• Remitir la información solicitada a los operadores que ofrecen el servicio de acceso a internet en Colombia, el servicio de transporte nacional y el servicio de transporte internacional relacionados con los enlaces de red nacional e internacional, los clientes de acceso dedicado a internet, y los suscriptores conmutados y líneas telefónicas de acceso local consumo limitado e ilimitado, entre otros.

• Registrar los contratos de interconexión suscritos, sin perjuicio de que lainformación confidencial, pueda ser enviada en documento separado a la CRT.

• Registrar los nodos de interconexión, cuando se trate de operadores de telecomunicaciones que presten servicios de TPBC, Trunking, TMC y PCS.

• Registrar la Oferta Básica de Interconexión -OBI- y mantenerla actualizada.

• Presentar la solicitud de homologación de equipos terminales de telecomunicaciones.

• Presentar la solicitud para la asignación de nuevos bloques de numeración, cuando el operador esté debidamente autorizado y de acuerdo con el régimen de cada servicio.

• Presentar solicitud para la asignación de códigos de puntos de señalización.

• Presentar solicitud para la asignación de códigos de red.

 

NOVEDAD DOCTRINA

 

Información insuficiente. Ofrecimiento de incentivos
Resolución No. 1534 del 30 de enero de 2006.
Superintendencia de Industria y Comercio

“(…)

“La investigación se adelantó con sustento en el escrito remitido por XXX quien expresó su inconformidad con el ofrecimiento de la denunciada, [quien] incentiva la compra de una suscripción por tres años al periódico TIEMPOS DEL MUNDO por un precio de $ 429.000, con el obsequio de ‘un viaje a Santa Marta, San Andrés o Cartagena en el Hotel Decameron por dos noches, tres días, 2 personas, para utilizar en temporada baja, (…) [con la condición de] primero escuchar una charla de 45 minutos en las oficinas del hotel’, aduciendo que ‘con toda esta información tan atractiva me suscribí al periódico y de paso me tomo un fin de semana de descanso.’
“(…)

“Marcas, leyendas y propaganda:

“De acuerdo con el artículo 14 del decreto 3466 de 1982, toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente. Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no correspondan a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos.
“(…)

“Veracidad y suficiencia de la información:
“(…)

“El artículo 14 del Decreto 3466 de 1982, establece una prohibición extensiva a las leyendas y propaganda comercial que induzcan o puedan inducir a error al consumidor respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos, estableciendo de otro lado la obligatoriedad en cuanto la veracidad y suficiencia de ‘toda información’ que se ofrezca al consumidor, acerca de los componentes y propiedades de bienes y servicios que se ofrezcan.
“(…)

“Acorde con lo anterior, el enunciado legal que señala ‘Toda información que se dé al consumidor’ se está refiriendo a la forma como se entera al consumidor ‘acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público’ de la cual se dice, tendrá que ser, ‘veraz y suficiente’.
“(…)

“Así las cosas, lo que definirá en última si la información es o no ‘veraz y suficiente’ no radica tanto ‘en el medio’ que se utilice, como sí en el ‘entorno y circunstancias’ en las que la modalidad de información de que se trate, se suministre, pero de todos modos teniendo como referencia que el mandato sobre la obligatoriedad de veracidad y suficiencia de la información hace referencia a un concepto que la comprende ‘enteramente’.
“(…)

“Sistema de incentivos:

“Entre las previsiones consagradas por la ley en materia de incentivos para que se presente infracción al Estatuto del Consumidor tenemos la no satisfacción de los incentivos ofrecidos en la oportunidad indicada para ello, la no satisfacción de los incentivos ofrecidos dentro del plazo en el cual se utiliza este tipo de propaganda comercial y cuando con esta propaganda comercial por el sistema de incentivos se induzca o pueda inducirse a error al consumidor sobre diferentes aspectos como el precio, la calidad o idoneidad del bien o del servicio de que se trate, o también por afectar desfavorablemente la calidad o idoneidad del bien o servicio con ocasión del incentivo.

“En presencia de uno o varios de estos hechos tomados de manera aislada o en conjunto, entendemos que se trata de conductas ilegales que se enmarcan dentro de las previsiones de la ley para efectos de que puedan considerarse ilegales y por tanto, sancionables.
“(…)

“Conclusiones de la investigación:
“(…)

“[E]s el entorno y circunstancias en las que la modalidad de información se suministre lo que permite definir si la información que se ofrece al consumidor resulta ser o no veraz y suficiente.
“(…)

“En primer lugar argumenta la investigada que aunque de buena fe ofrecía el incentivo, este ‘no dependía directamente de nosotros’. Pues bien, al respecto consideramos que independientemente de que el incentivo fuera a ser entregado por un tercero, en este caso su ofrecimiento partió de la investigada, como un ‘obsequio para suscriptores’ y por ende el cumplimiento o incumplimiento en su entrega oportuna sí es de su responsabilidad.

Como lo manifestó el consumidor, después de haberse desplazado a la ciudad de Cartagena para acudir a la cita concertada a las 5 p.m. del 17 de julio de 2004, descubrió que el obsequio de la estadía por 3 días y 2 noches ofrecida en los hoteles Decameron no era un obsequio exclusivo para suscriptores del periódico Tiempos del Mundo, sino un obsequio ofrecido genéricamente por el citado hotel para las personas que acudieran a sus instalaciones invitados por sus promotores de ventas para escuchar la charla sobre sus productos. Así las cosas se presentó una inducción a error en cuanto al precio de la suscripción en el periódico al relacionarlo con un incentivo que en realidad no lo era.
“(…)

“Tratándose de un consumidor que debió trasladarse después de someterse a un viaje vía terrestre de varias horas desde Sincelejo hasta Cartagena, para acudir a la cita en el hotel, no es lógico suponer que las condiciones para disfrutar el incentivo le fueran informadas en la sede del hotel y en el momento de la charla, como lo entiende la investigada. Ese postergar el dar a conocer las reglas de juego en este caso, ciertamente genera error en el consumidor en cuanto al producto y al incentivo, ya que muy tardíamente descubre ciertas condiciones que no le fueron dadas a conocer antes de adquirir el producto y acudir a la cita en el hotel para recibir el incentivo y que de haberlas conocido, probablemente hubieran incidido en su decisión de compra ya que manifiesta que realmente se suscribió al periódico por el atractivo del viaje y no por el periódico en sí mismo.
“(…)

“Encontramos que como el consumidor lo refiere, atraído por la información publicitaria suministrada telefónicamente en cuanto al producto y el incentivo tomó la decisión de compra y adquirió la suscripción encontrando que el incentivo ofrecido por la investigada realmente no lo era y de otra parte que su disfrute pendía de condiciones que no conoció anticipadamente.
“(…)

“No puede concluirse cosa diferente a que las circunstancias mismas en que se suministró al consumidor la información respecto de la promoción y el incentivo de que trata esta actuación, resultó no ser ajustada al mandato legal que le impone a la totalidad de la información el deber y la obligación legal de ser ‘veraz y suficiente’ y en cuanto al incentivo, la de satisfacerlo oportunamente en caso de que se ofrezca y en ambos casos, el que la información o propaganda de que se trate, ni siquiera pueda potencialmente inducir a error al consumidor.
“(…)

“Armonizando lo anterior y acorde con lo expuesto, entendemos que la información que se suministró no fue veraz y por el contrario resultó insuficiente y que tanto el medio como las circunstancias en que aquella se proporcionó resultaron ser inadecuados para cumplir su cometido cual es el de enterar al consumidor, dándole noticia e instruyéndole acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios de que se trate, resultando de ello una vulneración de la normativa sobre protección del consumidor por violación de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 del Decreto 3466 de 1982.

