SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTENIDO

1. Circular Externa N° 012 del 22 de noviembre de 2001

2. Resolución No. 36904 del 6 de noviembre de  2001

3. Resolución N° 37129 SIC - 10105 DIAN

Consumidor final
Concepto No. 01085863

Telefonía móvil celular - Términos para el cobro
Concepto N°01092063

Tratado de Coperación en Materia de Patentes
Concepto N°01081614

Apostilla - certificaciones sobre la autenticidad de los documentos que provienen del exterior
Concepto N° 01092434

CIRCULAR EXTERNA No. 012 del 22 de noviembre de 2001

Publicada en el Diario Oficial No. 44627 el 26 de noviembre de 2001

Asunto:   Se adiciona el Título III Capítulo II  numeral 1.8. de la Circular Única

Principales puntos de interés:

·    Los operadores de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones deben tramitar las peticiones, quejas y reclamos de acuerdo con lo dispuesto en el título VIII  capítulo VII artículos 152 a 159 de la ley 142 de 1994.

·    Las peticiones deben resolverse en el término máximo de quince (15) días hábiles, de lo contrario, operará el silencio administrativo positivo.  En las respuestas, deben indicar los recursos que proceden. De ser interpuestos, el operador resuelve el de reposición y cuando sea el caso, remite a la SIC el subsidiario de apelación.

RESOLUCION No. 36904 del 6 de noviembre de 2001

Publicada en el Diario Oficial No. 44610 de noviembre 10 de 2001

Asunto:  Se modifica el Título V Capítulo VIII numeral 8.2.5. de la Circular Única

Principales puntos de interés:

Se impone a las entidades de certificación abiertas la obligación de actualizar anualmente la información de estados financieros y garantías.

RESOLUCION CONJUNTA 37120 SIC - 10105 DIAN

Publicada en el Diario Oficial No. 44617 del 17 de noviembre de 2001

Asunto:  Se establecen los bienes cuya garantía puede condicionarse a la presentación de la factura.

Principales puntos de interés:

·      Definiciones de:  bienes con garantía reglada, consumidores de bienes con garantía reglada, importador de bienes con garantía reglada, representante de productor, distribuidor, taller autorizado, taller en general, expendedor en general y servicio de posventa.

·    Requisitos para que los importadores o representantes del productor puedan exigir la presentación de la factura para que proceda la prestación de la garantía de un bien con garantía reglada. 

·     Requisitos para que los consumidores cuenten con una información adecuada y suficiente que permita hacer efectivo su derecho a la libre escogencia y que prevenga la adquisición de bienes de contrabando.

·       Obligación de adoptar el mecanismo institucional, la protección contractual y la verificación de bienes y facturas para garantizar que no se desconozcan los derechos de los consumidores de bienes con garantía reglada.

·      Se      establecen    los    siguientes    mecanismos     de seguimiento y control:  remisión por parte de los distribuidores y talleres autorizados a la SIC de manuales de atención al consumidor e información sobre la infraestructura para la atención de la garantía por parte de importadores y representantes de productor.

PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES No. 160 de noviembre 21 de 2001 -  Senado

Asunto:  Ordenamiento general de las telecomunicaciones y de las potestades del Estado en relación con su planeación, regulación y control, así como el régimen de derechos y deberes de los operadores y usuarios.

Principales puntos de interés:

·     Funciones de la SIC en materia de protección a usuarios y de regímenes de libre y leal competencia en los servicios de telecomunicaciones.

·     Régimen de protección al usuario el cual incluye derechos y deberes de usuarios y operadores, disposiciones de protección contractual, disposiciones relativas a facturación y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos.

·     Creación de la figura del defensor del usuario de los servicios de telecomunicaciones, quien actuará como autoridad administrativa.  Dentro de sus funciones, se encuentran:  procurar la solución de conflictos entre usuarios y operadores, resolver los recursos de apelación que los usuarios interpongan contra las decisiones del operador, ordenar la efectividad del silencio administrativo positivo cuando el operador no lo hiciere directamente, ordenar las medidas correctivas necesarias para la adecuada protección del usuario, informar y hacer seguimiento sobre el cumplimiento por parte del operador de sus decisiones y de las instrucciones y medidas correctivas de la SIC y solicitar ante esta entidad la imposición de multas sucesivas al operador por el incumplimiento de lo ordenado en sus decisiones, entre otras.

