Quincuagésimo quinto Perí­odo de Sesiones Ordinarias de la Comisión 21- 22 de marzo de 1991Lima Perú

Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalí­as

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: Los Artí­culos 7, 26 y 27 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 220 de la Comisión y la Propuesta 228 de la Junta; CONSIDERANDO: Que los Presidentes de los Paí­ses Miembros del Acuerdo de Cartagena, en la reunión celebrada en la ciudad de La Paz, Bolivia, los dí­as 29 y 30 de noviembre de 1990, expresaron su beneplácito por la "convergencia creciente entre las polí­ticas económicas de los Paí­ses Andinos en la búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad de sus economí­as, mediante la liberalización y apertura al comercio y la inversión internacional, en la lí­nea de los intereses de nuestros paí­ses, y la implantación de una racionalidad económica fundada en la iniciativa privada, en la disciplina fiscal y en un Estado redimensionado y eficaz";

Que asimismo, en la mencionada reunión los Presidentes Andinos acordaron remover los obstáculos para la inversión extranjera e incentivar la libre circulación de capitales subregionales;

Que las nuevas polí­ticas de inversiones extranjeras imperantes en la Subregión hacen indispensable revisar y actualizar las normas comunitarias aprobadas mediante la Decisión 220 de la Comisión, con el fin de estimular y promover el flujo de capital y de tecnologí­as extranjeras hacia las economí­as andinas;

DECIDE:

Sustituir la Decisión 220 por la siguiente Decisión:

CAPITULO I

DEFINICIONES

Artí­culo 1.- Para los efectos del presente Régimen se entiende por:

Inversión Extranjera Directa: los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurí­dicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes fí­sicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

Igualmente, se considerarán como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con el presente Régimen.

Los Paí­ses Miembros, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, podrán considerar como aporte de capital, las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de bienes fí­sicos, documentos técnicos e instrucciones.

Inversionista Nacional: el Estado, las personas naturales nacionales y las personas jurí­dicas definidas como nacionales por las legislaciones de los Paí­ses Miembros.

Se considerarán también como inversionistas nacionales a las personas naturales extranjeras con residencia ininterrumpida en el paí­s receptor no inferior a un año, que renuncien ante el organismo nacional competente al derecho de reexportar el capital y a transferir utilidades al exterior. El organismo nacional competente del paí­s receptor podrá exonerar a dichas personas del requisito de residencia ininterrumpida no inferior a un año.

Cada Paí­s Miembro podrá eximir a las personas naturales extranjeras cuyas inversiones se hubieran generado internamente, de la renuncia prevista en el inciso anterior.

Asimismo, se considerarán como de inversionistas nacionales, las inversiones de propiedad de inversionistas subregionales, en los términos establecidos en la presente Decisión.

Inversionista Subregional: el inversionista nacional de cualquier Paí­s Miembro distinto del paí­s receptor.

Inversionista Extranjero: el propietario de una inversión extranjera directa.

Empresa Nacional: la constituida en el paí­s receptor y cuyo capital pertenezca en más del ochenta por ciento a inversionistas nacionales, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Empresa Mixta: la constituida en el paí­s receptor y cuyo capital pertenezca a inversionistas nacionales en una proporción que fluctúe entre el cincuenta y uno por ciento y el ochenta por ciento, siempre que a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Asimismo, se considerarán empresas mixtas aquellas en las que participe el Estado, entes paraestatales o empresas del Estado del paí­s receptor, en un porcentaje no inferior al treinta por ciento del capital social y siempre que a juicio del organismo nacional competente, el Estado, ente paraestatal o empresa del Estado, tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa.

Se entiende por capacidad determinante la obligación de que concurra la anuencia de los representantes estatales en las decisiones fundamentales para la marcha de la empresa.

Para fines de la presente Decisión, se entenderá por ente paraestatal o empresa del Estado, aquel constituido en el paí­s receptor cuyo capital pertenezca al Estado en más del ochenta por ciento y siempre que éste tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa.

