SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTENIDO

Novedad Normativa

Superintendencia de Industria y Comercio.
Circular Externa 02 del 25 de Abril de 2006.

Ministerio de Comunicaciones, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, Superintendencia de Industria y Comercio y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Circular conjunta del 27 de Febrero de 2006.

Superintendencia de Industria y Comercio.
Circular Externa No. 01 del 19 de Abril de 2006.

Novedades de Doctrina

¿Los montacargas tienen garantía de buen funcionamiento?
Concepto No. 05063562.

Actos de Competencia.
Sentencia SIC No. 006 del 2 de Mayo de 2006.

No es posible conferir un poder para sufragar en las elecciones de las juntas directivas de las cámaras de comercio.
Concepto No. 06033649.

La Superintendencia de Industria y Comercio es competente para conocer de la integración de empresas de servicios públicos domiciliarios.
Concepto No. 06039751.

Novedad Jurisprudencial

Indice de Conceptos

NOVEDAD NORMATIVA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
CIRCULAR EXTERNA 02 DEL 25 DE ABRIL DE 2006

Publicada en Diario Oficial No. 46.256 del 2 de mayode 2006

Asunto: Modificación del Título III de la Circular Única.

Principales puntos de interés:

En consideración a las modificaciones que ha venido registrando la regulación vigente en materia de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones y a la implementación del portal “Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones - SIUST”, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, actualizó el Título III de la Circular Única, así:

-En las peticiones, quejas o reclamos (PQRs) que se presentan verbalmente, se deberá informar al peticionario de los recursos que proceden contra las decisiones adoptadas, así como sobre las formalidades para su presentación.

-Se le asignará “(...) un código numérico único (CUN), de atención a cada PQR y recurso presentado verbalmente o por escrito, que no deberá variar a lo largo del trámite”.

-Cada trimestre del año calendario, los operadores de SNDT deberán reportar a la SIC a través del portal del SIUST (www.siust.gov.co), una relación consolidada de todas las PQRs y recursos recibidos directamente por el operador o trasladados a otra entidad.

-Se instruye sobre la manera como deberán remitir a la SIC los expedientes que serán objeto de recurso de apelación.

Publicada en Diario Oficial No. 46.233 del 6 de abril de 2006.

Asunto: Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones, SIUST.

Principales puntos de Interés:

La Superintendencia de Industria y Comercio es competente para conocer de la integración de empresas de servicios públicos domiciliarios
ConceptoNo. 06039751

“(…)

“Esa conclusión se apoya en las siguientes consideraciones:

“1.) La integración empresarial y el régimen constitucional de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

“La Ley 142 de 1994, artículo 186, establece:

‘Para efectos del artículo 84 de la Constitución Política, esta ley reglamenta de manera generallas actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta ley; deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las leyes que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere...’ (Se subraya).

“A su vez, el artículo 84 de la Constitución Nacional establece:

‘Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio’ (Se subraya).

“Según esa norma, la Ley 142 contiene una reglamentación general sobre servicios públicos domiciliarios. A su vez, el artículo 365 de la Constitución exige al legislador adoptar un régimen jurídico en relación con tales servicios. Es necesario, entonces, examinar primero si Constitucionalmente el tema del control previo de integraciones de empresas que presten esos servicios, debe ser regulado por la ley que establezca el régimen jurídico de tales servicios, como es la Ley 142 de 1994, o si la Constitución admite que otra ley que se ocupe del control de integraciones en los mercados en general, puede aplicarse a la integración de las empresas de servicios públicos.

“Dentro del Título XII de la Constitución, sobre régimen económico y de la hacienda pública, el capítulo 5o está dedicado a ‘la finalidad social del Estado y de los servicios públicos’. Como se verá enseguida, los textos constitucionales señalan que la ley definirá el régimen jurídico de los servicios públicos. Sin embargo, tales textos no parecen ordenar que únicamente la ley que se ocupe del régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios, pueda regular un aspecto como la integración de las empresas que los presten. Veamos:

“a) El artículo 365 de la Constitución establece:

‘Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

‘Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita’. (Se subraya)

“Obsérvese que el segundo inciso de la norma establece que los servicios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Sin embargo, la norma no establece que únicamente la ley que se ocupe de ese régimen pueda regular tales servicios.

“Lo que sí es claro, conforme a la citada norma, es que el Estado mantendrá tanto la regulación como la vigilancia de dichos servicios. La norma no hace referencia específica a la competencia económica en los mercados en que se presten esos servicios. Sin embargo, una interpretación sistemática de la Constitución exige entender esa norma en armonía con el artículo 333 de la Constitución que garantiza la libertad económica y la libre competencia en los mercados de toda la economía. Con tal fin establece:

‘La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común…

‘La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades…

‘El Estado, por mandato de la ley,impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

‘La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación’. (Se subraya)

“Debe destacarse cuatro aspectos distintos previstos en esa norma constitucional. En primer lugar, es la ley la que puede señalar cómo impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y cómo evitar o controlar cualquier abuso de posición dominante. En segundo lugar, la norma ordena al Estado impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica. En tercer lugar, garantiza el derecho de competir como un derecho de todos. En cuarto lugar, la norma es aplicable a las personas o empresas que actúen en el mercado nacional en cualquier actividad económica. Ese mandato constitucional no exceptúa actividad o mercado alguno. Por lo tanto los incluye a todos.

“Sobre esas bases, entonces, el deber del Estado de impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica es aplicable a los servicios públicos domiciliarios.

“b) El artículo 367 de la Constitución establece:

‘La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.

‘Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.

‘La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.” (Se subraya)

“Nótese que entre los aspectos que esa norma ordena desarrollar por ley, no está incluido el deber de impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica como lo manda el artículo 333 de la Constitución. Se sigue, entonces, que el mandato del artículo 333 también debe ser acatado por el legislador respecto de empresas de servicios públicos domiciliarios.

“c) El artículo 370 de la Constitución establece:

‘Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan.’ (Se subraya)

“Téngase en cuenta que la primera parte de la norma se refiere a políticas generales de administración y control de eficiencia. La promoción de la competencia y el control de integraciones son, precisamente, medios para estimular la eficiencia. Es claro que el Presidente de la República está sujeto a lo que ordene la ley.Sin embargo, la norma no ordena que esa ley tenga que ser una que se ocupe exclusivamente de servicios públicos domiciliarios. A su vez, la segunda parte de la norma establece que lo que ejerce el Presidente, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es el control, inspección y vigilancia. Por consiguiente, la norma autoriza al Presidente para señalar las políticas generales de administración y el control de eficiencia por medio de autoridades distintas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, si el Presidente así lo considera preciso. Así lo ha entendido el propio legislador. En efecto, el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece: ‘El Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a que se refiere esta ley, por medio de las Comisiones de Regulación de los Servicios Públicos, si decide delegarlas en los términos de esta ley’. (se subraya)

“d) El artículo 150 numeral 23 de la Constitución establece:

‘Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

‘23) Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.”

“Esa norma no ordena regular los servicios públicos por medio de una norma que se ocupe únicamente de ellos.

“e) El artículo transitorio 48 de la Constitución estableció:

‘Dentro de los tres meses siguientes a la instalación del Congreso de la República el Gobierno presentará los proyectos de ley relativos al régimen jurídico de los servicios públicos; a la fijación de competencias y criterios generales que regirán la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como su financiamiento y régimen tarifario; al régimen de participación de los representantes de los municipios atendidos y de los usuarios en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten los servicios, así como los relativos a la protección, deberes y derechos de aquellos y al señalamiento de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.

‘Si al término de las dos siguientes legislaturas no se expidieren las leyes correspondientes, el Presidente de la República pondrá en vigencia los proyectos mediante decretos con fuerza de ley.’ (Se subraya)

“Llama la atención, en primer lugar, que la norma relaciona los aspectos específicos de los que debía ocuparse la ley. Sugiere, entonces, que esa ley no era exhaustiva y omnicomprensiva. Es decir, que no tenía que ocuparse de todo aspecto de la actividad de las empresas de servicios públicos. Si este último hubiese sido el propósito, sería redundante que la norma enunciara los aspectos particulares a que se refiere.

“En segundo lugar, la ley 142 de 1994 que desarrolló ese mandato transitorio a propuesta del Gobierno, no incluyó normas relativas al control previo de integraciones de empresas de servicios públicos. Cabe señalar que otras normas posteriores sobre servicios públicos domiciliarios, como las leyes 143 de 1994 y 689 de 2001, tampoco se ocuparon de esa materia.

“A pesar de lo anterior, el artículo 333 de la Constitución ordena que el Estado, por mandato de la ley, ‘… impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica…’. Esta norma forma parte del capítulo 1º del Título XII de la Constitución que contiene disposiciones generales sobre régimen económico. El artículo 333 resulta aplicable, entonces, en todo aquello en que las normas constitucionales especiales sobre servicios públicos no hayan previsto. En consecuencia, en materia de servicios públicos domiciliarios el Estado tiene el deber de hacer cumplir ese mandato.

“2.) El régimen legal sobre integración de empresas de servicios públicos.

“a) El artículo 2º del decreto 2153 de 1992 establece:

‘Funciones.-La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:

“Dos aspectos deben destacarse de esta norma. En primer lugar, asigna una competencia general y residual a la Superintendencia de Industria y Comercio para velar por la observancia de las normas tanto sobre prácticas comerciales restrictivas, como de promoción de la competencia. En segundo lugar, asigna esa función para que la ejerza en los mercados nacionales. Por consiguiente, en todos los mercados respecto de los cuales la ley no atribuya competencia a otra autoridad, la citada función la ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio.

“b) El artículo 185 de la ley 142 de 1994, relativo al tránsito de legislación en materia de inspección, control y vigilancia de empresas de servicios públicos domiciliarios, dispuso:

‘La Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo las funciones señaladas en el Decreto 2153 de 1992, respecto de las empresas oficiales, mixtas o privadas que presten los servicios públicos de que trata esta ley, hasta el 30 de Junio de 1995. Pero si antes de este periodo se organiza la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de tal manera que pueda ejercer plenamente sus funciones, la Superintendencia de Industria y Comercio dejará inmediatamente de ejercer las funcionespertinentes’ (Se subraya)

“Obsérvese que una vez organizada la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Industria y Comercio debía dejar de ejercer‘las funciones pertinentes’. Debe tenerse presente que la ley 142 de 1994 y las leyes que la han complementado (tal como las leyes 143 de 1994 y 689 de 2001), no contienen normas sobre integraciones de empresas de servicios públicos, ni han atribuido a la Superintendencia de Servicios Públicos funciones legales en esa materia. Por lo tanto, el control de integraciones de las citadas empresas no constituye una de las funciones pertinentes que debía dejar de ejercer la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se organizó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En otras palabras, a partir de la Ley 142 de 1994 y normas que la han complementado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sustituyó a la Superintendencia de Industria y Comercio en todo lo que el legislador expresamente le ha atribuido a la primera. Puesto que el legislador no ha atribuido a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el control previo de integraciones, ni ha exceptuado de ese control a las empresas de servicios públicos, esa función corresponde ejercerla a la Superintendencia de Industria y Comercio.

“c) El artículo 73 numeral 25 de la ley 142 de 1994 incluye entre las funciones de las comisiones de regulación, la siguiente:

‘73.25. Establecer los mecanismos indispensables para evitar concentración de la propiedad accionaria en empresas con actividades complementarias en un mismo sector o sectores afines en la prestación de cada servicio público.’ (Se subraya)

“La norma se refiere a la concentración de propiedad accionaria de empresas de servicios públicos. La norma, entonces, no abarca la concentración de poder de mercado que se evalúa como parte del control previo de integraciones económicas. En consecuencia, la función a que se refiere esa norma, no puede entenderse como una atribución para controlar las integraciones de empresas de servicios públicos domiciliarios.

“d) El artículo 186 de la ley 142 de 1994 establece:

‘Para efectos del artículo 84 de la Constitución Política, esta ley reglamenta de manera generallas actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta ley; deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las leyes que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere...’ (Se subraya).

“Según esa norma, la ley 142 de 1994 regula de manera general la materia, ‘para los efectos del artículo 84 de la Constitución’. Esa norma de la Constitución establece:

‘Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio’ (Se subraya).

“Aunque la ley 142 de 1994 regule de manera general los servicios públicos domiciliarios, ya se vio que no se ocupa de la integración de las empresas que presten tales servicios.

“Sin embargo, no parece que el propósito de la ley 142 de 1994 haya sido dejar sin control previo las integraciones entre empresas de servicios públicos. Antes se examinó cómo el artículo 333 de la Constitución ordena al Estado impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y garantiza a todos el derecho de competir en toda la economía. También se vio por qué las empresas de servicios públicos están sujetas al mandato del artículo 333 de la Constitución. En consecuencia, las leyes que desarrollan el mandato del artículo 333, resultan aplicables en materia de servicios públicos domiciliarios.