"(...)

En el  decreto 3466 de 1982 (actual estatuto de protección al consumidor) se define consumidor como toda persona, natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la satisfacción de una o más necesidades.

Nótese como la definición anteriormente citada, no señala que la utilización o disfrute que el consumidor efectúe se refiera al uso final que se le deba dar a los mismos.

De otra parte, el estatuto del consumidor colombiano define productor como toda persona natural o jurídica,  que elabore, procese, transforme o utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o servicios destinados al consumo público.

Como se observa, la definición no señala que el productor pueda ser también consumidor de las materias primas que transforme, utilice o procese.

Así las cosas, una primera interpretación de las definiciones legales anteriormente señaladas, indicaría que, en tanto es consumidor todo aquél que contrate la adquisición de un bien o servicio para la satisfacción de una o más necesidades, y que toda vez que tiene el carácter de productor la persona natural o jurídica que transforme uno o más bienes con el propósito de obtener un producto o servicio destinado al consumo público,  todo aquel que transforme bienes o insumos para obtener productos o servicios se reputaría como tal estando excluido de la condición de consumidor y por lo tanto no habría lugar a la aplicación del estatuto del consumidor.

Este análisis semántico utilizando el método exegético de interpretación en principio resolvería de tajo la discusión sobre la aplicabilidad de las normas de protección al consumidor a quienes no ostenten la calidad de consumidores finales de un bien o servicio, máxime cuando, la definición legal de consumidor no menciona el concepto de uso o consumo final de un bien, por lo que es perfectamente válida la interpretación que de dicho precepto se haga en el sentido de establecer como consumidor a aquella persona natural o jurídica que celebra relaciones de consumo para la satisfacción de una o más necesidades.

En efecto, la definición de consumidor del decreto 3466 de 1982, deja por fuera el concepto de destinatario final del producto entendida esta noción en un sentido económico, es decir consumidor final presupone que éste con el acto de consumo atienda una necesidad propia, pero no el desenvolvimiento de  una actividad negocial propia de quien celebra la relación de consumo."

(...)

Visto lo anterior y  una vez aclarado que nuestro estatuto de protección no maneja el mismo concepto de consumidor final que se ha explicado anteriormente, es preciso ver que existe entonces, la posibilidad de aplicación de las disposiciones de dicho estatuto para aquellas personas naturales o jurídicas que si bien transforman o modifican uno o más bienes son consumidores en tanto se encuentren en una relación de desequilibrio respecto al productor de los mismos.

En este sentido, nuestro máximo tribunal constitucional no hizo distinción alguna cuando se pronunció sobre la protección de las relaciones de consumo, es decir no condicionó la órbita de protección que tienen los consumidores a la característica de usuarios finales de un determinado bien o servicio, aunque si mencionó que en las relaciones de consumo existe una desigualdad manifiesta entre las partes y que son esas relaciones donde se presenta un desequilibrio económico las que la Constitución Política  en su artículo 78 indica proteger.

Así las cosas, podemos concluir que las normas de protección al consumidor sí pueden aplicarse para aquellas personas naturales o jurídicas que hayan utilizado, transformado u ofrecido al público un bien o servicio si ha efectuado una relación de consumo en los términos anteriormente señalados, es decir, en términos de  verdadero  desequilibrio frente al productor y/o expendedor y el consumidor."

Telefonía móvil celular - Términos para el cobro
Concepto  N° 01092063

"(...)

Como primera medida, es importante recordar que la llamada a un número celular originada en la red fija, se considera como llamada celular ya que hace uso del espectro electromagnético asignado al servicio de telefonía móvil celular.

El artículo 3 de la ley 422 de 1998 establece que "... El operador en cuya red se origina la comunicación, prestará oportunamente el servicio de facturación y recaudo de los valores correspondientes a los servicios prestados a los usuarios por los operadores que intervienen en la comunicación en las condiciones que se acuerden entre ellos y se deberá reconocer el costo de servir, más una utilidad razonable..." Teniendo en cuenta lo anterior, para llamadas celulares originadas por abonados fijos, el operador de Telefonía Pública Básica Conmutada Local TPBCL es quien factura y recauda los valores correspondientes al consumo. Por su parte, el operador de Telefonía Móvil Celular TMC, recibe las transferencias de los valores recaudados por este servicio, es decir, es el responsable del cobro ya que él es el prestador del servicio.

