SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTENIDO

Novedad Normativa

Resolución N° 44691 del 31 de diciembre de 2001

Resolución N° 00004 del 2 de enero de 2002

Resolución N° 00005 del 2 de enero de 2002

Resoluciones Nos 1190, 1191, 1192,1193,1194 del 20 de diciembre de 2001

Decreto N° 2887 del 27 de diciembre de 2001

Ley 722 del 24 de diciembre de 2001

Novedades de Doctrina

Competencia de la SIC para conocer de las infracciones al régimen de competencia desleal por parte de las empresas de servicios aéreos
Concepto N° 01099286

Término Efectividad de Garantía
Concepto N°. 01105339

Únicamente los organismos de certificación acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio pueden emitir certificados con carácter oficial
Concepto N° 01103658

Oportunidad para reclamar a un operador de telefonía móvil celular
Concepto N°. 01090723

Definiciones y mecanismos de protección del Know -how.
Concepto N° 01096187

Aplicación de la 8ª edición de la clasificación de productos y servicios dispuesta en el Arreglo de Niza
Concepto N° 02005733

Indice de Conceptos

Novedad Jurisprudencial

NOVEDAD NORMATIVA

RESOLUCION No. 44691 del 31 de diciembre de 2001

Publicada en el Diario Oficial No. 44665 del 3 de enero de 2002

Asunto: Modificación al Título X Capítulos Primero y Quinto de la Circular Única de 2001.

Principales puntos de interés:

• Se modifican las tasas aplicables a los trámites de propiedad industrial.

RESOLUCION No. 00004 del 2 de enero de 2002

Publicada en el Diario Oficial No. 44673 del 11 de enero de 2002

Asunto: Modificación al Título II Capítulo Primero numeral 1.2.5.2. literal a de la Circular Única de 2001

Principales puntos de interés:

• Hasta el 30 de junio de 2002 los certificados de conformidad de las instalaciones podrán ser expedidos por empresas con experiencia no inferior a tres años en labores de interventoría de instalaciones de gas.

• Obligación para estas empresas de inscribirse en la SIC .

RESOLUCION No. 00005 del 2 de enero de 2002

Publicada en el Diario Oficial No. 44673 de enero 11 de 2002

Asunto: Adición del Capítulo Quinto al Título II de la Circular Única de 2001

Principales puntos de interés:

• A través del registro de calidad e idoneidad de bienes y servicios se efectuará el depósito de la declaración unilateral de las características que determinan la calidad e idoneidad de los bienes y servicios destinados al consumo público que el respectivo productor o importador ponen en el mercado.

• Precisiones acerca del registro: depósito, vigencia, modificaciones, responsabilidades, verificación de condiciones depositadas, tarifas, información a los consumidores y consulta.

RESOLUCIONES Nos. 1190, 1191, 1192, 1193, 1194 del 20 diciembre de 2001

Publicadas en el Diario Oficial No. 44662 del 30 de diciembre de 2001

Asunto: Normas Técnicas Oficiales Obligatorias

Principales puntos de interés:

• Se elimina la obligatoriedad de algunas normas técnicas colombianas oficiales obligatorias. El control y vigilancia de algunas, corresponde a la SIC.

DECRETO No. 2887 del 27 de diciembre de 2001

Publicado en el Diario Oficial No. 44662 del 30 de diciembre de 2001

Asunto: Se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política.

Principales puntos de interés:

• Se deroga artículo que sometía la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, a un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Es decir, la Comisión Nacional de Televisión.

• El Congreso de la República a iniciativa del Gobierno, expedirá la ley que fijará la política en materia de televisión

LEY No. 722 del 24 de diciembre de 2001

Publicada en el Diario Oficial No. 44662 del 30 de diciembre de 2001

Asunto: Aprobación de acuerdo de alcance parcial de complementación económica.

Principales puntos de interés:

• Se aprueba el acuerdo de alcance parcial de complementación económica número 48 entre el Gobierno de la República Argentina y los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina, suscrito en Montevideo el 29 de junio de 2000.

• Se establecen márgenes de preferencia fijos como un primer paso para la creación de una Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y el Mercosur.
  

NOVEDADES DE DOCTRINA

Competencia de la SIC para conocer de las infracciones al régimen de competencia desleal por parte de las empresas de servicios aéreos
Concepto 01099286

(...)

