• Aquellos quienes ejerzan actividades como entidades de certificación sin autorización de la SIC, deberán presentar solicitud so pena de sanciones a que haya lugar. La fecha límite para la solicitud de dicha autorización será el 31 de enero de 2003.

Impugnaciones de las elecciones de revisores fiscales de las Cámaras de Comercio
Concepto 02084700

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Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle que, las impugnaciones contra la elección de revisor fiscal son de conocimiento de las autoridades jurisdiccionales, razón por la cual esta Superintendencia no es competente para pronunciarse en relación con la situación planteada en su consulta. Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos:

1.       Impugnación de las elecciones de revisores fiscales de las cámaras de comercio

El mecanismo de designación de los revisores fiscales de las cámaras de comercio a través de elección realizada por la asamblea de las mismas, conformada por los matriculados o afiliados, según el caso, fue establecido en el artículo 23 del decreto 898 de 2002 en el cual se determina que, "cada cámara tendrá un revisor fiscal, persona natural o jurídica, con uno o varios suplentes elegidos por la Asamblea, con la mayoría de votos presentes, elección que se deberá llevar a cabo en la misma fecha de las elecciones de miembros de juntas directivas, para períodos de dos (2) años, pudiendo reelegirlos para períodos sucesivos".

Ahora bien es preciso señalar que, a diferencia de lo establecido en las normas especiales que rigen las elecciones de las juntas directivas de las cámaras de comercio, a saber, el decreto 726 de 2000 y el mismo decreto 898 de 2002, en virtud de las cuales la impugnación contra las mismas se surte ante la Delegatura de Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, el artículo 24 del citado decreto 898 de 2002 establece que, "a la revisoría fiscal de las cámaras de comercio, se le aplicarán las normas legales sobre revisores fiscales de compañías comerciales y demás normas concordantes".

En este orden de ideas, ninguna norma le confiere a la Superintendencia de Industria y Comercio la competencia para conocer de este tipo de impugnaciones y teniendo en cuenta que, como autoridad administrativa esta Entidad únicamente puede ejercer las funciones que legalmente le han sido atribuidas, se concluye que, la autoridad competente para su conocimiento debe ser la misma que conoce de las impugnaciones contra las elecciones de revisores fiscales de las sociedades comerciales.

Al tenor del artículo 204 del código de comercio, los revisores fiscales de las sociedades comerciales son elegidos por la asamblea o junta de socios, cuyas decisiones, según el artículo 194 del mismo código, se deben impugnar ante los jueces, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la elección.  De este modo, como las elecciones de los revisores fiscales de las cámaras de comercio se realizaron el 6 de junio de 2002, a partir de esta fecha debe contabilizarse el término para presentar la impugnación ante el juez competente.

(...)

"Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que, la fecha y procedimiento para la convocatoria a elección de revisor fiscal está establecida en el decreto 898 de 2002 y en la circular única, de modo que, para efectuar una nueva elección será necesario que el juez competente haya declarado la nulidad de la correspondiente elección de revisor fiscal, como consecuencia de la impugnación iniciada."

(...)"

 

Acuerdos de distribución que implican operaciones de integraciones
Concepto 02065758

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2. Acuerdos de distribución que implican operaciones de integraciones

Según usted informa, "las dos empresas participan dentro de un mismo mercado y como consecuencia del acuerdo de integración empresarial, ya no van a ser competencia dentro de ese mercado en el cual compiten", por lo que es claro que, la operación proyectada tiene la potencialidad de afectar el mercado especialmente desde el punto de vista de la oferta.

En este punto es pertinente aclarar que, desde el punto de vista del derecho de la competencia, las operaciones de integración empresarial no necesariamente deben implicar que, las empresas involucradas pierdan su individualidad. Por lo anterior, si a través de un acuerdo se produce una alianza operativa para efectos de la distribución o comercialización de un producto, la cual genera que los involucrados ya no compitan entre sí, no obstante conservar su autonomía e individualidad,  se estaría en frente de una operación de integración empresarial en los términos de la ley 155 de 1959 y el decreto 2153 de 1992, por lo que, de darse los supuestos ya referidos, debería ser informada a la Superintendencia de Industria y Comercio para que ésta emita el pronunciamiento respectivo.

(...)"

 

Cláusula de eficiencia
Concepto 02075830

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1.3  Cláusula o excepción de eficiencia

El artículo 51 del decreto 2153 de 1992 establece que, el Superintendente de Industria y Comercio no puede objetar las operaciones de integración empresarial que le sean informadas en los términos del artículo 4 de la ley 155 de 1959 cuando "los interesados demuestren que puede haber mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de costos que no puedan alcanzarse por otros medios y que se garantice que no resultará en una reducción de la oferta en el mercado."