Teniendo en cuenta lo anterior, y estudiadas las normas relevantes, se concluye que a los operadores de telefonía móvil celular no les será aplicable el artículo 150 de la ley 142 de 1994 y por tanto se regirán por las normas del derecho privado, sin perjuicio de las acciones que por violación a las normas de protección al consumidor puedan ser instauradas. En este sentido no cuentan con un límite legal para cobrar a sus usuarios, los valores correspondientes al servicio de telefonía móvil prestado."

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
Concepto N° 01081614

"(...)

1.1                Protección nacional mediante un trámite internacional

El tratado de cooperación en Materia de Patentes - PCT (en adelante PCT), establece un sistema en el cual, mediante la presentación ante una oficina receptora, de una solicitud internacional en la que se señala los países donde se pretende obtener las protección de una invención, se busca la concesión de la patente respectiva en cada uno de los mismos.

En este sentido, aclaramos que la protección solicitada es nacional (en cada país donde se busca obtener la patente de invento) a través de un trámite internacional (una solicitud única - solicitud internacional - presentada ante la oficina receptora del país correspondiente), por lo que no sería posible obtener una patente internacional presentando una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina receptora en Colombia.

1.2                Procedimiento

El procedimiento descrito en el PCT y su reglamento, en lo que tiene que ver con la presentación de una única solicitud internacional, en la que el solicitante respectivo designa los países en los cuales desea obtener la protección del invento mediante patente, someramente consiste en lo siguiente.

·       Presentada la solicitud internacional ante la oficina receptora, ésta procede a verificar el leno de los requisitos de forma, comprobando entre otros, la indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional, la designación de un Estado contratante por lo menos, la indicación del nombre del solicitante, que contenga la descripción y la indicación de las reivindicaciones. Si se cumple con el lleno de los requisitos se le asigna la fecha de presentación a la solicitud.

En el evento que la solicitud adolezca de alguno de los requisitos descritos anteriormente, la oficina receptora notifica al solicitante con el fin de que complete la solicitud.

·       Una vez se dé cumplimiento a los requisitos de forma por parte del solicitante, la Oficina  receptora procederá a signar la fecha de presentación internacional, la cual corresponde a la fecha de recepción de la corrección de los requisitos materiales previamente indicados. Asignada la fecha de presentación de la solicitud internacional, ésta tendrá los efectos de una presentación nacional regular en cada uno de los  Estados designados por el solicitante.

·         Posteriormente, la oficina receptora conserva una copia de la solicitud internacional y el original lo transmite la oficina internacional. Otra copia es también transmitida a la administración competente encargada de la búsqueda internacional, la cual tiene por finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente y concluye con un informe que indica los elementos pertinentes del estado de la técnica, los cuales habrán de tenerse en cuenta para llegar a determinar si la invención es o no patentable.

·         Se comunica al solicitante y a la oficina internacional por parte de la administración encargada, el informe de búsqueda internacional, según lo establece el artículo 18 del PCT.

·         Finalmente, las oficinas nacionales en cada país designado deciden sobre la concesión o negación de la respectiva patente de invención.

De conformidad con lo anteriormente señalado, nótese que la tramitación sólo se unifica en el país de la oficina receptora para efectos del examen de forma y en el de la Administración encargada para efectos de realizar la búsqueda internacional.

1.3                tasas

"(...)        

1.             Apostilla

La ley 455 de 1998 por medio de la cual se aprobó la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros" establece en su artículo 2 que, "Cada estado contratante eximirá de legalización los documentos a los que se aplica la presente Convención y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la presente Convención, la legalización significa únicamente el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare".

2.             Poderes

2.1           Poderes otorgados en países miembros del Protocolo Interamericano sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes

De conformidad con lo previsto en el Protocolo Interamericano sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, debe tenerse en cuenta lo siguiente, con respecto a los poderes otorgados en cualquiera de los países parte del mismo:

·         Si el poder es otorgado por una persona natural, el funcionario que autorice el acto debe dar fe de que conoce al otorgante y de que éste tiene capacidad legal para otorgar el poder.

