La condición de afiliado a una cámara de comercio se adquiere acreditando el cumplimiento de los requisitos fijados en la ley
Asunto 03003051

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Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número que se indica en el asunto para informarle:
1. La condición de afiliado a una cámara de comercio se adquiere acreditando el cumplimiento de los requisitos indicados en la ley.
2. Es deber de todo comerciante inscribir los libros respecto de los cuales la ley ha establecido esa formalidad, registro que puede llevarse a cabo en cualquier tiempo.
3. La Superintendencia de Industria y Comercio, cuenta con facultades para imponer multas a las cámaras de comercio por infracción a normas legales o estatutos.
Lo anterior por las siguientes consideraciones:
1. Cámaras de comercio
1.1. Afiliación
De acuerdo con lo establecido en el artículo 92 del código de comercio, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del decreto 898 de 2002, podrán ser afiliados a una cámara de comercio los comerciantes que hayan cumplido y estén cumpliendo los deberes de comerciante. Adicionalmente, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 6 del mismo decreto, deben haber renovado su matrícula mercantil.
Ahora bien, en razón a que la ley no establece el procedimiento de vinculación, ni el término dentro del cual los comerciantes podrán ser afiliados a las cámaras de comercio, se infiere que si un comerciante cumple con los requisitos señalados en la ley para tal efecto, la respectiva cámara de comercio deberá efectuar la afiliación solicitada.

Al respecto, esta Superintendencia ha señalado lo siguiente: "Las cámaras de comercio deben aceptar como afiliados a quienes han cumplido con los requisitos legales, lo que les permite acceder a tal calidad, sin que les sea procedente analizar otros aspectos tales como su moralidad, ética o en general elementos que la ley no contiene. Se considera que una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, el órgano facultado para tal fin deberá aceptar la afiliación solicitada sin consideraciones adicionales"

1.2 Deber de registrar los libros de comercio
El código de comercio establece para los comerciantes una serie de deberes, entre los que se encuentra el registrar los libros sobre los que se exija dicha formalidad , igualmente el mencionado código en el artículo 28. hace referencia a la exigencia del registro de los libros de comercio.
Dicho registro debe sujetarse a lo previsto por el artículo 39 del estatuto comercial, el cual señala el procedimiento que debe seguir un comerciante para registrar sus libros de comercio; procedimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del mismo código, podrá cumplirse en cualquier tiempo.
En este orden, es pertinente aclarar que, la obligación de inscribir los libros se predica únicamente de los comerciantes, en este sentido en el evento que estos soliciten su afiliación a una cámara de comercio, ésta deberá como ya se anotó, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley al momento de su solicitud, sin entrar a considerar elementos adicionales.
(...)"

Cumplimiento de las obligaciones de garantizar la calidad e idoneidad de bienes y servicios en sociedades en liquidación
Concepto 02115515

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Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número que se indica en el asunto para informarle:

1. El estado de liquidación voluntaria, no exime a la sociedad de continuar cumpliendo con las obligaciones derivadas de las normas de protección del consumidor, específicamente en materia de garantías, por lo tanto las sociedades que se encuentren en tal situación están obligadas a establecer mecanismos idóneos para cumplir con dichas obligaciones.

2. Los terceros no podrán impugnar la liquidación si ésta se ajusta al inventario aprobado y a las reglas señaladas en la ley.

3. Los consumidores que consideren vulnerados sus derechos como consumidor, podrán presentar su petición queja o reclamo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las acciones consagradas en la ley frente al liquidador de la sociedad, así como las populares, de grupo, civiles y penales que resulten aplicables a la situación en particular.

(...)

2. Efectividad de las garantías sobre bienes y servicios

2.1. Cumplimiento por parte de sociedades en trámite de liquidación

Tal y como lo ha explicado la doctrina, la disolución de la sociedad no concluye de ipso facto, así como ningún vínculo jurídico preexistente de los asociados entre sí, ni de éstos con la sociedad, ni de ella con los terceros.

Agrega el doctrinante que, una vez iniciado el proceso liquidatorio sobrevienen algunas consecuencias jurídicas, entre las cuales está la de la restricción de la capacidad jurídica de la sociedad a los actos indispensables o necesarios a la liquidación, lo cual "no excluye que las operaciones pendientes al sobrevenir el estado de liquidación sean continuadas hasta su culminación"; como son por ejemplo aquellas derivadas de las relaciones de consumo, entre las cuales se encuentran las de hacer efectivas las garantías sobre los bienes y servicios producidos, distribuidos, importados o vendidos por la sociedad que entra en proceso de liquidación.

En este orden, es claro que la sociedad al iniciar su proceso de liquidación voluntaria, deberá incluir en su inventario la enumeración discriminada de sus obligaciones pendientes, dentro de las cuales se encuentran las garantías constituidas a favor de terceros en razón a la venta de bienes.