“e) Obsérvese que el artículo 333 de la Constitución exige al Estado impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y garantiza a todos el derecho de competir. Esa función es distinta de la función que la misma norma impone al Estado para controlar y evitar abusos de posición de dominio. Sobre esas bases, se sigue que el control de integraciones es una tarea diferente de la de perseguir prácticas de abuso de posición de dominio. Solo a ésta última se refiere la Ley 689 de 2001 cuando ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios conocer de prácticas restrictivas de la competencia y abuso de posición de dominio en mercados de servicios públicos domiciliarios.

“f) Dado que la ley 142 de 1994, no atribuye a autoridad alguna la competencia para ejercer el control previo de integraciones económicas de empresas de servicios públicos domiciliarios, resulta aplicable la ley 155 de 1959, cuyo artículo 4º establece:

‘Las empresas que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora, o consumidora de un artículo determinado, materia prima, producto, mercancía o servicios cuyos activos individualmente considerados o en conjunto asciendan a veinte millones de pesos ($20.000.000), o más, estarán obligadas a informar al Gobierno Nacional de las operaciones que proyecten llevar a cabo para efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha consolidación, fusión o integración.

‘Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional deberá objetar la operación, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, si tiende a producir una indebida restricción a la libre competencia.’

“Esa norma ha sido complementada por el artículo 51 del decreto 2153 de 1992 que establece:

‘Integración de Empresas.- El Superintendente de Industria y Comercio no podrá objetar los casos de fusiones, consolidación, integraciones o adquisición del control de empresas que le sean informados, en los términos del artículo 4º de la ley 155 de 1959 cuando los interesados demuestren que puede haber mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de costos que no puedan alcanzarse por otros medios y que se garantice que no resultará en una reducción de la oferta en el mercado.’(Se subraya)

“La aplicabilidad de estas normas legales a la integración de empresas de servicios públicos domiciliarios surge del mandato general contenido en el artículo 333 de la Constitución cuyo alcance antes se examinó. La norma legal que actualmente desarrolla ese mandato constitucional, en materia de control previo de integraciones, es el artículo 4º de la ley 155 de 1959. Este complementa el artículo 2º numeral 1º del decreto 2153 de 1992 que ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio velar, en general, por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia en los mercados nacionales.

“CONCLUSIONES

“1.) Desde el punto de vista constitucional, el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios no parece agotarse con una ley específica sobre esa materia. Ese régimen jurídico, que la Constitución ordena desarrollar por medio de una ley sobre la materia, no parece comprensivo de todos los aspectos que abarcan los servicios públicos domiciliarios. Ese régimen parece referirse principalmente a la regulación de conductas y a la vigilancia. En particular, ese régimen no incluye el desarrollo de todo lo que implica el artículo 333 de la Constitución.

“2.) El mandato del artículo 333 de la Constitución impone al Estado el deber de impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y que todos los agentes puedan competir en los mercados nacionales. Ese mandato implica controlar las integraciones empresariales en todos los mercados del país, incluyendo los de servicios públicos domiciliarios.

“3.) La norma legal que actualmente desarrolla el mandato del artículo 333 de la Constitución en materia de control previo de integraciones, es el artículo 4º de la ley 155 de 1959.

“4.) El artículo 4º de la Ley 155 de 1959, en concordancia con el artículo 2° numeral 1° del Decreto 2153 de 1992, contiene un mandato general sobre control previo de integraciones. Ese régimen general es aplicable a todas las empresas, cualquiera sea la actividad económica que desarrollen en los mercados del país. Esa función la ejerce de manera general y residual la Superintendencia de Industria y Comercio.

“5.) A partir de la Ley 142 de 1994 y normas que la han complementado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sustituyó a la Superintendencia de Industria y Comercio en todo lo que el legislador expresamente le ha atribuido a la primera.

“6.) Las leyes 142 de 1994 y normas complementarias, no regularon el control previo de integraciones de empresas de servicios públicos domiciliarios, ni excluyeron a esas empresas de ese control. En consecuencia, respecto de esas empresas se aplica el régimen general y residual de la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992.

“7.) Puesto que el legislador no ha atribuido a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el control previo de integraciones, ni ha exceptuado de ese control a las empresas de servicios públicos domiciliarios, por virtud del régimen legal general y residual esa función corresponde ejercerla a la Superintendencia de Industria y Comercio.

“8.) La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad legalmente competente para conocer de las integraciones económicas que proyecten efectuar empresas de servicios públicos domiciliarios.

“Este concepto se rinde con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo y recoge todos los conceptos anteriores emitidos por esta Superintendencia sobre esa materia.
(…)”

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE DE CONCEPTOS