“En consecuencia y estando demostrado que hubo suministro de información ‘no veraz’, prospera el cargo que se endilga y procede la imposición de una multa cuyo monto será fijado teniendo en consideración las circunstancias de ocurrencia de los hechos, la mayor o menor gravedad de los mismos, la actividad económica y el mercado en el que actúa la infractora, la potencial afectación del mismo, así como el producto de que se trata y de otro lado procede la orden al infractor para que adopte las medidas necesarias para evitar que se incurra nuevamente en las mismas circunstancias de suministro de información no veraz o que se cause daño o perjuicio a los consumidores por esta vía.
(…)”

 

¿Cuándo se aplican las normas sobre protección del consumidor?
Concepto 05063562.
Superintendencia de Industria y Comercio

 

“(…)

“La jurisprudencia constitucional, al establecer el alcance de ésta disposición [artículo 78 de la Constitución Política], ha señalado que ‘La Constitución ordena la existencia de un campo de protección a favor del consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores y distribuidores, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Sin embargo, la Constitución no entra a determinar los supuestos específicos de protección, tema este que se desarrolla a través del ordenamiento jurídico’.8

“En este sentido, el Decreto 3466 de 1982 consagra las normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas, la fijación pública de precios de bienes y servicios y la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores aplicables a toda relación de consumo,entendida ésta como aquella que se establece entre productores, distribuidores, expendedores y consumidores, en dónde estos últimos se encuentran en búsqueda de la satisfacción de una necesidad personal9.

“En efecto, el Decreto 3466 de 1982 establece, para su aplicación, en el artículo primero las siguientes definiciones:

‘a) Productor: Toda persona natural o jurídica, que elabore, procese, transforme o utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o servicios destinados al consumo público. Los importadores se reputan productores respecto de los bienes que introduzcan al mercado nacional.

‘b) Proveedor o expendedor: Toda persona natural o jurídica que distribuya u ofrezca al público en general, o a una parte de él, a cambio de un precio, uno o más bienes o servicios producidos por ella misma o por terceros, destinados a la satisfacción de una o más necesidades de ese público.

‘c) Consumidor: Toda persona natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización o disfrute, de un bien o la prestación de un servicio determinado para la satisfacción de una o más necesidades’.

“Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 3 de mayo de 2005, ha señalado que:

‘(...) siempre será forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que elsujeto- persona natural o jurídica – persigue con la adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor sólo en aquellos eventos en que contextualmente, aspire a la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, doméstica o empresarial- en tanto no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha aunque pueda estar vinculada, de algún modo, a su objeto social-, que es lo que constituye el rasgo característico de una verdadera relación de consumo (...).

‘(...) lo anterior quiere decir que por fuera de la protección normativa quedan los ‘consumidores-empresarios’, es decir, aquellos cuyos actos se dirigen a ser incorporados en procesos productivos o de naturaleza similar; empero, ha de precisarse, esto no significa que las personas jurídicas no puedan ser consumidores finales, pues aunque normalmente no desempeñan tal rol, en la medida en que ‘no adquieren’, al menos en lo general o común, bienes para sí, para su consumo final o beneficio, y menos aún –por su propia índole- para el grupo familiar o social ... ello no quita que, por excepción, frente a supuestos muy especiales-y no genéricos- se considere a las personas jurídicas como consumidores de tales o cuales bienes o servicios (...)’10

“Al respecto, es importante resaltar que, para la Superintendencia de Industria y Comercio, la satisfacción de necesidades a que se refiere el literal c), del artículo primero del Decreto 3466 de 1982 está determinada en razón de la finalidad perseguida y la destinación del bien adquirido o del servicio contratado, en tanto que no estén intrínsecamente ligadas a la actividad profesional o empresarial.

“Es así como, es claro que quien adquiere un bien para incorporarlo en un proceso productivo, para transformarlo o utilizarlo a fin de obtener uno o más productos, o para comercializarlo, no es consumidor, en tanto que en estos casos la necesidad a satisfacer mediante la adquisición de dicho bien está intrínsecamente ligada a su actividad económica propiamente dicha.

