SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTENIDO

Novedad Normativa

Comisión de regulación de Telecomunicaciones
Resolución No. 489 de abril 12 de 2002

Circular Externa N° 08 de abril 11 de 2002

Circular Externa N°07 de abril 3 de 2002

Ministerio de Comunicaciones
Decreto No. 575 de abril 1 de 2002

Ministerio de Comunicaciones
Decreto No. 576 de abril de 2002

Archivo General de la Nación
Acuerdo No. 016 de marzo 8 de 2002

Novedades de Doctrina

Improcedencia de la clausura de una investigación de competencia desleal en ejercicio de facultades jurisdiccionales por otorgamiento de garantías
Concepto N° 02021034

Funciones jurisdiccionales de la SIC en materia de protección al consumidor
Concepto N°. 02022348

Reconocimiento de los reglamentos técnicos dentro de la Comunidad Andina
Concepto N° 02003087

Cancelación de un registro por no uso
Expediente N° 92-344070

Indice de Conceptos

Novedad Jurisprudencial

NOVEDAD NORMATIVA

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES - RESOLUCIÓN No. 489 de abril 12 de 2002

Publicada en el Diario Oficial No. 44.779 de abril 24 de 2002

Asunto: Régimen general de protección a los suscriptores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Principales puntos de interés:

• Reorganiza el régimen general de protección a los suscriptores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones que se encontraba disperso en la resolución 087 de 1997, deroga disposiciones anteriores, y retoma algunos temas tales como: cláusula de período de permanencia mínima, cláusula de prórroga automática, procesos de facturación, tarificación y tasación, tarjeta prepago, entre otras.
  

• Se establece el Régimen Unificado de Interconexión - RUDI- y el régimen tarifario.

• Disposiciones sobre protección de los derechos de los suscriptores y usuarios, entre las cuales se encuentran: obligaciones de los operadores, características de los contratos y tipos de cláusulas, modalidades de contratación, información a los usuarios, facturación, prestación de servicios en la modalidad de prepago, usuarios de los servicios de TPBC.

CIRCULAR EXTERNA No. 08 de abril 11 de 2002

Publicada en el Diario Oficial No. 44.771 de abril 16 de 2002

Asunto: Operadores de los servicios de telefonía móvil.

Principales puntos de interés:

• Se instruye a los operadores de telefonía móvil en cuanto a la información que debe suministrarse a los suscriptores y usuarios y la manera de acceder a la misma. Los usuarios tendrán derecho a que a través de una línea gratuita, se les informe acerca del resumen del estado de su cuenta, el cual debe incluir por lo menos, el plan contratado y su descripción, y los minutos consumidos desde el último corte de facturación hasta 48 horas previas a la consulta. Los operadores tendrán un plazo de seis meses para adecuar sus sistemas y dar cumplimiento a la información resumida del consumo.

• Se imparten instrucciones acerca de los mecanismos de supervisión para llevar un control de calidad del servicio de atención al usuario por vía telefónica y en los puestos de atención. A su vez, auditorías de facturación para certificar la debida aplicación de tarifas y su reflejo en la facturación.

CIRCULAR EXTERNA No. 07 de abril 3 de 2002

Publicada en el Diario Oficial No. 44.758 de abril 4 de 2002

Asunto: Operadores de servicios de telefonía móvil celular y telefonía pública básica conmutada.

Principales puntos de interés:

• En cumplimiento de las disposiciones sobre protección al consumidor, se instruye a los representantes legales de los operadores para que remitan a la Delegatura de Protección al Consumidor, la información respecto a: usuarios activos, PQR resueltas a favor del usuario, recursos de reposición atendidos favorablemente para el usuario, silencio administrativo en sede de la empresa y ordenado por la SIC.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES- DECRETO No. 575 de abril 1 de 2002

Publicado en el Diario Oficial No. 44.758 de abril 4 de 2002

Asunto: Se reglamenta la prestación de los servicios públicos de comunicación personal PCS.

Principales puntos de interés:

• Se fijan las reglas para la prestación de los PCS, el establecimiento, instalación y operación de sus redes y el procedimiento para otorgarlos en concesión.

• Se reitera la definición establecida en la ley 555 de 2000: los PCS son servicios públicos de telecomunicaciones no domiciliarios, móviles o fijos, de ámbito y cubrimiento nacional, que se prestan haciendo uso de una red terrestre de telecomunicaciones, cuyo elemento fundamental es el espectro radioeléctrico asignado, que proporcionan en sí mismos capacidad completa para la comunicación entre usuarios PCS y a través de la interconexión con las redes de telecomunicaciones del Estado, con usuarios de dichas redes.