De conformidad con el artículo citado, el cual consagra la denominada cláusula de eficiencia para efectos de las operaciones de integración empresarial, para que la Superintendencia no pueda objetar la operación de integración proyectada, deben cumplirse las siguientes condiciones:

•       Que la operación produzca eficiencias

•       Que las eficiencias generen ahorro en los costos para las compañías que proyectan integrarse

•       Que las eficiencias sean significativas

•       Que las eficiencias no puedan ser alcanzadas por otros medios y que

•       Exista un mecanismo efectivo que garantice que  la oferta de bienes y/o servicios no se reducirá como consecuencia de la operación

(...)"

 

Los actos de decreto de pruebas que expida el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia en uso de sus facultades jurisdiccionales no son susceptibles de apelación
Concepto 02082488

"(...)

Damos respuesta a su petición contenida en la comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle que, de conformidad con la normatividad y jurisprudencia en materia de facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en lo relativo al tema de la  competencia desleal, los actos de decreto de pruebas expedidos por el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, no son susceptibles de recurso de apelación.

Por otro lado, en tratándose del procedimiento administrativo por competencia desleal, el acto de pruebas es proferido por el Jefe de la División de Promoción de la Competencia, razón por la cual, sí es procedente el recurso de apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien en ese trámite es el superior jerárquico del Jefe de División.

Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos:

1.            Competencia desleal

1.1.      Trámite jurisdiccional

1.1.1.    Acto de decreto de pruebas

El artículo 148 de la ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la ley 510 de 1999, establece el procedimiento a seguir por parte de las Superintendencias cuando quiera que actúen en ejercicio de facultades jurisdiccionales, señalando que "los actos que dicten las Superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables ante las mismas." (Resaltado fuera de texto).

Nótese como, de conformidad con el artículo citado, por regla general los actos que dicten las Superintendencias en ejercicio de facultades jurisdiccionales no son susceptibles de recursos ante las autoridades  jurisdiccionales, salvo que se trate de los actos mediante los cuales las entidades se declaren incompetentes o que constituyan el fallo definitivo, los cuales, tal y como lo aclaró la sentencia C-415 de 2002, son apelables ante el superior jerárquico del juez al cual desplazó la Superintendencia.

Es claro entonces que, en virtud del principio general establecido en la norma en comento, en virtud del cual, los actos jurisdiccionales de las superintendencias no son susceptibles de apelación ante las autoridades jurisdiccionales, al estar el acto de decreto de pruebas exceptuado de dicha regla general, es claro que el mismo, dentro de los procedimientos jurisdiccionales de en materia de competencia desleal, no es apelable ante las autoridades jurisdiccionales.

Téngase en cuenta además que, el acto de decreto de pruebas dentro de estos procedimientos es proferido por el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, de tal manera que, dentro de la Superintendencia únicamente es susceptible de recurso de reposición. 

1.2.      Trámite administrativo

1.2.1.    Acto de decreto de pruebas

Observando el procedimiento establecido en el artículo 52 del decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución 33323 de 2001 en virtud de la cual, el Jefe de la División de Promoción de la Competencia es quien decreta las pruebas dentro de las investigaciones administrativas por competencia desleal.  Concordantemente, de conformidad con la resolución 33325 del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, dentro de este trámite administrativo, actúa como superior jerárquico del Jefe de la División de Promoción de la Competencia, de tal manera que, atendiendo la regla general establecida en el código contencioso administrativo, aquel conoce del recurso de apelación contra los actos de decreto de pruebas proferidos dentro de dicho trámite.

De conformidad con lo expuesto, es claro que, en tratándose de los actos de decreto de pruebas expedidos dentro de los trámites administrativos por competencia desleal, sí procede el recurso de apelación, pero obviamente ante el superior jerárquico del Jefe de la División para la Promoción de la Competencia, quien en este caso es el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

(...)"

 

Facultades Jurisdiccionales en materia de Protección al Consumidor
Concepto 02082490

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Damos respuesta a su petición contenida en la comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle que, mediante la sentencia  C-649 de 2001, la Corte Constitucional se pronunció en relación con la constitucionalidad de los artículos 143 y 144 de la ley 446 de 1998, los cuales se refieren a las funciones y facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal.  Nótese que la referida sentencia no se refirió al artículo 145 de la misma ley, el cual le otorga facultades jurisdiccionales a prevención a esta misma Superintendencia en materia de protección al consumidor y por ende no es de obligatoria aplicación al procedimiento previsto para estos casos.

En tal sentido, toda vez que los efectos de las sentencias de constitucionalidad se limitan a la norma objeto de análisis por la Corte Constitucional en cada caso particular, el fallo contenido en la referida sentencia no tiene efectos en relación con las facultades jurisdiccionales de esta Superintendencia en materia de protección al consumidor. [1]

(...)"

Libertad de adoptar tecnología de producción -caso PVC-
Consulta 02085257  0 de fecha 18 de octubre de 2002

"(...)

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el numeral 1.2.4.4 de la Circula Única de la  Superintendencia de Industria y Comercio sobre información visual a los consumidores sobre la naturaleza de la tubería y accesorios de PVC y CPVC, en Colombia existe libertad para adoptar las características y la tecnología de producción que el fabricante considere procedente para asegurar las condiciones mínimas de idoneidad y calidad previstas en el decreto 3466 de 1982, condiciones que se entiende se encuentran previstas en las normas técnicas colombianas, en las normas técnicas expedidas por un organismo de normalización internacional o por uno reconocido oficialmente en el país de origen, o cuando se apliquen normas soportadas en los requisitos previstos en alguna de las anteriores. Sin perjuicio de lo anterior, el fabricante de tubería y accesorios de PVC y CPVC es libre de aplicar cualquier otro referente normativo técnico que asegure condiciones mínimas de idoneidad y seguridad, circunstancia que debe ser acreditada ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando ésta lo requiera por cualquiera de los medios probatorios previstos en la ley.

Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

1.  Libertad de iniciativa privada en cuanto a las características y tecnologías de producción de bienes y servicios

     De acuerdo con la ley salvo lo dispuesto en las normas técnicas de calidad que se adopten como oficiales obligatorias y del régimen de licencia o registro legalmente obligatorios, todo productor de bienes o servicios es libre de adoptar la tecnología de producción que estime más adecuada para asegurar la calidad y la absoluta idoneidad de aquellos en los términos del decreto ley 3466 de 1982.

     La disposición mencionada es concordante con la estipulación constitucional que consagra  que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. En la misma disposición se establece que la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Adicionalmente la Constitución prevé que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización; aclarando que serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios

Del contexto legal y constitucional expuesto se concluye que en Colombia existe libertad de la iniciativa privada en cuanto a las características y tecnologías de producción de bienes y servicios, salvo en lo casos en que de acuerdo con la ley ésta directamente o por disposición de autoridad pública competente para ello, sujete a un bien o servicio al cumplimiento de un requisito técnico específico.

(...)

3.  Régimen aplicable a la producción de tubería y accesorios de PVC y CPVC

(...)

3.2 Período de libertad de iniciativa privada en cuanto a las características y tecnologías de producción

     Con base en las facultades que le fueran conferidas mediante el decreto 2522 de 2000, mediante resolución 370 de 2001 el Ministerio de Desarrollo Económico dispuso la derogatoria de la obligatoriedad de las NTCOO cuyo cumplimiento era imperativo para la tubería y accesorios de PVC y CPVC que se comercializasen en el país.

     A partir de la entrada en vigencia de dicha resolución las características y tecnología de producción de tubería de PVC y CPVC y sus accesorios quedó a la libertad de iniciativa particular, sin perjuicio, en todo caso, de asegurar su calidad y la absoluta idoneidad en los términos de los artículo 1 y 2 del decreto ley 3466 de 1982

(...)

4.2 Instrucción de información durante el período de libertad de iniciativa privada en cuanto a las características y tecnologías de producción

     Derogada la obligatoriedad de las NTC que eran exigibles a la tubería y accesorios de PVC y CPVC, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución 29447 de septiembre de 2001, por medio de la cual, a pesar de haber sido derogada la obligatoriedad de las NTC aplicables a las tuberías y accesorios de PVC y CPVC, mantiene la instrucción referida a la presentación visual (color) de la tubería en función del uso o destino previsto para las misma, a fin de evitar confusión en los consumidores respecto a su naturaleza.

     Dicha instrucción, en un contexto normativo de libertad en cuanto a las características y tecnologías de producción de la tubería y accesorios de PVC y CPVC, fue modificada en el sentido de suprimir la indicación que relacionaba el uso o destino de la tubería exclusivamente con una NTCOO; manteniendo en todo caso la obligación de informar visualmente (color) la naturaleza de la tubería según el uso o destino previsto en el proceso de producción.

     En este sentido, procede observar que aun dentro de un ámbito de libertad en cuanto a las características y tecnologías de producción de la tubería y accesorios de PVC y CPVC, la amplia gama de posibilidades de uso de estos productos hacía procedente mantener la instrucción sobre suficiencia de información visual respecto a su naturaleza. Sin embargo, no resultaba legalmente viable restringir las características y tecnología de producción exclusivamente a las señaladas en las NTC, que antes eran obligatorias.

