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010/ Bogotá,
D.C
Asunto
Radicación 01101529
Trámite 113
Actuación 440
Folios 009 Estimados
señores: Damos respuesta
a su petición contenida en la comunicación radicada en esta Entidad bajo el número
de la referencia no sin antes advertir que muchos de los interrogantes formulados
ya habían sido planteados a esta Superintendencia por el señor Melkis Kammerer
a nombre de ADEC y fueron respondidos oportunamente a través de los conceptos
radicados bajo los números 01001478 de febrero 21 de 2001, 01001469 de 16 de marzo
de 2001 y 01028815 de 27 de abril de 2001. A lo largo del presente concepto indicáramos
cuáles preguntas y a través de cuál comunicación ya han sido respondidas. Igualmente,
ponemos de presente que su petición radicada en este Entidad el 27 de noviembre
de 2001 consta de 15 folios (sin numerar), en los cuales del folio 1 al folio
6 se plantean algunos interrogantes a esta Superintendencia, constando sus firmas
en el folio 6. Sin embargo, del folio 7 al folio 15, sin explicación ni encabezado
alguno, se hacen otra vez algunas consideraciones y se plantean algunos interrogantes,
parte de los cuales coinciden con los ya expuestos en los folios 1 al 6 y otros
nuevos. Sin embargo, algunos parecen ser formulados a la Procuraduría General
de la Nación y a la Contraloría General de la República, pero de todas maneras
contestaremos aquellos que sean de nuestra competencia, agrupándolos según el
tema con las respuestas a los interrogantes planteados en los folios 1 al 6.
Una vez
claro lo anterior procedemos a informar lo siguiente: 1. Matrícula
mercantil 1.1. Obligación
de renovación De conformidad
con el artículo 33 del código de comercio, es obligación de los comerciantes renovar
su matrícula anualmente, [1] así como la de informar a la
correspondiente cámara de comercio la pérdida de su calidad de comerciante, así
como las mutaciones referentes a su actividad comercial. Es así como, si se tiene
en cuenta que tal y como lo dice la doctrina, la matrícula tiene vigencia mientras
no sea cancelada, [2] concluimos
que cuando un comerciante deje de ostentar dicha calidad debe informarlo a la
cámara respectiva y por consiguiente proceder a solicitar la cancelación de su
matrícula, siendo claro que, mientras no lo haga la matrícula sigue vigente y
por lo tanto, está en la obligación de renovarla.
[3] En cuanto
a la calificación de justa de la anterior obligación, es preciso anotar que esta
Superintendencia no está facultada para realizar este tipo de juicios de valor,
sino que se debe limitar a explicar, a través de sus conceptos, el alcance de
las normas vigentes. Adicionalmente, anotamos que no es dado a los comerciantes
incumplir con sus obligaciones argumentando desconocimiento de las normas que
se las imponen por cuanto tal y como lo estipula el artículo 9 del código civil,
"la ignorancia de las leyes no sirve de excusa". 1.1.1. Tarifas
por concepto de renovación En lo que
respecta al monto de los activos, el cual según el artículo 1 del decreto 458
de 1995 es la base para la determinación de la tarifa por concepto de renovación
de la matrícula, es claro que este debe ser siempre el declarado por el comerciante
según sus estados financieros. De acuerdo con lo anterior, el formulario correspondiente
debe ser diligenciado de conformidad con el estado real de las cuentas del comerciante
y la tarifa a pagar por la renovación de la matrícula, se calcula con base en
el monto declarado de activos, pudiéndose presentar que dicho monto haya disminuido
en relación con el declarado al momento de la matricula o de la anterior renovación,
situación que también puede darse tratándose del monto de los activos vinculados
a los establecimientos de comercio, el cual también, según el artículo 2 del mismo
decreto, es la base para la determinación de las tarifas por concepto de renovación
de su matrícula mercantil. 1.2 Cancelación Teniendo
en cuenta que la obligación de matricularse y de renovar dicha matrícula se predica
de los comerciantes, cuando una persona deje de ostentar dicha calidad, debe solicitar
a la cámara de comercio la cancelación su matrícula. Ahora bien,
el numeral 1.4.1 del título VIII de la circular única 10 de 2001 expedida por
la Superintendencia de Industria y Comercio
[4] estipula que las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la
inscripción de actos, libros y documentos cuando la ley las autorice para ello
o cuando se trate de actos o decisiones ineficaces o inexistentes. De conformidad
con lo anterior, teniendo en cuenta que ninguna norma autoriza a las cámaras de
comercio para abstenerse de registrar los actos y documentos objeto de registro,
entre los cuales está la solicitud de cancelación de la matrícula, con fundamento
en que el comerciante ha incumplido con su obligación de renovar la matrícula
y que por lo tanto le adeuda a la cámara determinada suma de dinero por ese concepto,
concluimos que las cámaras deben proceder a la cancelación de la matricula no
obstante presentarse esta situación.
[5] Igualmente, es necesario aclarar que por tratarse de entidades de naturaleza
privada que por expreso mandato legal desarrollan funciones públicas en relación
con las cuales se consideran autoridades y por lo tanto, ejercen una función reglada,
pudiendo hacer entonces únicamente los que les está permitido, es claro que, por
no estar facultadas para ello, no pueden exigir a los comerciantes que les adeudan
renovaciones de matricula, la suscripción de una letra de cambio por este concepto
para proceder a cancelarla. [6] Sin embargo,
es necesario indicar que el hecho de la cancelación de la matrícula no exonera
al comerciante de su obligación frente a la cámara de comercio de pagar las renovaciones
atrasadas y por lo tanto, deberá cancelar, como cualquier deudor las sumas adeudadas. Llegados
a este punto, consideramos importante hacer referencia a la pregunta formulada
en el folio 14 de su comunicación, cuando al manifestar sus inquietudes sobre
las consecuencias que traería para una cámara de comercio el hecho de negarse
a cancelar una matricula, argumentando que el comerciante o el establecimiento
de comercio no ha pagado algunas renovaciones, pregunta "que delito comete ante
la Superintendencia de Industria y Comercio al no hacer la cancelación". Al respecto,
tal y como ya lo manifestamos a ADEC en pasadas oportunidades,
[7] esta Superintendencia como autoridad administrativa, ejerce control y
vigilancia sobre las cámaras de comercio en relación con el cumplimiento de sus
funciones, estando facultada para imponerles sanciones de naturaleza igualmente
administrativa y nunca penal, cuando quiera que como resultado de la investigación
correspondiente se haya determinado que una cámara ha infringido las normas legales
y estatutarias que rigen su actividad. [8] De este modo es claro que esta Superintendencia
no es competente para investigar ni juzgar las infracciones a la ley penal, correspondiéndole
dicha función, según la Constitución y la ley, a las autoridades jurisdiccionales
competentes. [9] Por otro
lado, en relación con la cancelación de la matrícula de un establecimiento de
comercio es necesario recordar que la ley (código de comercio, artículo 31) obliga
a matricular los establecimientos de comercio una vez sean abiertos al público
y a mantener vigente dicha matricula durante el tiempo en que a través del establecimiento
se desarrollen actividades mercantiles. Por lo anterior, no es posible solicitar
la cancelación de la matrícula de un establecimiento de comercio mientras continúe
abierto al público. Aclaramos
en relación con este interrogante que esta Superintendencia no está facultada
para opinar sobre la forma como los comerciantes pueden evitar que se les embarguen
sus establecimientos de comercio y demás bienes. 1.2.1 Tarifas
por concepto de cancelación En cuanto
a las tarifas por concepto de cancelaciones, debe observarse que no se fijan en
consideración al monto de activos. En efecto, el artículo 3 del decreto 458 de
1995 establece una suma determinada, según se trate de comerciantes o establecimientos
de comercio, la cual al tenor del artículo 8 del mismo decreto, se incrementan
anualmente según la meta de inflación. 2. Entidades
sin ánimo de lucro En lo que
concierne a los interrogantes planteados en su consulta respecto a las confederaciones
y federaciones, procedemos a responderlos de manera general con relación a las
entidades sin ánimo de lucro, dentro de las cuales éstas se ubican y en lo relativo
a las competencias de esta Superintendencia, como sigue: 2.1. Fundamento
- clases Al tenor
del artículo 38 de la Constitución Política, el Estado garantiza el derecho de
libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas
realizan en la sociedad. En virtud
de lo anterior y de conformidad con el artículo 633 del código civil, las personas
tienen el derecho a constituir personas jurídicas sin ánimo de lucro, las cuales
se clasifican en personas jurídicas de naturaleza asociativa y personas jurídicas
de naturaleza fundacional, siendo las primeras el resultado de la voluntad de
una pluralidad de personas, mientras que las de naturaleza fundacional no tienen
base personal y están dotadas de medios patrimoniales para el logro de un fin
prolongado en el tiempo. [10]
Llegados
a este punto, es necesario aclarar que nuestro ordenamiento jurídico no contiene
una definición general de confederaciones y federaciones, sino que en diferentes
normas se refiere a este tipo de personas jurídicas, como por ejemplo en el caso
del artículo 96 del código de comercio, el cual faculta a las cámaras de comercio
a asociarse bajo la figura de la confederación, siempre y cuando se reúnan no
menos del cincuenta por ciento de las cámaras del país.
[11] 2.2. Obtención
de personería jurídica - inscripción ante las cámaras de comercio Es
importante tener en cuenta que el decreto 2150 de 1995 suprimió el reconocimiento
de la personería jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, las
fundaciones y las demás entidades privadas sin ánimo de lucro y estableció que
para obtener la personería jurídica, estas entidades deben constituirse por escritura
pública o por documento privado reconocido. Ahora bien, debe tenerse en cuenta
que la anterior es la regla general pero que puede haber determinados tipos de
entidades sin ánimo de lucro en relación con las cuales se requiera el cumplimiento
de algún trámite especial para su creación.
[12] Así
mismo, el artículo 42 del citado decreto creó el registro de las entidades sin
animo de lucro, las cuales deben entonces registrar sus estatutos y las reformas
a los mismos, los nombramientos de administradores, sus libros y su disolución
y liquidación. A renglón seguido, el artículo 43 del decreto establece que la
existencia y representación legal de estas Entidades se prueba mediante certificación
expedida por la cámara respectiva. No debe olvidarse que al registro de las entidades
sin ánimo de lucro, no obstante ser diferente del registro mercantil, de conformidad
con el citado decreto y con el decreto 427 de 1996, se aplican los mismos términos
y condiciones de éste. [13] Finalmente,
el artículo 45 del referido decreto señala cuáles entidades sin ánimo de lucro
no se registran ante las cámaras de comercio, estableciendo de manera general
que, además de las señaladas, tampoco se registran las demás personas jurídicas
respecto de las cuales le ley expresamente regule en forma específica su creación
y funcionamiento. [14] 3.
Cámaras de comercio 3.1
Elección de juntas directivas Tal
y como ya lo habíamos informado a ADEC en concepto anterior, [15] el decreto 726 de 2000 reglamenta, la elección
de los directivos de las cámaras de comercio señalando entre otros temas, la oportunidad
para la realización de las elecciones, los requisitos para ser candidato y director,
los términos para la inscripción y modificación de listas, los requisitos de publicidad
previos a las elecciones, las autoridades electorales, las reglas para efectuar
los escrutinios, etc. [16] El
artículo 4 del citado decreto establece los requisitos para ser candidato y director
y el artículo 5 señala los requisitos para la inscripción y modificación de listas,
señalando que dicha inscripción debe realizarse ante las alcaldías correspondientes
dentro de los plazos que el mismo establece. Ahora bien, el artículo 6 establece
que el responsable de las inscripciones en cada alcaldía debe remitir al Superintendente
Delegado para la Promoción de la Competencia una relación de las listas inscritas
y caso de no haber aceptado la inscripción de alguna (s), debe explicar los motivos
de su decisión, los cuales no pueden ser otros que la inobservancia de uno o varios
de los requisitos señalados por el mismo decreto. Así mismo, señala la norma que
el Superintendente puede revocar la decisión de considerar o no candidatos o listas,
lo cual obviamente deberá hacer examinado si estos cumplen con los requisitos
ya referidos. En conclusión, como respuesta a su interrogante le informamos que
esta Superintendencia no ordenará no considerar una lista si ésta cumple con los
requisitos ya señalados. En
relación con la posibilidad planteada del rechazo de una solicitud de afiliación
a un comerciante por el simple hecho de no apoyar determinada lista, recordamos
que, como ya lo informamos en nuestro concepto dirigido a ADEC 01001478 de febrero
21 de 2001, los únicos requisitos que pueden exigir las cámaras a los comerciantes
que quieran afiliarse a ella son los establecidos en el artículo 92 del código
de comercio y por lo tanto, no pueden establecer requisitos diferentes. Adicionalmente,
debe tenerse en cuenta que la elección de los miembros de las juntas directivas
de las cámaras de comercio debe realizarse libre y democráticamente. Finalmente,
en relación con la designación de los miembros gubernamentales de las juntas directivas
de las cámaras de comercio, nos permitimos informarle que de conformidad con el
artículo 80 del código de comercio y 10 del decreto 1520 de 1978, esta corresponde
al Gobierno Nacional, el cual para este caso es el Ministerio de Desarrollo Económico,
razón por la cual no compete a la Superintendencia de Industria y Comercio pronunciarse
en relación a este punto. 3.2.
Destinación de los ingresos públicos Tal
y como lo ha señalado la Corte Constitucional, el registro mercantil implica
la prestación de un servicio público y su financiamiento debe asegurarse mediante
el ingreso que en forma de tasa perciben por su prestación. En conclusión, los
ingresos percibidos por las cámaras de comercio por concepto del registro mercantil
y demás funciones públicas que legalmente les han sido atribuidas no tienen como
destino el acrecimiento del patrimonio de estas entidades, sino que deben asegurar
la adecuada prestación de estos servicios públicos. [17] En
relación con este punto vale recordar que tal y como ya lo hemos informado, de
conformidad con los artículos 88 del código de comercio y 28 del decreto 1520
de 1978, la Contraloría General de la República es la entidad encargada de ejercer
el control y vigilancia del recaudo, manejo e inversión de los ingresos públicos
de las cámaras de comercio. Lo anterior sin perjuicio de la vigilancia contable
que ejerce sobre las cámaras de comercio la Superintendencia de Industria y Comercio
en virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 13 del decreto 2153 de
1992. 3.3.
Destinación de los recursos privados Según
lo hemos aclarado en diferentes oportunidades, las cámaras de comercio son entidades
de naturaleza privada, de orden legal, razón por la cual únicamente pueden desarrollar
las funciones que la ley les atribuye (código de comercio, artículo 86, decreto
1520 de 1978, artículo 7). Por lo anterior concluimos que aunque los recursos
de naturaleza privada pueden ser manejados a criterio de cada cámara puesto que
sobre estos el Estado no ejercer control y vigilancia, los mismos no pueden ser
destinados al desarrollo de actividades diferentes a las que por ley le están
permitidas a las cámaras de comercio.
3.3. Inversión
del superávit En
relación con la destinación que deben darle las cámaras de comercio al excedente
o superávit que eventualmente puedan obtener, nos permitimos informarles que actualmente
no existe instrucción al respecto, pero debe tenerse en cuenta lo ya dicho en
cuanto a la destinación de los ingresos públicos y a la imposibilidad de las cámara
para invertir sus recursos en actividades que no impliquen el cumplimiento de
las funciones que legalmente les han sido atribuidas.
4. Inscripción
de la disolución de sociedades En
relación con sus preguntas relacionadas con la la disolución de sociedades aclaramos
que en esta materia la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio
se limita al control y vigilancia sobre su registro en los libros correspondientes
y a conceptuar sobre este punto, pero no puede pronunciarse sobre las causales
de disolución de las sociedades, el trámite o los impuestos que se causan por
este hecho. En
este orden de ideas, nos permitimos informarle que el artículo 216 del código
de comercio establece las causales generales de disolución de las sociedades,
en relación con las cuales como ya se dijo, esta Superintendencia no tiene facultad
para pronunciarse. En los artículos siguientes, el mismo código establece los
casos en que la disolución debe inscribirse y el documento que debe someterse
a dicha formalidad dependiendo de la causal que haya generado dicha disolución.
Así, por ejemplo, tratándose de la disolución proveniente de la decisión de los
socios, el artículo 219 remite a las reglas que el mismo ha señalado en relación
con las reformas al contrato social, de manera que en este caso debe registrarse
la escritura pública correspondiente. Igualmente, señala este artículo que si
la disolución es ordenada por la autoridad competente, debe registrarse copia
de la providencia que así lo haya ordenado. De
acuerdo con lo anterior, el numeral 1.1.1 del título VIII de la circular única
10 de 2001, establece que en el libro IX del registro mercantil se deben inscribir,
entre otros actos y documentos, la escritura de constitución, reforma y disolución
de las sociedades comerciales, así como las providencias referentes a estos actos
de manera tal que, la única función de las cámaras en relación con la disolución
es el registro ya sea de la escritura o de la providencia y no son competentes
para pronunciarse respecto a si determinadas situaciones dan lugar a la disolución
de la sociedad. Sin
perjuicio de lo anterior, con respecto a la disolución de las sociedades ustedes
podrán solicitar mayor información a la Superintendencia de Sociedades en cuanto
a las causales y trámite o a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales
en lo referente a los impuestos que se causan por este concepto. En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de internet www.sic.gov.co Atentamente, MARIANA
CALDERON MEDINA
Jefe
Asesora de la Oficina Jurídica (e)
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