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Abogacía de la competencia


La Abogacía de la Competencia es un mecanismo para la promoción de la competencia, cuyo alcance abarca todo el  territorio nacional, y que tiene por funciones, entre otras:

(i) Asesorar al Gobierno Nacional en la protección de la competencia, para la elaboración de proyectos que estimulen la libre competencia en los mercados.

(ii) Desarrollar estudios de mercado para identificar fallas en la competencia generadas con las normas vigentes.

(iii) Promover la competencia, por medio de actividades como la socialización de las normas y la educación;

(iv) Verificar los proyectos de regulación para efectos de promover y mantener la libre competencia en los mercados.


La Abogacía de la Competencia es un instrumento de origen legal cuyos objetivos principales son el fomento de la cultura de la libre competencia al interior del Estado y el control del ejercicio de la facultad de intervención del Gobierno en la economía.

Este instrumento tiene como fin unificar el criterio de las instituciones que hacen parte de la rama administrativa del poder público en relación con asuntos relacionados con la competencia económica, evitando con ello, innecesarios costos de transacción.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio debe rendir concepto previo sobre todos los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados.

Conforme con la reglamentación vigente, las autoridades de regulación deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir.

Así, la Entidad conocerá sobre los proyectos de acto administrativo con fines regulatorios que se propongan expedir los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias con o sin personería jurídica, Unidades Administrativas Especiales con o sin personería jurídica y los establecimientos públicos de orden nacional.

Conforme con la regulación vigente, se deben informar aquellos proyectos de regulación que tengan por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad de competidores en uno o varios mercados.

También tienen incidencia aquellos proyectos que impongan conductas a empresas o consumidores o modifiquen las condiciones en las cuales serán exigibles obligaciones previamente impuestas por la ley o un acto administrativo.

A esto se suman aquellos actos que tengan por objeto o pueda tener como efecto limitar la capacidad de las empresas para participar en el mercado, reducir sus incentivos para competir, o limitar la libre elección o información disponible para los consumidores, en uno o varios mercados relevantes relacionados.

Conforme con la Ley 1340 de 2009, el concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no es vinculante.

Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta.

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