     Así las cosas, y en cuanto que aún dentro de un contexto de libertad el fabricante es responsable de que los bienes que produce aseguren su calidad e idoneidad en los términos previstos en el decreto 3466 de 1982, la Superintendencia modificó el mecanismo de control previsto en el numeral 1.2.4.4 de la Circula Única, en el sentido de que el fabricante debe contar con los elementos que sustenten suficientemente la información que sobre la naturaleza, uso o destino de la tubería de PVC y CPVC suministre al público mediante la presentación visual de la misma. Sustento que como mínimo debe corresponder a la existencia y la aplicación de un referente normativo que prevea características y tecnologías de producción que garanticen que el producto es idóneo y presenta las propiedades de calidad que le hacen apto para el uso o destino previsto por el fabricante.

     En este sentido la instrucción mencionada señaló:

     "Para todos los efectos, todo productor deberá mantener a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio, documentos, certificaciones, registros que demuestren las características de uso o destinación del producto y el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales anteriores".

     De acuerdo con lo expuesto, resulta claro que derogada la obligatoriedad de las NTCOO aplicables a tuberías y accesorios de PVC y CPVC, los productores de estos productos se encontraban en libertad de adoptar la tecnología de producción que estimaran más adecuada para asegurar la calidad y la absoluta idoneidad de aquellos, sin perjuicio del cumplimiento de las instrucciones sobre suficiencia de la información visual (color) suministrada a los consumidores sobre la naturaleza de los mismos.

4.3 Aclaración sobre los casos en que se presume que el referente normativo aplicado garantiza las condiciones mínimas de idoneidad y calidad

     En vigencia de la instrucción a la que se refiere el numeral 4.2 anterior y ante inquietudes y sugerencias presentadas por representantes de gremio de los productores de tubería y accesorios de PVC y CPVC, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió aclarar las condiciones bajo las cuales se entenderían cumplidos los requisitos de idoneidad y calidad previstos en la ley.

     En este sentido, teniendo en cuenta que las normas técnicas resultantes de procesos de normalización en los que se aplique debidamente el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas deben presentar condiciones que aseguren ser resultado del consenso de todos las partes interesadas, Código con el que se encuentran comprometidos los estados que suscriben el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, la Superintendencia procedió a modificar la instrucción en cuestión señalando los casos en los que se presume que el referente normativo prevé condiciones mínimas de idoneidad y calidad.

     Al efecto se señaló:

     "Para todos los efectos, todo productor deberá mantener a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio, documentos, certificaciones, registros que demuestren las características de uso o destinación del producto y el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales anteriores. Dichos documentos se consideran ajustados al cumplimiento del presente acto administrativo cuando correspondan a una norma técnica colombiana o a norma técnica expedida por un organismo de normalización internacional o reconocido oficialmente en el país de origen, o cuando están soportados en requisitos de alguna de dichas normas.

     "El productor o importador deberá declarar expresamente sobre el producto o en la información suministrada con el mismo la norma o referente técnico observado.

     "En todo caso el referente técnico observado beberá reunir los requisitos mínimos que aseguren la idoneidad y seguridad del producto" (se subraya la modificación introducida).

     La introducción de dicha modificación no tiene alcance diferente al de precisar en qué casos el referente normativo que utilice el productor se entiende que garantiza condiciones mínimas de idoneidad y calidad; pero en ningún caso tiene el alcance de restringir la libertad de adopción de tecnologías y características de producción, imponiendo como obligatorio referente normativo técnico alguno.

     Cabe observar que la aplicación por parte del productor de algunos de los referentes normativos técnicos mencionados expresamente en la Circular Única, no excluye gestiones adicionales de supervisión por parte de la Superintendencia, en cuanto que ésta podrá en cualquier tiempo revisar el contenido del referente aplicado, así como verificar si efectivamente la producción se ajusta a los términos del mismo.

     De acuerdo con lo expuesto, sin perjuicio de las obligaciones respecto a suficiencia de información a los consumidores sobre la naturaleza de la tubería y accesorios de PVC u CPVC que produzcan, en Colombia existe libertad para adoptar las características y la tecnología de producción que el fabricante considere procedente para asegurar las condiciones mínimas de idoneidad y calidad previstas en la ley, condiciones que se entiende se encuentran previstas en las normas técnicas colombianas, en las normas técnicas expedidas por un organismo de normalización internacional o por uno reconocido oficialmente en el país de origen, o cuando se apliquen normas soportadas en los requisitos previstos en alguna de las anteriores.

(...)"

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