Empresa Extranjera: la constituida o establecida en el paí­s receptor y cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales sea inferior al cincuenta y uno por ciento, o cuando siendo superior, a juicio del organismo nacional competente, ese porcentaje no se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Capital Neutro:las inversiones de las entidades financieras internacionales públicas de las que forman parte todos los Paí­ses Miembros del Acuerdo de Cartagena y que figuran en el Anexo del presente Régimen. Dichas inversiones no se computarán ni como nacionales ni como extranjeras en la empresa en que participen.

Para la determinación de la calidad de nacional, mixta o extranjera de la empresa en que participen estas inversiones, se excluirá de la base de cálculo, el aporte de capital neutro y sólo se tomarán en cuenta los porcentajes de participación de los inversionistas nacionales y extranjeros en el monto restante del capital.

Reinversión: la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas y de otros recursos patrimoniales, en el caso en que lo permitan las legislaciones nacionales, provenientes de una inversión extranjera directa, en la misma empresa en que se hayan generado.

Paí­s Receptor: aquel en el que se efectúa la inversión extranjera directa.

Comisión: la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Paí­s Miembro: uno de los Paí­ses Miembros del Acuerdo de Cartagena.

CAPITULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

Artí­culo 2.- Los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones a los que se sujetan los inversionistas nacionales, salvo lo dispuesto en las legislaciones de cada Paí­s Miembro.

Artí­culo 3.- Toda inversión extranjera directa, o de inversionistas subregionales, que cumpla con las condiciones establecidas en el presente Régimen y en las respectivas legislaciones nacionales de los Paí­ses Miembros, será registrada ante el organismo nacional competente, en moneda libremente convertible.

Artí­culo 4.- Los propietarios de una inversión extranjera directa, y los inversionistas subregionales, tendrán derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, en los términos previstos en la legislación de cada Paí­s Miembro, las utilidades netas comprobadas que provengan de su inversión extranjera directa.

El organismo nacional competente podrá también registrar, en moneda libremente convertible, la inversión de excedentes de utilidades distribuidas.

Artí­culo 5.- El inversionista extranjero y el inversionista Subregional tendrán derecho a reexportar las sumas que obtengan cuando vendan, dentro del paí­s receptor, sus acciones, participaciones o derechos o cuando se produzca la reducción del capital o la liquidación de la empresa, previo pago de los impuestos correspondientes.

La venta de acciones, participaciones o derechos de un inversionista extranjero o Subregional a otro inversionista extranjero o Subregional, deberá ser registrada por el organismo nacional competente, cuando así­ lo estipule la legislación nacional y no se considerará como reexportación de capital.

Artí­culo 6.- El capital registrado estará formado por el monto de la inversión extranjera directa inicial más los incrementos posteriores y las reinversiones, registrados y efectivamente realizados, conforme a lo dispuesto en el presente Régimen y menos las pérdidas netas, si las hubiere.

Artí­culo 7.- La reinversión, de conformidad con la definición incluida en el artí­culo 1, en empresas nacionales, mixtas o extranjeras, será considerada como inversión extranjera y se efectuará con sujeción a las normas que establezca cada Paí­s Miembro. En todo caso, subsistirá la obligación de registro ante el organismo nacional competente.

Artí­culo 8.- Gozarán de las ventajas derivadas del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, los productos producidos por las empresas nacionales, mixtas o extranjeras que cumplan con las normas especiales o requisitos especí­ficos de origen fijados por la Comisión y la Junta, de conformidad con lo previsto en el Capí­tulo X del Acuerdo.

Artí­culo 9.- El capital de las sociedades por acciones deberá estar representado por acciones nominativas.

Artí­culo 10.- En la solución de las controversias o conflictos derivados de las inversiones extranjeras directas o de inversionistas subregionales o de la transferencia de tecnologí­a extranjera, los Paí­ses Miembros aplicarán lo dispuesto en sus legislaciones internas.

CAPITULO III

ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES

Artí­culo 11.- Los Paí­ses Miembros designarán el organismo u organismos nacionales competentes que tendrán a su cargo la

aplicación de las obligaciones contraí­das por las personas naturales o jurí­dicas extranjeras a que se refiere el presente Régimen.

CAPITULO IV

IMPORTACION DE TECNOLOGIA

Artí­culo 12.- Los contratos de licencia de tecnologí­a, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingenierí­a básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Paí­ses Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo Paí­s Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnologí­a importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnologí­a, u otras formas especí­ficas de cuantificación del efecto de la tecnologí­a importada.

Artí­culo 13.- Los contratos sobre importación de tecnologí­a deberán contener, por lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes:

a) Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio;

b) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnologí­a que se importa;

c) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnologí­a;

d) Determinación del plazo de vigencia;

Artí­culo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnologí­a externa, marcas o sobre patentes, los Paí­ses Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:

a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnologí­a o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el paí­s o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologí­as o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnologí­a;

b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnologí­a o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnologí­a respectiva;

c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;

d) Cláusulas que prohí­ban el uso de tecnologí­as competidoras;

e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnologí­a;

f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnologí­a a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnologí­a;

g) Cláusulas que obliguen a pagar regalí­as a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y

h) Otras cláusulas de efecto equivalente.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente del paí­s receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohí­ba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados en base a la tecnologí­a respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros paí­ses.

Artí­culo 15.- Las contribuciones tecnológicas intangibles, en la medida en que no constituyan aportes de capital, darán derecho al pago de regalí­as, de conformidad con la legislación de los Paí­ses Miembros.

Las regalí­as devengadas podrán ser capitalizadas, de conformidad con los términos previstos en el presente Régimen, previo pago de los impuestos correspondientes.

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, se podrá autorizar el pago de regalí­as en casos previamente calificados por el organismo nacional competente del paí­s receptor.

CAPITULO V

TRATAMIENTO A LAS INVERSIONES DE LA CORPORACION ANDINA

DE FOMENTO Y DE LAS ENTIDADES CON OPCION AL

TRATAMIENTO DE CAPITAL NEUTRO

Artí­culo 16.- Sin menoscabo de lo dispuesto en su Convenio Constitutivo, las inversiones directas de la Corporación Andina de Fomento, serán consideradas como nacionales, en cada Paí­s Miembro del Acuerdo de Cartagena.

Artí­culo 17.- Las entidades financieras internacionales gubernamentales, de las que no formen parte todos los Paí­ses Miembros del Acuerdo de Cartagena, y las entidades gubernamentales extranjeras de cooperación para el desarrollo, cualquiera que sea su naturaleza jurí­dica, podrán solicitar a la Comisión, la calificación de capital neutro para sus inversiones y su inclusión en el Anexo del presente Régimen. La Comisión deberá resolver las solicitudes que se le sometan en la primera reunión siguiente a la presentación de la misma.

Artí­culo 18.- Con su solicitud, las entidades mencionadas en el artí­culo anterior, deberán presentar un ejemplar del convenio constitutivo o del estatuto legal que las rige y la más amplia información posible sobre su polí­tica de inversión, reglas de operación e inversiones realizadas, por paí­ses y sectores.

Disposición Transitoria Primera.- Las empresas extranjeras que tengan convenio vigente de transformación, en los términos del Capí­tulo II de la Decisión 220, podrán solicitar ante los respectivos organismos nacionales competentes que se deje sin efecto dicho convenio.

Disposición Transitoria Segunda.- Cuando se trate de proyectos que correspondan a productos reservados o asignados en forma exclusiva a Ecuador, los cuatro paí­ses restantes se comprometen a no registrar inversión extranjera directa en sus territorios.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún dí­as del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno.

ANEXO

NOMINA DE ENTIDADES CON OPCION AL TRATAMIENTO DE CAPITAL NEUTRO PARA SUS INVERSIONES

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

- Corporación Financiera Internacional (CFI)

- Sociedad Alemana de Cooperación Económica (DEG)

- Fondo de Industrialización de Dinamarca para Paí­ses en Ví­as de Desarrollo (IFU)

- Corporación Interamericana de Inversiones.