• Disposiciones sobre la infraestructura de los operadores del servicio, la comunicación de los usuarios PCS, régimen de interconexión, acceso y uso a la red de telecomunicaciones del Estado, y criterios generales de tarificación.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES - DECRETO No. 576 de abril 2 de 2002

Publicado en el Diario Oficial No. 44.759 de abril 5 de 2002.

Asunto: Se modifica el decreto No. 575 de 2002.

Principales puntos de interés:

• La disposición modificada tiene que ver con la transparencia que debe estar presente en todos los procesos de contratación. De esta manera, toda la documentación relativa a los procesos licitatorios para la adjudicación de concesiones de PCS será pública y estará a disposición del público en general salvo en los casos en que haya expresa reserva legal.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - ACUERDO No. 016 de marzo 8 de 2002

Publicado en el Diario Oficial No. 44.759 de abril 5 de 2002

Asunto: Manejo de los archivos de registros públicos llevados por las cámaras de comercio.

Principales puntos de interés:

• Se establece una manera de organizar y llevar el archivo de los registros mercantil y de entidades sin ánimo de lucro, y de proponentes.

• Precisiones sobre custodia, seguridad y consulta del archivo de registros públicos.

• Se establece el deber para las cámaras de comercio de crear un comité de archivo que actuará como grupo asesor de la alta dirección y será el responsable de definir las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los archivos.

NOVEDADES DE DOCTRINA

Improcedencia de la clausura de una investigación de competencia desleal en ejercicio de facultades jurisdiccionales por otorgamiento de garantías
Concepto  02021034

"(...)

Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia para informarle que, la clausura de una investigación en materia de competencia desleal en ejercicio de facultades jurisdiccionales, con ocasión del ofrecimiento de garantías es totalmente improcedente considerando los siguientes argumentos:

1. Competencia desleal en ejercicio de facultades jurisdiccionales

1.1 Improcedencia de la clausura de la   investigación por otorgamiento de garantías

El artículo 52 del decreto 2153 de 1992, establece que "durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se investiga."

Por su parte, el artículo 144 de la ley 446 de 1998 señala en relación con las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio que, en las investigaciones por competencia desleal esta Entidad seguirá el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes.

La Corte Constitucional en la sentencia C- 649 de 2001, sobre las facultades en materia de competencia desleal señaladas en la ley 446 de 1998 a esta Superintendencia expresó: "Asi, el numeral primero de tal artículo faculta en términos genéricos a la Superintendencia en cuestión para velar por la observancia de las normas correspondientes; en este caso las que reprimen la competencia desleal, atender las reclamaciones o quejas que se presenten por hechos que afecten la competencia para alcanzar las finalidades establecidas en la ley. El numeral segundo del mismo artículo le permite a la Superintendencia imponer las sanciones a que haya lugar como resultado de las investigaciones que adelante, tanto por violación de las normas legales cuya integridad debe proteger, como por inobservancia de las instrucciones que ella misma haya impartido. Estas atribuciones genéricas bastan, en sí mismas, para debatir las mismas pretensiones que los jueces tramitan.

"No obstante, debe anotarse que todas las demás facultades que asigna son administrativas , por lo cual se precisa que atribuciones tales como las de imponer las sanciones pecuniarias y las multas que contemplan los artículos 4.15 y 4.16 del decreto 2153 de 1992, mantener un registro de las instrucciones adelantadas, abstenerse de dar curso a las quejas que no sean significativas o dar por terminada la investigación si se otorgan garantías de suspensión o modificación de la conducta investigada no corresponden al ejercicio de funciones jurisdiccionales, sino a manifestaciones de la función meramente administrativa de inspección, vigilancia y control de la transparencia del mercado. Estas competencias administrativas, que también son asignadas por la Ley 446 de 1998, artículo 143, las podrá ejercer la Superintendencia, ya no a prevención con los jueces de la República, sino en cumplimiento de sus propias funciones." (Subrayado fuera de texto)

Así las cosas, si bien la Superintendencia por mandato legal cuenta en materia de competencia desleal con las mismas facultades señaladas en el decreto 2153 de 1992 para la promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, también lo es que, la Corte Constitucional en la sentencia citada claramente indicó que la posibilidad de que la administración acepte o reciba garantías para clausurar una investigación por el ofrecimiento que de ellas haga el presunto infractor de las normas de competencia desleal, hace parte de las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control propias de la naturaleza de esta Entidad.