"1. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en competencia desleal

Como desarrollo de los postulados enunciados en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, la ley 256 de 1996 prohibe de manera general la competencia desleal, enuncia algunas conductas desleales y establece las acciones derivadas de ellas, las cuales pueden ser ejercidas por el afectado ante las autoridades jurisdiccionales competentes.

Por su parte, la ley 446 de 1998 a través de sus artículos 143 y 144 le otorgó a la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como la explicó la Corte Constitucional a través de la sentencia C- 649 de 2001, facultades tanto administrativas como jurisdiccionales en materia de competencia desleal.

En este orden de ideas, en relación con las facultades de naturaleza administrativa, teniendo en cuenta que el artículo 143 le otorga a esta Superintendencia las mismas facultades que tiene en prácticas comerciales restrictivas, concluimos que al igual que en esa materia, en virtud del numeral 1 del artículo 2 del decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la competencia para conocer de los trámites administrativos en materia de competencia desleal en relación con los prestadores de servicios aeronáuticos, puesto que dicha competencia no se le ha otorgado a ninguna otra autoridad.

Ahora bien, en relación con las facultades de naturaleza jurisdiccional a prevención en competencia desleal que le fueron otorgadas igualmente a la Superintendencia de Industria y Comercio por la misma ley 446 de 1998, además de aplicársele la misma  conclusión anterior, es pertinente aclarar que tal y como lo ha expresado la misma Corte Constitucional [1] al interpretar el artículo 116 de la Carta Política, el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas debe hacerse para materias claras y precisas y únicamente es competencia del legislador. En consecuencia, teniendo en cuenta que ni la ley 256 de 1996 ni la ley 446 de 1998, así como ninguna otra norma le ha otorgado competencia jurisdiccional a otra autoridad para conocer de los asuntos de competencia desleal en relación con los prestadores de servicios aéreos, concluimos que por haberle sido otorgada de manera general dicha competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin excepción en relación con este sector, es esta Entidad la autoridad competente para conocer de estos asuntos.

En conclusión, la competencia para conocer de las acciones jurisdiccionales en materia de competencia desleal en relación con los operadores de servicios aéreos y en general en todos los sectores la tienen a prevención  tanto los jueces civiles del circuito, como la Superintendencia de Industria y Comercio." 

Término Efectividad de la Garantía
Concepto  01105339

"(...)        

"Damos respuesta a su petición contenida en la comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle que, cuando se repare o cambie un bien a título de efectividad de la garantía, comienza a correr respectivamente, un nuevo término de garantía en relación con la reparación como tal y con los específicos elementos parte del bien que fueron reparados o con el nuevo bien entregado en cambio. Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos:

(...)

"1.3 Término

·         De las garantías legales: Dependiendo de la fuente legal de donde se derive la garantía su término será el indicado en el registro o licencia,  cuando no exista registro este tiempo será el determinado por el productor y a falta de éste, el determinado por las condiciones ordinarias y habituales del mercado.

·         De las garantías voluntarias o adicionales: Será el término indicado por el productor, el proveedor o el expendedor, según el caso.

Con base en lo anterior, el numeral 1.2.1 del capítulo primero del título II de la circular única 10 de 2001 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio establece que "cuando se repare o cambie un bien o servicio a título de efectividad de la garantía, comenzará a correr un nuevo término de ésta a partir de la última entrega o reparación." Nótese como la norma diferencia cada una de las formas de hacer efectiva la garantía para efectos de comenzar a contar nuevamente su término, de tal manera que, cuando ésta se haya hecho efectiva reparando el bien, el nuevo término que se empieza a contar se refiere únicamente a la reparación como tal y a los elementos específicos, parte del bien que fueron objeto de reparación, de modo que para los demás componentes del bien, el término inicial de la garantía no sufre ninguna alteración.  Ahora bien, si la garantía se hace efectiva cambiando el bien por otro de la misma especie, el nuevo término se refiere al nuevo bien, por lo que el término inicial ya no se tiene en cuenta.