Ahora bien, tratándose de fabricantes, importadores, expendedores y/o que hayan cerrado los establecimientos y por lo tanto, no puedan seguir prestando los servicios necesarios para hacer efectivas las garantías y suministrar los servicios que fabrican, importan, distribuyen y/o venden, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y el Estatuto del Consumidor están obligados a responder por la calidad e idoneidad de sus bienes y servicios por lo tanto deberán establecer mecanismos idóneos que permitan dar cumplimiento a dichas obligaciones; tales como contratar con terceros su prestación.
En este punto adicionalmente, es necesario destacar que, atendiendo a la obligación consagrada en el artículo 14 del decreto 3466 de 1982, de suministrar a los consumidores información veraz y suficiente, dicha circunstancia - la de encontrarse en trámite de liquidación - debe ser informada claramente a los consumidores.

De acuerdo a lo anterior, para efectos de garantizar los derechos de los consumidores, las sociedades en liquidación, deberán asegurar la prestación de los servicios de garantía para ser prestados una vez termine el trámite, debiendo suministrar dicha información a los consumidores para que en caso de requerirlo, éstos conozcan ante quien acudir a efectos de hacer efectivas las garantías otorgadas.

(...)

4. Acciones Legales

4.1 Responsabilidad del liquidador
De acuerdo a lo señalado en el artículo 252 del código de comercio, "(...) En las sociedades por cuotas o partes de interés las acciones que procedan contra los asociados, en razón de su responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitarán contra los liquidadores, como representantes de los asociados, tanto durante la liquidación como después de consumada la misma, pero dichos asociados también deberán ser citados a juicio respectivo".
Adicionalmente el artículo 255 del código de comercio, señala que, el liquidador responde ante los asociados y terceros de los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes.
De acuerdo a las normas citadas, los terceros, que para el caso concreto serían los consumidores, podrán instaurar las acciones correspondientes en contra del liquidador por el incumplimiento a los deberes que le asisten dentro de la liquidación, dentro de los cuales se ubica los de dar cumplimiento de las garantías ofrecidas.
(...)"

Mérito ejecutivo de las decisiones administrativas y jurisdiccionales referentes a protección al consumidor
Concepto 03004455

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Damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle que, las resoluciones que deciden un recurso de reposición y donde se advierte que contra ella no procede recurso alguno por agotarse la vía gubernativa, pueden prestar mérito ejecutivo si contienen una obligación clara, expresa y exigible según lo dispuesto en los artículos 68 del código contencioso administrativo, 35 del decreto 3466 de 1982 y 488 del código de procedimiento civil. Lo anterior en consideración a lo siguiente:

1. Decisiones que prestan mérito ejecutivo

1.1 Mérito ejecutivo de las decisiones administrativas

En virtud de lo señalado en el artículo 2 numeral 4 del decreto 2153 de 1992, le corresponde a la Superintendencia y Comercio velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre protección al consumidor establecidas en el decreto 3466 de 1982.

Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la potestad de adelantar investigaciones administrativas, de oficio o a petición de parte dar trámite a las quejas de los consumidores e imponer sanciones, por incumplimiento a las normas de protección al consumidor.

Así las cosas, una vez haya finalizado la actuación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio por la inobservancia de las normas de protección al consumidor, y si como resultado de la misma, se ha impuesto una multa, la resolución que finaliza la actuación, presta mérito ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 del código contencioso administrativo, y 35 del decreto 3466 de 1982.

1.2 Mérito ejecutivo de las decisiones jurisdiccionales

La ley 446 de 1998 otorgó facultades jurisdiccionales excepcionales en materia de protección al consumidor a esta Superintendencia, entre otras, para ordenar previa verificación del incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad de un bien o servicio, la efectividad de su garantía a favor del consumidor.

Así las cosas, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ha ordenado la efectividad de la garantía en razón a la inobservancia de las normas de protección al consumidor, tal resolución que ha finalizado una actuación es de carácter jurisdiccional y una vez ejecutoriada hace tránsito a cosa juzgada y por lo tanto, presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 488 del código de procedimiento civil. En consecuencia, se podrá demandar ante la jurisdicción civil dentro de un proceso ejecutivo a quién tenga la obligación de cumplir con la efectividad de la garantía.

(...)"

Procedencia causal de irregistrabilidad por confundibilidad
Referencia expediente 02 30977 resoluci&5657 del 27 de febrero de 2003

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3. Irregistrabilidad por confundibilidad

3.1 Norma

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad como marca de los signos que:

"a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;"

3.2 Concepto

La confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra. El tribunal Andino de Justicia se ha manifestado en numerosas ocasiones dando pautas para la realización del análisis comparativo y definiendo la confundibilidad misma, frente a éste último punto ha indicado que "Tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen."

Para que exista el riesgo de confusión o de asociación que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario analizar los productos o servicios que identifiquen las marcas en conflicto. En efecto, el 'principio de especialidad" circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así este alcance o cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria, para solo aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o si quiera relacionados en alguna medida. Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad.

(...)"