En este sentido, y bajo el supuesto de su consulta, no es viable que la Superintendencia de Industria y Comercio acepte el ofrecimiento de una caución para lograr que precluya  una investigación en materia de competencia desleal de tipo jurisdiccional.

(...)"

Funciones jurisdiccionales de la SIC en materia de protección al consumidor
Concepto  02022348

"(...)

1. Funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en  materia  de protección del Consumidor

La ley 446 de 1998, expedida con el fin de descongestionar los despachos judiciales y de facilitar el acceso a la administración de justicia, asignó funciones de carácter jurisdiccional a determinadas autoridades administrativas en materias precisas, en razón de su especial conocimiento de las mismas y por consiguiente su adecuada capacidad para dar un trámite expedito y certero a dichas controversias.

Es así como, la referida ley le otorgó a la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del artículo 145, precisas facultades jurisdiccionales a prevención en materia de protección al consumidor, para:

"a) Ordenar el cese y difusión correctiva a costa del anunciante, en condiciones idénticas, cuando un mensaje publicitario contenga información engañosa o que no se adecue a las exigencias previstas en las norma de protección del consumidor;

"b. Ordenar la efectividad de la garantía de bienes y servicios establecidas en las normas de protección al consumidor o las contractuales si ellas resultan más amplias;

"c. Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y de manera preventiva la producción, la comercialización de bienes y / o el servicio por un término de treinta (30) días, prorrogables hasta pon un término legal, mientras se surte la investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el producto y/o servicio atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores."

2. Competencia a prevención en materia de facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en Protección al Consumidor

(...)

A prevención significa entonces,  que si otra autoridad  judicial se encuentra conociendo de los mismos hechos sobre los cuales se solicita la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, esta Entidad carece de competencia para avocar su conocimiento y adoptar decisiones en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales.

De otra parte, el artículo 147 de la ley 446 de 1998, dispone textualmente:

"Competencia a prevención. La Superintendencia o el Juez competente declarará de plano la nulidad de lo actuado inmediatamente como tenga conocimiento de la existencia del proceso inicial y ordenará enviar el expediente a la autoridad que conoce del mismo.

"El incumplimiento de este deber hará incurrir al respectivo funcionario en falta disciplinaria, salvo que pruebe causa justificativa."

Como consecuencia de lo anterior, se infiere en forma clara y precisa que, si la Superintendencia de Industria y Comercio ha avocado previamente a otras autoridades judiciales, el conocimiento de asuntos en materia de protección al consumidor, con fundamento en las precisas facultades jurisdiccionales que le han sido otorgadas por mandato legal, tendrá sobre el particular una competencia excluyente y exclusiva.

En caso contrario, si esta Superintendencia tiene conocimiento que, en otro despacho judicial se ha iniciado previamente un proceso por las mismas causas del que se tramita ante esta Entidad, deberá remitir el expediente al correspondiente despacho judicial, declarando la nulidad de todo lo actuado.

(...)"

Reconocimiento de los reglamentos técnicos dentro de la Comunidad Andina
Concepto  02003087

"(...)     

1. Los reglamentos técnicos deben incluir el tipo de documento, certificado, registro o declaración requerido, dentro del procedimiento para evaluar la conformidad del producto, servicio o proceso sujeto al reglamento, de acuerdo con lo establecido en la circular externa de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Dentro de la Comunidad Andina son reconocidos y aceptados, de acuerdo con el contexto de la Decisión 506, los certificados de conformidad de los productos que se comercialicen en la misma, expedidos según el reglamento técnico o la norma técnica de observancia obligatoria del país de destino, de modo que, en Colombia, los certificados de conformidad admitidos son los que señala la circular externa de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Decisión 506, siempre que la NTCOO o el reglamento técnico los admita.

(...)

"2. Certificados de conformidad

2.1. Clases de certificados de conformidad

De acuerdo con lo establecido en la Decisión 506 de la Comisión de la Comunidad Andina,  norma comunitaria sobre el reconocimiento y aceptación de certificados de productos que se comercialicen en la Comunidad Andina, serán reconocidos y aceptados los certificados de conformidad de producto, de acuerdo con el reglamento técnico o la norma técnica de observancia obligatoria del país de destino.

Ahora bien, los certificados de conformidad dispuestos en su artículo 5 son reconocidos y aceptados dentro del comercio de la Subregión en aquellos casos en que "el Reglamento Técnico o la Norma Técnica de observancia obligatoria del país de destino así lo admita". (Subrayado fuera de texto)

Así las cosas, teniendo en cuenta que las clases de certificados de conformidad admitidos en las normas y/o reglamentos técnicos colombianos pueden ser también los relacionados en la circular externa de la Superintendencia de Industria, el ordenamiento supranacional no deroga ni modifica el numeral 2.3 del capítulo segundo  del título IV de la circular única pues el mismo constituye una regulación que no contraría ni obstaculiza la aplicación de la Decisión 506 al expedirse dentro del marco de un complemento indispensable.

En conclusión, dentro de la Comunidad Andina son reconocidos y aceptados, de acuerdo con el contexto de la Decisión 506, los certificados de conformidad de los productos que se comercialicen en la misma, expedidos de acuerdo con el reglamento técnico o la norma técnica de observancia obligatoria del país de destino, de modo que, en Colombia, los certificados de conformidad admitidos pueden ser los que señala la circular externa de la Superintendencia de Industria y Comercio y los del artículo 5 de la Decisión 506, siempre que la norma técnica o reglamento técnico obligatorios así lo admitan.

(...)"

Cancelación de un registro por no uso
Expediente  92-344070
Resolución No.2423 del 30 de enero de 2002

"(...)

Cancelación de un registro por no Uso.

1. Norma.

El punto a analizar es la aplicabilidad del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy artículo 165 de la Decisión 486, parámetro legal que determina los presupuestos necesarios para cancelar un certificado de registro por no uso. El tenor literal de la disposición establece: " la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros , por su titular o por un  licenciatario  o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada".

(...)

Presupuestos para cancelar un Certificado de registro.

A partir de la norma contemplada en la Decisión 486, para cancelar un certificado de registro es necesario que la marca no haya sido efectivamente usada dentro del mercado andino, de manera continua y efectiva durante los tres años anteriores a la fecha en que se solicita la cancelación. Sin embargo, no cualquier uso de la marca evita la cancelación del registro. Es necesario inicialmente determinar la naturaleza de los productos que se comercializan, a efecto de valorar si los volúmenes de venta acreditados dentro de la actuación administrativa, cumplen con el requisito de ser efectivos, es decir, si la marca tiene una representación relevante en el mercado andino.

Para este efecto, es necesario inicialmente determinar la naturaleza de los productos distinguidos con la marca, la libertad de adquisición de estos bienes, la forma en que se comercializan, y su especialidad (es decir, si son bienes de consumo masivo o popular o, por el contrario son productos  dirigidos a un grupo selecto de consumidores), factores que nos permiten concluir si el uso alcanzado dentro del mencionado término es efectivo.

Por otra parte, se exige que el uso desplegado dentro del término legal correspondiente (3 años ), haya sido ejecutado por su titular, licenciatario o persona autorizada, hecho que legitima a los terceros para comercializar los productos identificados con el signo, y  correlativamente da cumplimiento a la obligación de uso impuesta al titular. En este sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena establece    ".... Resultan claras las normas del régimen comunitario sobre cancelación por no uso cuando establecen de manera uniforme que el uso de la marca con capacidad de contrarrestar la acción de cancelación, es el efectuado por el titular de la marca o por quien hubiere sido legítimamente autorizado por éste como licenciatario o cesionario o a quien se le haya transferido la marca, a la luz de los establecido en la Sección VII de las decisiones 311, 314 y 344 ".

Con base en los anteriores fundamentos, la Delegatura concluye que  para evitar la cancelación del registro de un signo es necesario que dentro de la actuación administrativa queden acreditados los siguientes presupuestos:

. Uso regular y efectivo del signo dentro de los tres años anteriores a la fecha de la presentación de cancelación, por su titular, licenciatario o persona debidamente autorizada (siendo factor esencial a tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos)

. Presencia y disponibilidad de los productos en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina (factor representado por la venta efectiva alcanzada dentro del término objeto de análisis).

Factores a ser tenidos en cuenta por este despacho al momento de valorar los medios de prueba aportados al expediente.

(...)

2.         Uso Exigido por el Derecho Comunitario.

El artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena determina " Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en  el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo los cuales se efectúa su comercialización en el mercado....."

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en interpretación prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (concepto aplicable al artículo 166 de la Decisión 486), contempló algunos parámetros para determinar el uso de una marca, en el siguiente sentido  " .... el  uso de la marca a que se refiere la norma citada debe medirse con respecto a su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual deba ejercitarse el uso, elementos estos que deberán ser acreditados para que la acción de cancelación no prospere.

"Con arreglo a la forma, para este Tribunal no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca ".

Por otra parte, la doctrina internacional proporciona elementos o parámetros objetivos que nos permiten inferir cuándo una marca está siendo efectivamente usada en el comercio . El Doctor  Carlos Fernández Novoa, estima,  " el punto básico es el siguiente: para considerarse usada de manera efectiva y relevante la marca ha de hacer públicamente acto de presencia  en el correspondiente mercado de productos o servicios" y más adelante agrega "el prototipo del acto de uso relevante  de la marca es la venta de artículos de marca......  el artículo de marca se puede vender en pequeñas o grandes cantidades y la venta puede hacerse de manera esporádica o continuada. De aquí se sigue que para perfilar con precisión  el prototipo del  acto de uso de la marca, haya que determinar cuándo por alcanzar una entidad mínima la venta de los artículos de marca constituye una utilización normal o seria de la marca".

En el mismo escrito, el doctor Carlos Fernández Novoa cita a la doctrina alemana la cual considera que el uso del signo no es serio cuando la venta de los productos distinguidos con la marca se venden de manera esporádica a consumidores aislados. Por lo cual,  la venta ha de ser continuada. Adicionalmente, considera que otro punto relevante en el estudio correspondiente es la índole del artículo que se comercializa, el cual, marca la referencia del volumen de ventas que se alcance por la empresa.  " En relación con la índole del artículo de marca, se hace hincapié en que han de aplicarse criterios distintos según que la marca se utilice para diferenciar mercancías producidas en masa o de consumo diario, o bien se emplee para diferenciar artículos altamente especializados"

Por su parte, dentro de nuestra jurisprudencia interna quedó debidamente adoptada una posición jurisprudencial  de lo que ha de entenderse por uso real y efectivo a la luz del derecho comunitario. El Consejo de Estado remite las consideraciones que para el efecto planteó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, frente a la acción de cancelación por no uso en el siguiente sentido. "... Ha expresado así mismo que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a  productos que se lanzan al mercado, el uso de la misma deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio....."

En opinión de esta delegatura la posición adoptada acoge las disposiciones normativas de carácter interno frente a lo que se entiende como actos o operaciones mercantiles, en las cuales los actos de disposición de los bienes y servicios se ven reflejados por la habitualidad y onerosidad de las operaciones mercantiles celebradas. Frente a este planteamiento el doctor Gabino Pinzón considera: "En todas estas operaciones - que han sido calificadas como mercantiles en los códigos de comercio- no hay realmente sino una característica o finalidad común, el ánimo de lucro, ya que los actos a título gratuito son ajenos a la vida comercial". Estos factores nos permiten concluir que las actividades  propias que acreditan la presencia y disponibilidad de los productos y, que adicionalmente dan cumplimiento a la obligación de uso impuesta por el derecho comunitario, es la disposición onerosa de los bienes, constituyendo un factor objetivo necesario que debe quedar probado dentro del expediente para determinar si éstas dan cumplimiento al parámetro de uso efectivo para inhibir los efectos de la cancelación del registro, es decir, al determinar el derecho comunitario que la presencia y disponibilidad efectiva de los productos se medirá en relación a la cantidad de bienes comercializados y a la naturaleza de los productos, solamente es posible determinar este factor a partir de las operaciones mercantiles que sobre los productos identificados con la marca se celebraron efectivamente dentro del periodo objeto de estudio. Por lo cual, consideramos que la simple inversión en publicidad no refleja la efectividad del uso del signo sobre los productos comprendidos en la clase 25 internacional, al no ser esta actividad calificada como mercantil, sino como una herramienta de mercadeo que utiliza el empresario para incursionar sus productos en el mercado tendiente a obtener el reconocimiento de sus productos por parte de los consumidores, dentro de nuestro caso y como más adelante se mencionará este interés se ve reflejado en el reconocimiento de otra clase de productos, cigarrillos, sobre los cuales el titular del registro también tiene un derecho de exclusividad, y no en la explotación comercial de los productos de la clase 25. 

(...)"

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE DE CONCEPTOS