·         Si el poder es otorgado en nombre de un tercero o es delegado o sustituido por el mandatario, el funcionario que autorice el acto debe dar fe de que conoce al otorgante, de que éste es legalmente capaz para otorgar el poder, delegarlo o sustituirlo, de que la representación en cuyo nombre procede le fue efectivamente dada y de que ésta es legítima, basándose para el efecto en los documentos auténticos que se le exhiban, los cuales debe mencionar expresando sus fechas y origen.

·         Si el poder es otorgado en nombre de una persona jurídica, además de la certificación relativa a que el otorgante se encuentra facultado para otorgar el poder, el funcionario debe dar fe de la debida constitución, sede y existencia legal actual de la persona jurídica, y de que el acto para el cual fue otorgado el poder se encuentra comprendido dentro del objeto o actividad de la persona jurídica, basándose para el efecto en los documentos que para tal propósito le sean presentados, los cuales debe mencionar con expresión de sus fechas y origen.

·         Para efectos de los poderes generales para procedimientos administrativos o judiciales entre otros, basta que se exprese que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula de conformidad con la ley, para entenderse conferidos sin limitación o restricción alguna.

En este evento, las certificaciones expedidas por los funcionarios competentes de cada país (los cuales podrían, eventualmente, ser los mismos que apostillan) deberán ser apostilladas o autenticadas por el cónsul de Colombia en el respectivo país, cuya firma debe ser posteriormente legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia."

(...)

"Los poderes otorgados en países que no formen parte del Protocolo Interamericano sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, deberán someterse a lo previsto al respecto en la legislación interna (artículos 65 del código de procedimiento civil), como sigue:

·         Los poderes o sus sustituciones pueden extenderse en el exterior ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello. 

Esta previsión no distingue entre el tipo de poderes a que hace referencia, por lo que necesariamente corresponde a todos, generales y especiales.  Adicionalmente, en tanto establece como una facultad el otorgarlos en el extranjero ante cónsul o funcionario autorizado, implica que, a discreción del  poderdante pueden también ser conferidos mediante escritura pública, siendo así, directamente otorgados en Colombia.

(...)

"Del análisis anterior se tiene que, la legalización de los poderes, entendida como la certificación sobre su autenticidad, constituye un trámite distinto del de la expedición de la certificación consular, debiendo ambas coexistir para efectos de que un poder otorgado en el extranjero, tenga validez en Colombia.  Así las cosas:

·         Cuando los poderes sean otorgados en el exterior, pueden ser extendidos ante el cónsul de Colombia o el funcionario que la ley local autorice para ello, evento en el cual la firma de este último debería ser apostillada de conformidad con lo previsto en la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros.

Siempre que un poder sea otorgado en el extranjero por una sociedad extranjera, el cónsul de Colombia deberá certificar que tuvo a la vista los documentos que acreditan la existencia de la sociedad y que, la persona que confiere el poder es su representante legal, puesto que de adolecer el poder de esta certificación consular, no podrá presumirse que fue otorgado por las leyes del país respectivo y consecuentemente deberá ser rechazado.

Adicionalmente, deberá hacer dar fe de que la sociedad ejerce su objeto social conforme a las leyes del respectivo país.

En este evento, la firma del cónsul de Colombia, siempre deberá ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia.

^·          La única excepción a la regla anterior, la constituye el Protocolo Interamericano sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, que establece que cualquier funcionario a quien la ley del respectivo país atribuyere la función de autorizar el poder (el cual podría eventualmente ser el mismo que apostilla), debe certificar él mismo sobre la debida constitución, sede, existencia legal actual y debida representación de la sociedad por la cual se está otorgando el poder, además del hecho que el objeto para el cual éste se otorga se encuentra comprendido dentro de su objeto o actividad.  Esto, sin perjuicio de la autenticación de la firma del respectivo funcionario mediante el mecanismo de la apostilla o, por parte del cónsul de Colombia, de conformidad con lo previsto en los artículos citados de los códigos de comercio y procedimiento civil, y el mismo Protocolo de Poderes en su artículo V."

ÍNDICE DE CONCEPTOS

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL