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010/
Santa
Fe de Bogotá, D.C.
| Asunto | Radicación | 00053778 |
| Tramite | 113 |
| Actuación | 330 |
| Folios | 002 |
Apreciado
señor: Damos
respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia para informarle
que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene exclusivamente la facultad
de vigilar y controlar que las empresas de telefonía móvil celular respeten el
régimen de libre competencia y las normas relativas a la protección del consumidor,
pero no es competente para vigilar el desarrollo de la actividad ejercida por
las empresas prestadoras de éste servicio, así como tampoco el régimen de tarifas
al que se sujetan. Lo anterior si se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 1.
Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio El
decreto 266 de febrero 22 de 2000 define los mecanismos para la protección de
los derechos de los consumidores o usuarios de servicios de telecomunicaciones
no domiciliarios; la Superintendencia de Industria y Comercio con fundamento en
los artículos 45 y 114 de este decreto ha sido declarada competente para conocer
y adelantar los procedimientos dirigidos a la adopción de decisiones en materia
de protección de los consumidores de este tipo de servicios. De
otra parte, la circular externa número 03 del 4 de febrero de 2000 de la Superintendencia
de Industria y Comercio aclara el sentido de aplicación de las disposiciones del
capitulo VII del titulo VIII de la ley 142 de 1994 en lo que hace referencia a
las reclamaciones contra operadores de telefonía móvil celular y demás servicios
de telecomunicaciones no domiciliarios. El
segundo ámbito de protección que corresponde a la Superintendencia de Industria
y Comercio en relación con la prestación de servicios de telecomunicaciones no
domiciliarios esta dado por el articulo 40 del decreto 1130 de junio 29 de 1999
donde se le confieren facultades para “...ordenar modificaciones a los contratos
entre operadores y comercializadores de redes y servicios de telecomunicaciones
o entre estos y sus usuarios, cuando sus estipulaciones sean contrarias al régimen
de telecomunicaciones o afecten los derechos de estos últimos...”, se concluye
entonces que el análisis de los contratos a los cuales se sujeta la prestación
de los servicios de telecomunicaciones no domiciliarios en cuanto tengan que ver
con la protección de los derechos de los consumidores compete a la Superintendencia
de Industria y Comercio. Con
fundamento en lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la vigilancia que
la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce sobre el régimen de tarifas
adoptadas por las empresas de telefonía móvil celular esta encaminada a evitar
que con las mismas se viole la normatividad relativa a promoción de la competencia,
prácticas comerciales restrictivas y protección al consumidor. 2.
Vigilancia de Tarifas De
acuerdo con el decreto 2122 de 1992[1], la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
es la encargada de establecer el régimen de libertad regulada o libertad vigilada
o señalar, cuando sea posible, la fijación libre de tarifas. En
cumplimiento de esta facultad, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,
expidió la resolución 04 de 1993, en cuyo artículo primero establece que las tarifas
a los abonados celulares serán fijadas libremente por los operadores del servicio
de telefonía móvil celular, lo cual implica que las empresas prestadoras cobrarán
por su servicio lo que ellas mismas dispongan. En
conclusión, la Superintendencia de Industria y Comercio no es competente para
exigir a las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil celular, el
cobro de determinadas tarifas, puesto que dicha competencia fue otorgada a la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, de acuerdo con el decreto 2122 de
1992. Las
normas relativas a telefonía móvil celular podrán ser consultadas en nuestra página
de Internet www.sic.gov.co. No obstante
lo anterior, si desea obtener una copia de las mismas deberá solicitarlo mediante
escrito dirigido a la Secretaría General de esta Entidad, para lo cual tendrá
que anexar el recibo de pago correspondiente hecho a la cuenta no. 050-00110-6
del Banco Popular, a nombre de la Dirección del Tesoro Nacional – Superintendencia
de Industria y Comercio, para lo cual se deberá tener en cuenta que el valor de
cada hoja es de cien ($ 100) pesos.[2] En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Atentamente, CARMEN
LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
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