Llegados a este punto es pertinente anotar que tratándose de vehículos automotores, "el lapso superior a una semana, durante el cual el consumidor esté privado del uso del vehículo automotor en garantía, por cualquier causa relacionada con su reparación imputable a los responsables de efectuarla, interrumpirá automáticamente el plazo de la garantía otorgada, debiendo computarse dicho tiempo como prolongación del mismo." De conformidad con lo anterior, tratándose de vehículos automotores se aplica la disposición del numeral 1.2.1 en cuanto al alcance de la garantía de las reparaciones o del nuevo vehículo entregado a título de efectividad de la garantía, según el caso. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de la regla general, en virtud de la cual, como ya explicamos,  no obstante haberse efectuado reparaciones a título de efectividad de la garantía, salvo respecto a la reparación como tal y los elementos específicos reparados, el término inicial de la garantía de los demás componentes del bien reparado no sufre modificaciones, en el caso de los vehículos automotores, si con ocasión de esas reparaciones, el consumidor ha estado privado de su uso por un término superior a una semana, el término inicial de la garantía debe entenderse ampliado por el mismo tiempo en que se encuentre privado del uso del vehículo con motivo de la reparación."

Únicamente los organismos de certificación acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio pueden emitir certificados con carácter oficial
Concepto  01103658

"(...)           

"Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle que un organismo de certificación de personal puede prestar servicios sin que esté previamente acreditado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, solamente los organismos de certificación acreditados pueden emitir certificados con carácter oficial." Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos:

1. Acreditación

1.1  Organismos de Certificación de Personal

Conforme a lo dispuesto en el decreto 2269 de 1993, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio acreditar mediante acto administrativo a los organismos de certificación de personal que lo soliciten y cumplan con los requisitos exigidos para el efecto.

La acreditación que la Superintendencia de Industria y Comercio otorga a los organismos de certificación de personal es "para operar y realizar pruebas, ensayos, calibraciones o mediciones en los campos específicos en que cuenten con adecuada competencia e idoneidad técnica. Todos los organismos acreditados quedarán obligados a prestar servicios a terceros".

No obstante lo anterior, un organismo de certificación de personal puede prestar servicios sin que esté previamente acreditado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La prestación del servicio de certificación de personal por el organismo, permitirá evaluar dentro del proceso de acreditación la implantación de lo documentalmente descrito en cuanto a sus procedimientos, funcionamiento del sistema de calidad y demás requisitos que le sean aplicables de acuerdo a los criterios establecidos en la norma o guía internacional correspondiente a la modalidad de acreditación solicitada, el decreto 2269 de 1993 y lo previsto en el título V capítulo 5 de la circular única 10 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ahora bien, es preciso anotar que en tanto un organismo certificador de personal no obtenga su acreditación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede emitir certificados oficiales sobre el cumplimiento de norma técnica alguna, por tal razón los certificados que expidan  tendrán validez entre particulares únicamente, no siendo oponibles a la Superintendencia y otra autoridad para efectos de demostrar el cumplimiento de la norma, por provenir de una entidad no acreditada". 

Oportunidad para reclamar a un operador de telefonía móvil celular
Concepto  01090723

"(...)

"Damos respuesta a su consulta radicada bajo el número de la referencia para informarle que, debe considerarse oportuna la presentación de una queja en materia de telefonía móvil celular y demás servicios no domiciliarios de telecomunicaciones, si versa sobre facturas expedidas con un máximo de cinco (5) meses de anterioridad a la presentación de tales PQR´s.  Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos:

1. Telefonía móvil celular -  Facturación

1.1  Oportunidad para reclamar

El artículo 1 de la ley 142 de 1994, ley de servicios públicos domiciliarios, establece el ámbito de aplicación de dicha norma enunciando los servicios públicos a los cuales se aplica la misma.  El legislador en el artículo 14.26 de la misma ley, de manera expresa determinó exceptuar el servicio de telefonía móvil celular en los siguientes términos:

"(...) Exceptúase la telefonía móvil celular, la cual se regirá, en todos sus aspectos por la ley 37 de 1993 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan."

Por su parte, el decreto 990 de 1998, por el cual se expidió el reglamento de usuarios del servicio de telefonía móvil celular, estableció en el capítulo VI, artículo 17, que los reclamos por facturación deberían presentarse, a más tardar, el día hábil anterior al vencimiento del plazo para el pago oportuno y que, de no presentarse el reclamo en dicho plazo, se generaría la obligación de cancelar el monto total de la factura sin perjuicio de formular una reclamación contra dicha factura, dentro del mes siguiente a la fecha de pago oportuno señalada en la misma.

No obstante lo anterior, el artículo 40 del decreto 1130 de 1999 al establecer que, "corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio y en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores. Para tal efecto, la Superintendencia, contará en adición a las propias, con las facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios", confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio todas aquellas facultades encaminadas a la protección de los derechos de los usuarios, con que cuenta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Dichas facultades no son otras que las  previstas en el capítulo VII,  título VIII de la ley 142 de 1994, tal como se señala en el numeral 1.8 del capítulo I, título III de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio:  "Las facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos en materia de protección al usuario se encuentran consagradas, entre otras, en el capítulo VII, título VIII de la ley 142 de 1994, disposiciones que establecen las condiciones y procedimientos para la atención por parte de los operadores de las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios."

En consecuencia, los operadores de telefonía móvil celular deberán tramitar las peticiones, quejas y reclamos que les sean presentados, de acuerdo con lo prescrito en el capítulo VII, título VIII de la ley 142 de 1994 que, en relación con el asunto bajo estudio, señala en su artículo 154  la posibilidad que tienen los usuarios de presentar reclamaciones contra facturas que no tengan más de cinco meses de haber sido expedidas por el operador.   

Conforme a lo anterior, para el tema que nos ocupa  - la norma  aplicable para efectos de establecer el término dentro del cual es oportuno que el usuario presente una reclamación o queja respecto del cobro contenido en una  factura-, tenemos que, en criterio de esta Superintendencia, la norma aplicable es el artículo 154 de la ley 142 de 1994, en razón a que el artículo 17 del decreto 990 de 1998 se encuentra derogado por el decreto 1130 de 1999.  Decreto éste que, como se ha señalado, le confiere a la Superintendencia de Industria y Comercio facultades en materia de protección de los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores, cuyo ejercicio no se concibe posible sin el otorgamiento implícito del procedimiento para aplicarlas, el cual se encuentra descrito en el capítulo VII del título VIII de la ley 142  de 1994.

A lo anterior se suma que, el artículo 14.26 de la ley 142 de 1994 señala que la telefonía móvil celular se regirá en todos sus aspectos por la ley 37 de 1993 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan  y precisamente el decreto 1130 de 1999 lo que hizo fue derogar    - en virtud de la remisión que hace a la ley 142 de 1994-  el decreto 990 de 1998 en su artículo 17.

Siguiendo con este tema de la derogatoria, cabe aclarar que cuando esta Superintendencia se refiere a la "prevalencia" de una norma sobre la otra, entiende por tal expresión la de derogatoria, ya que no tiene sentido que subsistan dos normas que brinden tratamientos distintos frente a un mismo asunto. De ser así, se atentaría contra la coherencia y armonía que debe tener cualquier ordenamiento jurídico." 

Así las cosas, para el caso en consulta, el decreto 1130 de 1999 no modificó la ley 142 de 1994, sino el decreto 990 de 1998 en el artículo 17.  La incompatibilidad entre lo normado por este decreto y la ley 142 de 1994, es disuelta por el decreto 1130 de 1999 en virtud de la remisión que  hace a la ley 142, siendo claro que la norma aplicable para efecto de establecer la oportunidad del usuario para presentar la reclamación o queja respecto al cobro contenido en una factura es el artículo 154 de la ley 142 de 1994, el cual establece un término máximo de cinco meses contados a partir de la fecha de  expedición de la factura." 

Definiciones y mecanismos de protección del Know-how
Concepto  01096187

"(...)

Damos respuesta a su petición contenida en la comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle que la legislación colombiana no contempla el Know - how como figura independiente objeto de protección legal autónoma. En consideración a lo anterior, haremos una breve presentación de las definiciones y mecanismos de protección del Know  - how que han sido doctrinalmente explicados, no sin antes advertir que este tema no tiene una posición unívoca en la doctrina. Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos:

1         "Know - how

1.1 Concepto

La Cámara Internacional de Comercio, citada por el tratadista Herbert Stumph [2] definió el Know - how como la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto, y precisando que, dicho concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente y que también puede designar procedimientos prácticos, particularidades y procedimientos especializados técnicos, que hayan sido obtenidos por un productor a través de la investigación y no deben ser adquiridos por la competencia.

El mismo tratadista Stumpf cita a los autores Lüdecke y Fisher quienes afirman que el Know - how no se trata de los resultados de una actividad inventiva, ni siquiera de algo que sea casi susceptible de constituir una patente o un modelo de utilidad, sino de experiencias adquiridas en un lapso prolongado, que otro desea obtener para economizar tiempo.

Stumpf considera que por Know How han de entenderse conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite, o llegado el caso, le hace posible al beneficiario no solo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como la organización y administración. Afirma que es un saber no protegido por derechos de tutela industriales y que generalmente, existe un secreto, pero que éste no es una condición fundamental, haciendo referencia en este punto a los contratos de transferencia de tecnología.

Marco Antonio Velilla, acogiendo la definición de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, señala que el Know - how está constituido por los conocimientos y la experiencia de naturaleza técnica, comercial administrativa u otra que sea aplicable en la práctica, para la explotación de una empresa o para el ejercicio de una profesión. Agrega que, sus principales características están en que es un saber técnico, es decir práctico, transmisible y secreto, lo cual no implica que necesariamente deba ser nuevo, sino que lo que importa es que no sea accesible al público, es decir que sea guardado como secreto, de tal manera que no sea conocido por todo el mundo. [3]

La doctrina coincide al afirmar que el Know - how es susceptible de ser objeto contractual. Velilla define entonces el contrato de comunicación o transmisión de conocimientos como aquel mediante el cual quien es  propietario de un proceso o método transmite sus conocimientos o Know - how a otra persona con el objeto de ayudarla a la fabricación de un producto o en la ejecución de una determinada prestación de servicios.

 1.2  Protección

Como ya quedó claro, la doctrina al definir el Know -  how le otorga diferentes características de las cuales depende entonces el régimen de protección que le es aplicable.

En este orden de ideas, si se acoge la definición de la Cámara Internacional de Comercio se concluye que  el Know - how podría ser protegido de conformidad con el régimen de propiedad industrial, ya sea a través de una patente o tratándolo como un secreto industrial. De este modo, el Know -how debería reunir los requisitos requeridos para que se otorgue una patente o para que un conocimiento se considere como secreto empresarial o industrial y sea protegido como tal.

Del mismo modo, si se acoge el criterio del tratadista Marco Antonio Velilla y se concluye el Know - how es siempre secreto, su régimen de protección será el consagrado para el secreto empresarial, el cual para nuestro caso es el contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para Stumpf, el Know - how no es un forma de derecho de protección industrial, por cuanto carece de las características de un derecho exclusivo y afirma, basado en la legislación alemana, que si el Know - how es objeto de algún desafuero, las consecuencias jurídicas tendrán que ajustarse a la persona del que lo haya cometido, explicando que dicha protección puede referirse al co - contratante desleal, debiéndose fundamentar el titular del know - how en una transgresión por parte del beneficiario, de sus obligaciones contractuales. Igualmente afirma que, en el caso de no haberse celebrado todavía el contrato, encontrándose todavía en la etapa de las negociaciones previas, el futuro beneficiario  tiene la obligación de tratar como confidencial la información que se le transmite y si no lo hace, deberá indemnizar al titular por el daño que haya sufrido.  Igualmente señala que el Know - how puede protegerse en relación con los empleados, aplicando para ello las disposiciones contenidas tanto en las leyes laborales, como en las penales. Anota también que bajo esta óptica procede también la protección frente a terceros, debiendo aplicar para ello las normas civiles y penales.

Obsérvese como la definición misma de Know - how y por consiguiente el régimen de protección que le es aplicable, no constituye un tema pacífico dentro de la doctrina, razón por la cual, en particular para el caso colombiano, en donde como ya se dijo no existe consagración legal expresa de esta figura, deberá analizarse cada situación concreta en la cual se haga referencia a un Know - how para efectos de determinar la forma de protección legal que sea aplicable en el caso concreto.

Aplicación de la 8ª edición de la clasificación de productos y servicios dispuesta en el Arreglo de Niza
Concepto  02005733

"(...)

"Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle lo siguiente:

1.  A partir de la entrada en vigencia de la octava edición de la clasificación de productos y servicios dispuesta en el Arreglo de Niza, se pueden presentar solicitudes de registro de marca con fundamento en dicha nueva versión.

2.  Respecto de las solicitudes de registro que se encuentran en trámite, a efectos de ser reclasificadas, es preciso que el interesado formule la respectiva petición, previa cancelación de la tasa por modificación de la solicitud. De lo contrario, se concederán en la clase solicitada con la indicación de que corresponden a la versión séptima de la clasificación de Niza.

3.  Con relación a los registros marcarios ya concedidos, no habrá reclasificación."

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE DE CONCEPTOS