, delegación o sustitución, de los extremos indicados en el numeral anterior, la dará también de que él tiene efectivamente la representación en cuyo nombre procede, y de que esta representación es legí­tima, según los documentos auténticos que al efecto se le exhibieron y los cuales mencionará especí­ficamente, con expresión de sus fechas y de su origen o procedencia.

3. Si el poder fuere otorgado en nombre de una persona jurí­dica, además de la certificación a que se refieren los números anteriores, el funcionario que autorice al acto dará fe respecto a la persona jurí­dica en cuyo nombre se hace el otorgamiento, de su debida constitución, de su sede, de su existencia legal actual y de que el acto para el cual se ha otorgado el poder está comprendido entre los que constituyen el objeto o actividad de ella. Esa declaración la basará el funcionario en los documentos que al efecto le fueren presentados, tales como escritura de constitución, estatutos, acuerdos de la junta u organismo director de la persona jurí­dica y cualesquiera otros documentos justificativos de la personerí­a que se confiere. Dichos documentos los mencionará el funcionario con expresión de sus echas y su origen.



ARTíCULO II

La fe que, conforme al artí­culo anterior, diere el funcionario que autorice el poder, no podrá ser destruida sino mediante prueba en contrario producida por el que objetare su exactitud.

a este efecto no es menester la tacha por falsedad del documento cuando la objeción se fundare únicamente en la errónea apreciación o interpretación jurí­dica en la que hubiere incurrido el funcionario en su certificación.



ARTíCULO III

No es menester para la eficacia del poder que el mandatario manifieste en el propio acto su aceptación. Esta resultará del ejercicio mismo del poder.



ARTíCULO IV

En los poderes especiales para ejercer actos de dominio que se otorguen en cualquiera de los paí­ses de la Unión Panamericana, para obrar en otro de ellos, será preciso que se determine concretamente el mandato a fin de que el apoderado tenga todas las facultades necesarias para el hábil cumplimiento del mismo, tanto en lo relativo a los bienes como a toda clase de gestiones ante los tribunales o autoridades

administrativas a fin de defenderlos.

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se confieren con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas, inclusive las necesarias para pleitos y procedimientos administrativos y judiciales referentes a la administración.

En los poderes generales para pleitos, cobranzas o procedimientos administrativos o judiciales, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que se requieran cláusula especial , conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación o restricción alguna.

La disposición de este artí­culo tendrá el carácter de regla especial que prevalecerá sobre las reglas generales que en cualquier otro sentido estableciere la legislación del respectivo paí­s.



ARTíCULO V

En cada uno de los paí­ses que componen la Unión Panamericana serán válidos legalmente los poderes otorgados en cualquier otro de ellos que se ajusten a las reglas formuladas en este protocolo, siempre que estuvieren además legalizadas de conformidad con las reglas especiales sobre legalización.



ARTíCULO VI

Los poderes otorgados en paí­s extranjero y en idioma extranjero podrán dentro del cuerpo del mismo instrumento ser traducidos al idioma del paí­s donde estuvieren destinados a obrar. En tal caso la traducción así­ autorizada por el otorgante se tendrá por exacta en todas sus partes. Podrá también hacerse la traducción del poder en el paí­s donde se ejercerá el mandato, de acuerdo con el uso o la legislación del mismo.



ARTíCULO VII

Los poderes otorgados en el paí­s extranjero no requieren como formalidad previa a su ejercicio la de ser registrados o protocolización cuando así­ lo exija la ley como formalidad especial en determinados casos.



ARTíCULO VIII

Cualquier persona que de acuerdo con la ley pueda intervenir o hacerse parte en un procedimiento judicial o administrativo para la defensa de sus intereses, podrá ser representada por un gestor, a condición de que dicho gestor presente por escrito el poder legal necesario, o de que, mientras no se acredite debidamente la personerí­a, el gestor presente fianza o caución a discreción del tribunal o de la autoridad administrativa que conozca el negocio, para responder de las costas o de los perjuicios que puede causar la gestión.

ARTíCULO IX

En los casos de poderes formalizados en cualquier paí­s de la Unión Panamericana, con arreglo a las disposiciones que anteceden, para ser ejercidos en cualquiera de los otros paí­ses de la misma Unión, los notarios debidamente constituí­dos como tales conforme a las leyes del respectivo paí­s, se estimarán capacitados para ejercer funciones y atribuciones equivalentes a las conferidas a los notarios por las leyes de (nombres el paí­s), sin perjuicio, sin embargo, de la necesidad de protocolizar el instrumento en los casos a que se refiere el artí­culo VII.



ARTíCULO X

Lo que en los artí­culos anteriores se dice respecto de los notarios se aplicará igualmente a la autoridades y funcionarios que ejerzan funciones notariales conforme a la legislación de su respectivos paí­ses.



ARTíCULO XI

El original de presente protocolo, en español, portugués, inglés y francés, con la fecha de hoy, será depositado en la Unión Panamericana y quedará abierto a la firma de los Estados miembros de la Unión Panamericana.



ARTíCULO VII

El presente protocolo entrará en vigor respecto de cada una de las altas partes contratantes desde la fecha de su firma por dichas partes contratantes, quedará abierto a la firma de los estados miembros de la Unión Panamericana y permanecerá indefinidamente en vigor, pero cualquiera de las partes puede terminar las obligaciones contraí­das por el protocolo, tres meses después de haber notificado su intención a la Unión Panamericana.

No obstante lo estipulado en el párrafo anterior, cualquier Estado que lo desee puede firmar ad referendum el presente protocolo, que en este caso no entrará en vigor respecto de dicho Estado sino después del depósito de la Unión Panamericana del instrumento de ratificación conforme a su procedimiento constitucional.



ARTíCULO XIII

Cualquier estado que desee aprobar el presente protocolo con algunas modificaciones podrá declarar antes de su firma la forma en que le dará aplicación.

En fe de la cual, los infrascritos plenipotenciarios, después de haber depositado sus plenos poderes que se han encontrado en buena y debida forma, firman y sellan este protocolo en nombre de sus respectivos gobiernos en las fechas indicadas junto a sus firmas.

Este documento ha sido en esta fecha depositado en la Unión Panamericana y abierto a la firma de los Estados miembros de la Unión Panamericana, en conformidad con la resolución del Consejo Directivo de la Unión panamericana del 3 de enero de 1940.

Washington, D.C., 17 de febrero de 1940

El plenipotenciario de Colombia firman ad referendum de la aprobación por el Congreso Nacional el protocolo sobre Régimen Legal de los Poderes, haciendo la reserva de que la legislación colombiana consignada en el artí­culo 2590 del Código Civil, establece que los notarios no responden sino de la parte formal y no de la sustancial de los actos y contratos que autorizan