“Sin embargo, en los casos en que el bien no sea destinado o utilizado para tales fines y en los que, por lo tanto, no se puede excluir de tajo que exista una relación de consumo, la determinación de la existencia o no de ésta debe realizarse con base en elementos de juicio adicionales que son particulares a cada caso concreto. En tal virtud, no es posible determinar a priori si la contratación de un servicio o la adquisición de un bien crea una relación de consumo y, menos aún, si el bien, considerado independientemente, es objeto o no de unarelación de consumo.

“A modo de ejemplo, esta Superintendencia ha manifestado:

‘(...) si una persona o fabricante de papel suministra el producto a una empresa editorial, entre las dos no se establece una relación de consumo a la luz del Decreto 3466 de 1982, puesto que la segunda incorpora el papel comprado en su proceso productivo y con posterioridad lo coloca nuevamente en el mercado; pero si la empresa editorial suministra impresos a una papelería y ésta no los utiliza para la satisfacción de una necesidad personal sino para colocarlos nuevamente en el mercado, tendrá entonces respecto de esa operación la calidad de ‘proveedor’, según la definición que trae la norma. Al contrario, la dotación de uniformes o ropa que con el propósito de cumplir con las obligaciones laborales que adquiera la empresa editorial con una textilera o un intermediario, será una relación de consumo, teniendo la primera la calidad de consumidor respecto de la segunda a la luz del Decreto 3466 citado.’11

Por lo tanto, de acuerdo con el Decreto 3466 de 1982 y lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia, debe tenerse en cuenta la finalidad perseguida por el adquirente o usuario, de manera que no puede ser considerado consumidor quien adquiere el bien para incorporarlo a un proceso productivo, para transformarlo e introducirlo posteriormente en el mercado, para introducirlo nuevamente en el mercado sin transformarlo o incorporarlo a un proceso productivo, o no se sirve del mismo para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar, doméstica o empresarial que no esté intrínsecamente ligada a su actividad económica propiamente dicha.

“Como se indicó, los primeros supuestos allí incluidos son fácilmente determinables con base en elementos objetivos. Solamente la última hipótesis, aquella según la cual quien se sirve del bien para satisfacer una necesidad empresarial ‘ligada intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha’ es considerado consumidor y no lo es en caso contrario, incorpora elementos subjetivos que requieren ser analizados en cada caso concreto y con base en los supuestos fácticos y las pruebas que se aporten con el fin de determinar si el bien está o no ‘intrínsecamente ligado a su actividad económica’.

“De esta manera, en relación con la aplicación del Decreto 3466 de 1982, le señalamos que lo relevante no es el análisis de la naturaleza del bien, sino, como ya lo manifestamos, la finalidad perseguida por el adquirente o usuario en cada caso particular.

“En tal sentido, si se está en definitiva frente a un consumidor, se aplicarán las normas de protección al consumidor relacionadas con la calidad e idoneidad del bien o servicio adquirido o contratado, y/o con la información que se suministra respecto a los mismos, y/o con las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas o con la fijación pública de precios y, en general, con los aspectos regulados por el Decreto Ley 3466 de 1982, llamado Estatuto de Protección al Consumidor, y por las normas que lo adicionen o modifiquen.

“Por el contrario, en el evento en que el adquirente del bien o servicio no sea un consumidor, el régimen aplicable es el de la responsabilidad contractual y extracontractual consagrado en el Código de Comercio y el Código Civil y, en relación con las garantías en particular, se deberá aplicar lo señalado en los artículos 932 y siguientes del Código de Comercio.

“En conclusión, si existen dudas acerca de la existencia de una relación de consumo en un caso determinado, la determinación de la calidad de consumidor o de la existencia de una relación de consumo, por incorporar elementos que son de carácter subjetivo, deberá ser determinada en cada caso por la autoridad competente, con base en la apreciación de las pruebas que se aporten referentes a la finalidad para la que se adquirió el bien y el uso al que efectivamente se destinó.

“Lo anterior, por cuanto la ley le otorga un status especial al consumidor. Por lo tanto, el que exista una relación de consumo otorga a quien adquiere un bien o contrata la prestación de un servicio una protección que va más allá de aquella que consagra la legislación común en materia contractual y extracontractual.
(…)”

_____________________________________________

8 Corte Constitucional, sentencia C-624 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero

9 Decreto 3466 de 1982, artículo 1 literal c)

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. No. 5000131030011999-04421-01, Magistrado Ponente César Julio Valencia, mayo 3 de 2005.

11 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto 96027242 de Septiembre 2 de 1996.

 

Procedencia del recurso de reposición y apelación. Interés jurídico para recurrir
Resolución No. 9546 del 20 de abril de 2006.
Superintendencia de Industria y Comercio

 

[Mediante resolución No. 412 del 9 de febrero de 2006, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia rechazó el recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto contra el acto administrativo que concedió la matrícula al señor José Nadith Castro Jiménez. Contra la resolución referida, la Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda. Coonorte Ltda., interpuso recurso de queja ante esta Superintendencia. ]

[Para resolver el recurso de queja, esta Superintendencia señaló que] “en relación con el interés de un tercero para recurrir contra un acto administrativo particular, el Consejo de Estado [sostuvo]:

- ‘Los terceros no son la generalidad de los ciudadanos, por lo cual no toda persona que lea un aviso de publicidad puede recurrir. Quien lo haga deberá acreditar un interés particular. De lo contrario el recurso no tendrá éxito.’1 (Subrayado fuera de texto).

- ‘El interés directo ha sido entendido, en sentido amplio, como derivar del mismo un provecho o un perjuicio con relevancia jurídica, es decir, una utilidad o una pérdida, o lo que es lo mismo, experimentar en la esfera jurídica propia de quien dice tener interés, una afectación también jurídica como consecuencia del negocio celebrado. No se trata únicamente de un interés genérico, sino de un interés directo, lo que quiere decir, que tal interés tiene que surgir sin necesidad de acudir a intermediaciones o interpretaciones de ninguna índole. (...)

‘Naturalmente quien dice tener un interés jurídico directo en un asunto, como todo aquel quien haga dentro del proceso una afirmación definida, corre con la carga de la prueba,en primer término, de ese interés y, en segundo término, del carácter de directo ostentado’2 (Subrayado fuera de texto).

- ‘Ellos [los terceros interesados] pueden alegar un interés expresado en el desconocimiento o en la reducción injusta e ilegal de sus derechos y situaciones jurídicas particulares. Ese interés es el que les confiere la legitimidad para formular sus recursos e incoar las acciones pertinentes. (...)

‘Sin embargo, no puede legitimarse la intervención de ningún tercero sino mediante la demostración de un interés directo, es decir, que sea ostensible y cierto, no eventual ni insinuado apenas a la apreciación del fallador.’3 (Subrayado fuera de texto).

“El recurrente, entonces, debe acreditar un interés [para presentar los recursos y en el caso expuesto no demostró interés alguno frente al acto administrativo mediante el cual se matriculó al señor José Nadith Castro Jiménez como comerciante, razón por la cual se confirmó la decisión de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, de rechazar los recursos de reposición y apelación].
(…)”

_____________________________________________

1 Consejo de Estado, Sección Primera, radicación 0314, sentencia del 26 de abril de 1990.

2Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación 25000-23-26-000-2001-0456-01(20456).

3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicación 7853, sentencia del 27 de septiembre de 1996

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO JAIRO RUBIO ESCOBAR Superintendente de Industria y Comercio GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial GUILLERMO JIMÉNEZ MONTIEL Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia  SAMUEL DIAZ ESCANDÓN Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor CLAUDIA RIZO ILLERA Secretaria General

Superintendencia de Industria y Comercio Carrera 13 N° 27 - 00 Pisos 5° 7° y 10° Mezzanine, Edificio Bochica, Bogotá D.C. Conmutador 382 08 40 Centro de Llamadas: 523 11 31 Línea Nacional 018000 910 165 Sede CAN Avenida Carrera 50 N° 27 - 55 Interior 2 Teléfonos: 315 32 65 - 69 Bogotá,. D.C., Colombia